Redacción El País
Al momento de su cierre en abril de 2022, Casa de Galicia utilizaba un software de la década de 1990 para gestionar sus estados contables. Muchos certificados, además, seguían siendo elaborados a mano. Al cesar sus actividades, la institución pasó de forma automática al Banco de Previsión Social (BPS) aguinaldos y salarios vacacionales que nunca pagó. Cuando este año los trabajadores presentaron sus declaraciones juradas, además de inconsistencias, se encontraron con que debían tributar un monto de IRPF por algo que nunca habían cobrado.

La situación le fue comunicada a la sindicatura a cargo de la liquidación de la empresa, que a su vez pidió al BPS hacer la corrección correspondiente en las historias laborales. El banco respondió que no podía y que, dado que la empresa está cerrada, no hay certificados para hacerlo ni mecanismo previsto.

Se avisó además a la Dirección General Impositiva (DGI), que en mayo de este año abrió un expediente que aún no ha tenido resolución. Debido a eso, los trabajadores “tuvieron que pagar la primera cuota de una plata que no tienen”. Así se lo dijo a El País Ximena Carrera, una de las referentes de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, en relación al “nuevo problema” planteado para los exempleados de la institución y que, además, tiene la particularidad de haberse generado después de la intervención que derivó en el cierre de la mutualista.

Esta situación estuvo planteada en la reunión que este martes los extrabajadores mantuvieron con la bancada de senadores del Frente Amplio, a los que se acercaron en procura de ayuda en torno al proyecto de ley, que aún no ha ingresado al Parlamento, en donde el Poder Ejecutivo dispone de US$ 8 millones que saldrán de Rentas Generales para cancelar sus créditos laborales.

Tal como informó El País este lunes, la propuesta oficial quedó muy lejos de los US$ 42 millones que médicos y funcionarios, basados en los registros de la institución, dicen que les corresponden. La oposición política apoya plenamente el planteo y la diputada Lucía Etcheverry adelantó a El País que el FA rechazará de plano el proyecto del Poder Ejecutivo y propondrá una fórmula alternativa.

En líneas generales, esta implica el pago de los créditos preconcursales a partir del fondo de garantía que se había creado en el BPS. El nuevo proyecto debería asumir los créditos posconcursales según el tope que había sido previsto al crearse en ese mismo fondo, que resultó ser insuficiente para cubrir las deudas. Las diferencias son notorias: de un máximo de $ 173 mil como prevé ahora el gobierno, cada extrabajador de Casa de Galicia podría cobrar hasta $ 600 mil.