Sociedad de Física Médica denunció en el Parlamento “bloqueo de los sistemas” de radioterapia

Una delegación de la Sociedad Uruguaya de Física Médica asistió al Parlamento la semana pasada para denunciar que el sistema de radioterapia nacional se encuentra en una situación de “bloqueo”, producto de una normativa aprobada en diciembre de 2023 por el actual gobierno, y que implica mayores exigencias para los centros y clínicas que utilizan aceleradores lineales en la atención de pacientes con cáncer.

La advertencia fue dada el martes pasado por el presidente de esta asociación, Álvaro Luongo -quien fue director del Instituto Nacional del Cáncer y presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (INCA) en el último gobierno del Frente Amplio-, ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados.

El motivo de este “bloqueo”, dijo Luongo, es que la nueva norma -identificada como la UY 123- elevó los estándares académicos que se exigen a los físicos que operan los equipos a la hora de obtener la habilitación para hacerlo en Uruguay, lo que a su entender hace que hoy en día escasee el personal autorizado para atender pacientes. Entre otros argumentos, Luongo se refirió a una carta del decanato de la Facultad de Medicina de meses atrás, que al referirse a esta norma advertía por la pérdida de “autorizaciones individuales de profesionales que hoy en día están ejerciendo su profesión en centros asistenciales de radioterapia”, y que leyó ante los legisladores.

“Esto me parece de una gravedad enorme. ¿Por qué? Porque, como lo dice el decano, esto va a terminar en un bloqueo de los sistemas, y el bloque ya se está viendo”, advirtió el especialista y agregó: “¿Por qué se está viendo? Porque hay equipos que no tienen los técnicos para poder operarse de acuerdo a la norma”.

Por lo que, de acuerdo al exjerarca del gobierno anterior, la nueva normativa genera “complicación de los servicios de salud y, sobre todo, para los pacientes de cáncer”, aseguró, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El diagnóstico de Luongo, no obstante, no es compartido por las autoridades actuales del Ministerio de Industria, indicaron a El País fuentes oficiales, que se remitieron a la renovación de los equipos tanto en el sector público -donde había un problema que se arrastraba desde hacía varios años-, algo que se dio en el INCA y los hospitales Pereira Rossell y de Tacuarembó, como en el sector privado. “La situación denunciada no ha ocurrido; no vemos un bloqueo en la atención”, agregaron por su parte fuentes de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

La renovación de la tecnología en varios centros se dio en el contexto de una política que fue aplicada en esta gestión -que se refleja en la actual normativa-, que incluyó también una solicitud en 2021 a la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) para que enviara una misión internacional que hiciera una evaluación integral sobre el tratamiento del cáncer, cuyas conclusiones fueron difundidas por El País meses atrás. Uruguay, señalaron los expertos de la misión imPACT, “carece de unos servicios de radioterapia adecuados”. En parte porque, para ese momento, “el número actual de radioterapeutas profesionales” no era el suficiente “para atender el volumen de pacientes que precisan tratamiento”, y porque entendían “fundamental promover las inversiones tecnológicas en radioterapia”, como luego se concretó.

Foto: Leonardo Mainé

La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg anunció en la misma sesión de esta comisión, tras escuchar las exposiciones de la delegación médica, que ya cursó un pedido de informes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el que preguntó específicamente sobre “el funcionamiento” de los aceleradores lineales, que son los equipos dedicados a irradiar pacientes con tumores cancerígenos. Y además, dijo la legisladora, porque a priori comparte otra de las críticas que hizo la Sociedad Uruguaya de Física Médica a la nueva normativa: la exigencia de determinada cantidad de horas que deben dedicarse al tratamiento de los pacientes, mientras ellos aducen que los tratamientos se pueden hacer en menor cantidad de tiempo.

De hecho, el doctor Gustavo Píriz -otro físico médico que acompañó a Luongo en esta comparecencia- dijo que el nuevo marco temporal determinado para la atención de los pacientes -de dos y siete horas, dependiente de la técnica a aplicar- establece “un tiempo que no es real”, ya que a su entender se necesita “mucho” menos, y advirtió: “Esto lo que hace es que nosotros no podamos cubrir a todos los pacientes. Ese es uno de los problemas”.

Pero de todos modos, al ser consultado por el diputado nacionalista Milton Corbo acerca de si estos inconvenientes redundan en que actualmente no se satisface “en tiempo y forma” la demanda de pacientes, Luongo respondió: “Si me preguntan hoy, yo diría que sí hay listas de espera, pero no son muy enormes. El Uruguay puede tener el orgullo de decirlo. En cuanto a los aceleradores, tenemos casi el número ideal en el mundo. Cada trescientos mil habitantes, hay un acelerador. O sea que no estamos mal”. Y negó que Uruguay sea en esta materia “el peor de la clase, con denuncia a la prensa y demás”.