Hay 21.465 personas con diagnóstico de TEA en el Uruguay y uno de cada cuatro cobra pensión por invalidez

Hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y Uruguay llega a esa fecha con datos inéditos que permiten, por primera vez, medir con precisión cuántas personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) reciben protección del sistema de seguridad social.

El Censo 2023 llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyó por primera vez una pregunta específica sobre el diagnóstico de autismo. El resultado oficial reveló que 21.465 personas declararon tener diagnosticado TEA (0,7% de la población total); y en cuánto al género el 68,3% son varones y 31,7% mujeres.

El 60% son menores de 20 años, lo que se vincula con la alta frecuencia de controles pediátricos y con el momento de la vida en el que emergen o se logran apreciar comportamientos que permiten el diagnóstico. El tramo de 5 a 9 años concentra el mayor porcentaje, con el 20,5% del total, seguido por el de 10 a 14 años, con el 18,4%, y el de 15 a 19, con el 12,9%.

A nivel territorial, la prevalencia del TEA es relativamente uniforme en todo el país, aunque Salto (1,0%), Rivera (0,9%), Artigas y Paysandú (ambos con 0,8%) registran porcentajes ligeramente superiores al promedio nacional. Montevideo, con 7.967 personas diagnosticadas, tiene al 37,1% de los casos del país.

Un informe publicado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, bajo la firma de los investigadores Félix Bellomo y Teresa Álvarez Brero, cruzó esta información con el universo de pensiones por invalidez otorgadas por la institución.

La investigación permite verificar en la última década un importante y constante crecimiento de las altas anuales de pensiones por invalidez ante el diagnóstico de austismo. En 2014 se otorgaron 230 y en 2024 se triplicaron llegando a 689, que es el máximo histórico de la serie.

Los autores hacen una precisión al interpretar este aumento. Advierten que el incremento en las pensiones no refleja necesariamente un aumento equivalente en la prevalencia del trastorno en la población, sino que responde a múltiples factores: una mayor detección temprana, un acceso más extendido a la prestación y cambios en los procesos administrativos y normativos vigentes.

Al día de hoy 6.086 prestaciones vigentes, es decir que la cobertura alcanza a un 24,5% del universo total de personas con TEA en Uruguay.

Al observar el acumulado histórico en el pago de las pensiones, conocido como stock, el crecimiento entre 2017 y 2024 asciende a 157,6%, con un promedio en el período de 530 pensiones nuevas al año. A nivel departamental muestran la mayor variación porcentual Río Negro (425%), Flores (333,3%), Cerro Largo (323,3%), Paysandú (318,8%) y Lavalleja (314,3%).

El análisis de las altas por tramo de edad a lo largo de la década muestra que el mayor crecimiento se produjo en los menores de 5 años, seguido por el tramo de 6 a 10 años y, más recientemente a partir de 2022, por el de 11 a 19 años.

En 2014 las altas en el tramo de 0 a 5 años fueron 115; en 2024 llegaron a 493, un crecimiento del 328,7% en diez años.

Para el tramo de 6 a 10 años el salto fue de 87 altas en 2014 a 249 en 2024, un incremento del 186,2%.

Al cruzar los datos del censo con los registros administrativos para el año 2023, surge que el 37,2% de las personas con TEA de hasta 19 años contaba con pensión por invalidez, frente al 10,0% en el tramo de 20 a 39 años y a un marginal 0,2% en las personas de 40 años o más.

Esta diferencia revela que hay una generación entera de adultos y adultos mayores con diagnóstico de TEA que, ya sea porque nunca fue diagnosticada formalmente en su momento o porque el sistema no contemplaba estas situaciones con la misma profundidad de hoy, quedó prácticamente fuera de la red de protección social.

Los autores del trabajo citan un informe de la Asociación Internacional de Seguridad Social que destaca las aptitudes específicas de las personas con TEA y propone estrategias concretas para ampliar sus oportunidades de empleo: procesos de selección adaptados a sus formas de pensar y expresarse, flexibilidad horaria, posibilidad de teletrabajo, adecuación de entornos físicos y la figura de mentores especializados en inserción e integración laboral. El informe propone trabajar en herramientas concretas más allá de la pensión por invalidez, para garantizar ingresos y protección social a las personas con TEA.