CONSECUENCIAS DEL VIRUS

Desde que empezó la pandemia se postergaron entre 30.000 y 40.000 cirugías coordinadas, de acuerdo a los datos del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). Ya en marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, se registró un retraso de entre 5.000 y 6.000 operaciones. Daniel Montano, dirigente del sindicato, explicó a El País que por mes en Uruguay se practican unas 15.000 cirugías, de las cuales alrededor de la mitad son urgencias.

Del total de operaciones postergadas, más de 5.000 pertenecen a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aseguraron a El País fuentes del organismo. Entre las intervenciones más frecuentes se encuentran en primer lugar las cirugías oftalmológicas, como ser las de cataratas, y le siguen las de hernia y vesícula.

Mientras tanto, en la Junta Nacional de Salud (Junasa) del MSP advierten que las cifras que tienen son “distintas”. Su presidente, Luis González Machado, señaló a El País que lo que más preocupa no es la cantidad de cirugías sino la “priorización asistencial”.

En este sentido, señaló que “el número puede expresar algún desfasaje de algún tipo pero no la realidad sanitaria que está absolutamente controlada”.

Fuentes de la salud explicaron que las diferencias en las cifras pueden deberse a un subregistro en los datos que las mutualistas y hospitales públicos envían a la Junasa, que es el órgano encargado de controlar a los prestadores.

Pero la pandemia del coronavirus no solo posterga a las cirugías de coordinación (las de urgencia y oncológicas siempre se realizaron), también afecta los estudios y exámenes de los pacientes.

Casi tres de cada cuatro (72%) de quienes tenían previsto hacerse una ecografía, una tomografía, una radiografía, un papanicolau, una mamografía, así como recurrir a fisioterapia, colocarse un DIU o someterse justamente a una cirugía programada durante los cuatro primeros meses de la pandemia, no pudieron realizarlo. Así lo revela la Encuesta sobre salud y acceso a cuidados médicos durante la pandemia (ESAC), una investigación a cargo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

En los cinco meses que van desde marzo, cuando se quintuplicaron las llamadas a las emergencias móviles, hasta fines de julio con las escuelas y shoppings ya abiertos, solo el 10,7% de los encuestados recibió todos los tratamientos y estudios en tiempo y forma. En tanto, hubo un 17% que accedió a “algunas prestaciones”.

La realización de estos análisis en tiempo y forma, descubrió la encuesta del Departamento de Economía, estuvo signada por el tipo de cobertura. En aquellos que son usuarios del prestador público, solo el 5,9% se realizó todos los estudios previstos. En las mutualistas privadas (englobadas en su sigla IAMC), lo hizo el 13,9%. Y en los seguros privados, que brindan atención a cambio de primas, este número es del 29,7%.

Cuatro de cada 10 encuestados por el Departamento de Economía declararon haber estado “bastante” o “muy preocupados” al inicio de la pandemia. Cuatro meses después, los “temerosos” habían caído a tres de cada 10. Pero no fue el miedo a infectarse de COVID-19 lo que hizo suspender las consultas médicas presenciales. “Mi centro de salud no me dio otra opción”, fue la respuesta que dio la mitad de quienes no accedieron a la consulta.