Todos coinciden en un mismo objetivo que es garantizar que todas las personas transcurran el final de sus vidas en paz y sin dolor. La diferencia, que no es menor en estas horas, es cuál debe ser el camino para lograrlo. Así resumió en el Parlamento la ministra de Salud Pública, Karina Rando, las visiones encontradas que genera en el sistema político la posibilidad de regular la eutanasia, una iniciativa que en esa cartera genera un claro rechazo.

Rando expuso ante la Comisión de Salud Pública un informe que rebate punto por punto la iniciativa legal, que se encuentra hace meses empantanada por diferencias internas del oficialismo.

Tras una serie de objeciones técnicas, Rando puso el foco en la principal causa de muerte violenta en Uruguay, que son los suicidios y cuya tasa, apuntó, es más alta entre las personas mayores. En ese grupo etario, además, se presentan graves problemas de salud mental. “Ninguna norma puede dar recaudos o garantías para evitar factores que puedan interferir con la libre elección de la persona”, dijo la ministra. “Muchos de los pacientes ancianos tienen índices muy altos de depresión. Y la depresión va de la mano con una baja tolerancia al dolor y a las frustraciones”, agregó la jerarca. En su opinión, sin un tratamiento psiquiátrico previo adecuado, se está “condenado a una persona ofreciéndole una salida irreversible”.

La mención a la tercera edad fue recurrente en la exposición de Rando. “De alguna manera, esta ley estaría habilitando o validando esa concepción de que la vida tiene menos valor si la persona tiene más años o menos capacidad de funcionamiento”, dijo y agregó: “Su naturalización puede llevar a que algunas personas se sientan una carga para sus familias y decidan, de alguna manera inconsciente pero conscientemente presionadas, quitarse la vida”.

La ministra de Salud explicó que su postura contraria a la eutanasia se basa en que hoy existen otras herramientas para garantizar un final de vida digno. Por ejemplo, a través de los cuidados paliativos. “Cuando la gente se asiste correctamente con cuidados paliativos, el 95% desiste de quitarse la vida”, explicó. Una herramienta que, admitió, no llega a toda la gente que debería llegar.

“Hay que cambiar la mentalidad de quienes están dirigiendo los servicios de salud”, señaló. Allí apuntó a una mutualista -a la que no identificó- que no permitía a los pacientes acceder a estos cuidados mientras recibiera, por ejemplo, quimioterapia. “No hay una concepción de que los cuidados paliativos acompañan desde la última etapa”, sostuvo la ministra que pidió “cambiar esa idiosincrasia, que es lo más difícil y lleva más tiempo”.

Ante la comisión, Salud Pública apuntó que en Uruguay no existe una cátedra específica de Cuidados Paliativos en Medicina. Solo hay algunos cursos de posgrado, con cupos. Lo mismo sucede en Enfermería, en donde recién este año fueron incluidos en la currícula de estudios.

Luego de su exposición, la ministra debió responder preguntas del senador blanco Armando Castaingdebat. “¿Hoy podemos asegurar que, si esta ley se sanciona, hay gente a la que no tendríamos posibilidad de ofrecerle cuidados paliativos, pero sí una ley de eutanasia?”, consultó.

La respuesta de la secretaria de Estado fue sencilla y concreta: “Es así”.