Médicos en el limbo: un problema de todo Uruguay con mayor concentración en Montevideo

La Federación Médica del Interior reclama una solución urgente que brinde garantías a estos médicos, asegure la continuidad asistencial y mantenga las exigencias necesarias para la obtención del título de especialista.

FEMI ya expresó en reiteradas oportunidades su “profunda preocupación” ante la situación que atraviesa el sistema de salud en relación con los médicos que, sin contar aún con el título de especialista, vienen desempeñando determinadas funciones asistenciales de especialidad.

Uruguay llegó a esta situación por necesidad: ante la escasez de especialistas y la necesidad de atender la demanda asistencial. Esta realidad llevó, desde hace décadas, a que médicos que se encontraban cursando etapas avanzadas de su especialización y contaban con el aval de las cátedras desempeñaran funciones asistenciales especializadas sin haber culminado el proceso para la obtención y registro de su título.

“Es importante dejar claro que el título de especialista no es una formalidad administrativa. Es una garantía académica y profesional que debe preservarse. Pero tampoco podemos desconocer que el sistema de salud funciona hoy con médicos que se encuentran en distintas etapas avanzadas de formación. Tenemos la obligación de ordenar ambas realidades”, explica el doctor Gustavo Alonso, presidente de FEMI.

Tan real y normalizada está esta situación que incluso la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lleva adelante llamados para cargos de especialista —en áreas donde existen faltantes— e incluye en sus bases la posibilidad de que estudiantes avanzados de posgrado se presenten.

Ante este escenario, la Federación Médica del Interior hace foco en proponer soluciones para un problema estructural del sistema de salud que requiere medidas institucionales y de gobierno urgentes.

“No se trata de mirar para el costado ni de convalidar la informalidad. Se trata de asumir la realidad con responsabilidad. Tenemos que proteger a los pacientes y a los colegas al mismo tiempo, y evitar que la ausencia de una solución institucional a un problema acumulado durante años termine generando una afectación asistencial que impacte directamente en los usuarios”, agrega Alonso.

La realidad sanitaria nacional determina que numerosos servicios de urgencia, policlínicas, blocks quirúrgicos y áreas de cuidados críticos dependan diariamente del trabajo de médicos que cursan etapas avanzadas de su formación especializada.

“No podemos generalizar. Estos profesionales no actúan de forma improvisada: cuentan con años de formación de grado, aprobaron exigentes concursos de ingreso a los posgrados y desempeñan sus tareas en el marco de su formación de posgrado”, puntualiza el presidente de la Federación.

Los datos actualmente en revisión por parte del MSP y la Facultad de Medicina, y analizados por la gremial médica, son elocuentes. De acuerdo con los registros vinculados al ejercicio de especialidades médicas, sobre un total de 12.362 registros analizados, en 4.169 —aproximadamente el 34%— no figura registrado el correspondiente título de especialista.

El análisis territorial de esos mismos registros confirma, además, que no se trata de un problema exclusivo del interior del país. La situación se extiende a todo el territorio nacional y presenta una mayor concentración en Montevideo, donde se registra el mayor número de casos en los que no figura el correspondiente título de especialista.

“Este dato no significa que todos esos profesionales se encuentren en idéntica situación académica ni que todos puedan ser considerados posgrados avanzados. Precisamente por eso FEMI propone que sea la Facultad de Medicina quien establezca criterios objetivos para determinar quiénes reúnen esa condición”, aclara Alonso.

“Lo que sí evidencia la magnitud de estos números es que estamos ante un problema estructural del sistema y no frente a situaciones individuales o excepcionales”, agrega.

Por esta razón, una interrupción abrupta de la actividad que actualmente desarrollan estos profesionales tendría consecuencias difíciles de dimensionar sobre la capacidad asistencial del sistema: podría afectar la cobertura de guardias, policlínicas, emergencias, blocks quirúrgicos, internación y áreas críticas en todo el país, comprometiendo la continuidad de servicios esenciales para la población.

El pasado 7 de julio, FEMI presentó formalmente una propuesta al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, lejos de flexibilizar las exigencias académicas u otorgar títulos automáticos, busca conservar el rigor y las garantías que otorga el título de especialista sin comprometer el funcionamiento del sistema.

La propuesta de los médicos del interior establece la creación de un “régimen excepcional y transitorio de regularización”, estructurado sobre tres pilares fundamentales:

Primero: definición académica. Definir quién puede ser considerado posgrado avanzado mediante criterios académicos objetivos establecidos junto a la Facultad de Medicina.

Segundo: marco jurídico transitorio. Generar un marco jurídico excepcional y transitorio que establezca claramente qué funciones pueden desempeñar estos profesionales, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades, otorgando certezas a los médicos, a las instituciones prestadoras —públicas y privadas— y a los propios usuarios.

Tercero: camino obligatorio y con plazo definido. Establecer un proceso obligatorio, con un plazo de dos a tres años, hacia la regularización y titulación, para que los médicos comprendidos en este régimen puedan culminar sus evaluaciones pendientes y registrar sus títulos ante el MSP, bajo un estricto mecanismo de seguimiento y control.

“La propuesta de FEMI no plantea otorgar títulos por vía administrativa, eliminar evaluaciones ni reducir las exigencias académicas”, enfatiza de forma categórica el doctor Gustavo Alonso.

Hasta el momento, el MSP no ha dado respuesta a la propuesta presentada por FEMI. Asimismo, el pasado 28 de agosto, la Federación solicitó formalmente una audiencia de carácter urgente con la ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustemberg, para abordar esta situación al más alto nivel, pero la reunión aún no se ha concretado.

“Al día de hoy, solo hemos recibido un acuse de recibo administrativo, sin una fecha concreta de encuentro”, comenta Alonso. Una situación similar se ha dado con las autoridades de ASSE.

Por otra parte, la resolución de la Facultad de Medicina del pasado 26 de agosto, que prohíbe a las cátedras emitir “notas de aval” individuales y encomienda a las autoridades trabajar en un plan de acción conjunto, refuerza la necesidad de encontrar una solución institucional al problema.

FEMI entiende que la etapa de diagnóstico está agotada. El problema está plenamente identificado, existen propuestas concretas sobre la mesa y la situación de incertidumbre continúa. Corresponde ahora al MSP, como autoridad sanitaria nacional, liderar una respuesta institucional, con participación de ASSE, los prestadores de salud, la Facultad de Medicina y las organizaciones gremiales médicas.

Mientras esa respuesta no llega, ASSE continúa realizando llamados en los que se admite la presentación de posgrados avanzados para cubrir determinadas funciones de especialidad. Para FEMI, esta situación demuestra por sí misma que el problema no puede resolverse simplemente desconociendo la realidad existente.

Históricamente, por acuerdo con el SMU, FEMI participa de forma habitual, a través de sus representantes, en los tribunales de los llamados realizados por ASSE, contribuyendo a las garantías y transparencia de los procesos de selección. Sin embargo, la gremial aclara que dicha participación institucional no implica que FEMI defina las condiciones de los llamados ni supone un aval a la contratación de profesionales para el ejercicio de especialidades sin el correspondiente título.

Precisamente por esa razón, y ante la persistencia de la actual indefinición jurídica, el Plenario de FEMI resolvió mantener su medida de “no participar en aquellos llamados destinados a cubrir funciones de especialista mediante profesionales que no cuentan con el título correspondiente”, hasta tanto exista un marco que otorgue garantías claras a los médicos, las instituciones y los usuarios.

Esta postura inevitablemente resentirá los servicios en el corto plazo si no se adoptan medidas urgentes.
“No estamos pidiendo elegir entre legalidad y asistencia. Uruguay tiene capacidad institucional para garantizar ambas”, sostiene el doctor Gustavo Alonso.

“Estamos ante un escenario complejo que nadie desearía, pero tenemos la oportunidad histórica de ordenarlo. FEMI propone una solución que preserve el valor del título de especialista, proteja a los pacientes, otorgue seguridad jurídica a los médicos y a las instituciones y, al mismo tiempo, garantice la continuidad asistencial.

Para lograrlo necesitamos sentar en una misma mesa al MSP, ASSE, los prestadores privados, la Facultad de Medicina y las organizaciones médicas. El problema existe hoy y requiere una respuesta ahora”, concluyó el presidente de FEMI.