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Definen que cobrarán exempleados de Casa de Galicia: proyectos de Botana y FA son cinco veces más caros que el del MEF

El cierre de la mutualista dejó un tendal de afectados y buscan solucionar la situación. El gobierno propone dar US$ 8 millones, con un máximo de 175 mil por persona.

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Sanatorio Casa de Galicia
Sanatorio Casa de Galicia,
Foto: Estefania Leal

Redacción El País
Tres votos de diferencia. Eso es lo que separa en el Senado el destino de los tres proyectos de ley que proponen contemplar, a cargo del Estado, los créditos laborales que se le deben a los extrabajadores de Casa de Galicia. Una definición para la que habrá apenas 14 días, si se toma en cuenta la tesis de que, al representar un incremento de gasto, debe resolverse como máximo un año antes de las próximas elecciones nacionales. El desafío es mayor para la coalición, obligada en cierta manera a optar por seguir la iniciativa presentada por el gobierno, que supone cubrir apenas una pequeña parte de lo reclamado.

El plan del Ejecutivo prevé una transferencia de US$ 8 millones de las arcas estatales para saldar lo que se le debe a 1.979 personas a través de un “fondo de insolvencia” por despidos, licencias, salarios vacaciones y demás créditos no cancelados. Esto implicaría un pago máximo de $ 175 mil por trabajador, que deberían renunciar a cualquier otro tipo de demanda. Pero el fondo previsto por el gobierno supone apenas la quinta parte de lo que los exempleados de Casa de Galicia reclaman. “No sé si esto es una tomadura de pelo o algo que se les ocurrió ahora para callarnos”, dijo este jueves ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado Verónica Puche, de parte de los exfuncionarios.

Los dos ministerios, Salud y Economía, irán la semana que viene el Parlamento a defender su propuesta. Sobre todo la certera dirigida por Azucena Arbeleche que, según fuentes oficiales, fue la que fijó los montos de lo que se denominó un “apoyo” a los exfuncionarios para que, al menos, cobraran parte de lo que se les debe.

La idea del gobierno no colma las expectativas de los trabajadores. Sí lo hacen otros dos proyectos que, con el voto asegurado de 14 senadores, fueron presentados la semana pasada con pocos días de diferencia y que van casi en la misma línea. Fue así por una suerte de “telepatía”, según bromeo el senador nacionalista.

Ambos coinciden en proponer el pago de todos los créditos laborales reclamados y certificados.

En su proyecto, la izquierda parte de la base de que el cobro de estos créditos “es un derecho inherente a la persona humana”, y que su iniciativa busca, justamente, garantizar esos derechos.

En cualquiera de los dos casos, supondría una erogación de US$ 42 millones.

“No se puede dejar a los trabajadores desempleados y tirados”, señaló Botana, que plantea que todos los créditos deban estar saldados en un plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia de la ley.

Ante las tres alternativas, los exfuncionarios no tienen dudas. “Esperamos que ustedes decidan y voten por nosotros”, pidieron a los senadores, en referencia a los proyectos de Botana y del Frente Amplio. Médicos y funcionarios habían quedado con la idea de que, cada uno iría a cobrar hasta $ 600 mil, dado que cuando se firmaron los acuerdos transaccionales el gobierno les dijo que en el Fondo de Garantía del Banco de Previsión Social (BPS) había unos US$ 19 millones, pero luego se aclaró que los recursos con los que contaba ese fondo resultaban insuficientes.

Hasta el momento, los exempleados solo han cobrado el 13% de los créditos laborales pendientes. Fue principalmente a partir de los resultados de la liquidación judicial de la histórica mutualista y la recuperación de dinero de prestamistas.

Botana y el Frente Amplio coincidieron en otro aspecto: plantear que todos los extrabajadores que aún estén desempleados sean contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El Frente Amplio propone que el organismo estatal los absorba en un plazo máximo de 60 días a partir de la aprobación de la ley hasta que -como estaba previsto en el cierre de Casa de Galicia -puedan ser tomados por alguna de las instituciones que recibieron socios del quebrado prestador. Deberá ser, se indica, respetando la categoría y las condiciones laborales que tenían hasta ese momento. Por su parte, las mutualistas que tomaron a exfuncionarios de Casa de Galicia deberán mantenerlos en su plantilla al menos por dos años. Los eventuales incumplimientos, mientras duren, podrán ser sancionados con la retención del 50% de las cápitas que estos prestadores reciben por los socios de Casa de Galicia redistribuidos. Lo mismo plantea el proyecto de Botana, que coincide además en los plazos previstos para el cumplimiento de la normativa tanto por parte de ASSE como de los prestadores privados.

Según las cifras aportadas por los trabajadores, todavía están sin empleo 495 funcionarios. El 41% de la plantilla total de la cerrada mutualista. La mayoría con más de diez años en Casa de Galicia. Con respecto al personal técnico, los últimos números del Sindicado Médico indican que, de 719 profesionales que había en la institución, 247 fueron reabsorbidos en otra mutualista.

Otro de los reclamos de los extrabajadores es poder estar amparados por el seguro de desempleo en forma especial, que venció en abril de este año, hasta que puedan conseguir trabajo.

Una sentencia del juzgado de Concursos de 1er Turno había decretado a mediados de 2021 la liquidación ante su inlevantable situación económica. La mutualista había sido previamente intervenida por el Ministerio de Salud Pública, y cerró sus puertas el 31 de marzo de 2022.

Sus exempleados, que no consiguieron trabajo desde entonces, aseguran haber sufrido el impacto de esta situación. Desde la falta de dinero para pagar cuentas, o tener que enfrentar desalojos por no poder pagar el alquiler, hasta consecuencias mucho más graves. A principios de setiembre, en el Parlamento, afirmaron que desde el cierre de la institución ocho compañeros se suicidaron.

El senador nacionalista Sergio Botana confirmó este miércoles que también votará el proyecto de ley sobre Casa de Galicia. El legislador revindica haber sido el autor de la iniciativa, al recordar que había presentado un proyecto similar (https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/definen-que-cobraran-exempleados-de-casa-de-galicia-proyectos-de-botana-y-fa-son-cinco-veces-mas-caros-que-el-del-mef) poco antes que lo hiciera el FA. Botana volvió a hacer referencia a la curiosa "telepatía" con la izquierda para presentar proyectos casi iguales

Además

Diferencias por cuánto es lo que debe ASSE

Ante el Parlamento médicos y funcionarios recordaron que el concurso de acreedores y la sindicatura todavía intentan cobrar las deudas que ASSE había generado con Casa de Galicia, por servicios prestados y que no cobraron tras el cierre de la mutualista. Según los trabajadores, llega a casi $ 87 millones. Es por facturas emitidas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Un dinero que, señalan, podría incrementar lo que cada uno podría cobrar por despido. La sindicatura había intimado en agosto a la entidad de salud pública a cancelar unos $ 45 millones que tenía registrados y comprobados por financiamiento de servicios. ASSE, en tanto, solo dijo reconocer una deuda de $ 28 millones por esas facturas, emitidas entre noviembre y diciembre de 2021.

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