"Un presidente con superpoderes”: oposición critica propuesta de descentralización del INR pero abre negociación

De a una, las distintas delegaciones del Poder Ejecutivo asisten a la Cámara de Representantes para dar su parecer o defender el presupuesto asignado en la Rendición de Cuentas. Ayer fue el turno del Ministerio del Interior, cuyas autoridades enfrentaron una oleada de críticas de la oposición —que puso en duda si van a votar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)— y defendieron los cambios que piden, como un aumento de la cantidad de policías y del dinero previsto para tecnología con el objetivo de combatir la inseguridad.

La propuesta del Ministerio del Interior es la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado. Una idea de la que se habla desde hace varios meses pero que recién fue planteada en esta Rendición de Cuentas. De aprobarse, se retiraría al sistema penitenciario de la dependencia directa de la cartera de seguridad. A priori, hay cierto consenso de que se podría ir por este camino en la oposición, pero el foco de la discusión está en el cómo se implementa.

La propuesta del Poder Ejecutivo es que la presidencia del INR tenga varias potestades como órgano específico, como designar y destituir a los funcionarios de particular confianza. Porque entiende que la norma —el artículo 60 de la Constitución— no establece que sí o sí lo tenga que hacer el directorio, interpretación con la que no estuvieron de acuerdo en la oposición.

“No quiero ser ave de mal agüero”, advirtió el diputado blanco Pablo Abdala, aunque hizo hincapié en que, “más allá de la urgencia” que todos reconocen existe para “avanzar” hacia “la descentralización”, ve “imposible que se vote” la propuesta que llegó desde el Poder Ejecutivo. El legislador opinó que hay “visos de inconstitucionalidad” por cómo está previsto que se estructuren las jerarquías dentro del organismo, en lo que refiere a la presidencia y el directorio.

La legislación —sentenció en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja— “no prevé un híbrido" en las autoridades de los entes y servicios descentralizados, como plantea el Poder Ejecutivo, con un "directorio y, al mismo tiempo, un presidente con superpoderes”. Aseguró, entonces, que "muchas veces el presidente es como un 'presidente gerente', pero es un miembro más del directorio a la hora de tomar las decisiones”.

No obstante, dejó la puerta abierta a que, mediante una negociación, se pueda “corregir” esta parte de la Rendición de Cuentas porque quieren votar la descentralización del servicio penitenciario.

En filas del Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez planteó dudas similares sobre las facultades que le otorga la Rendición de Cuentas al presidente del instituto. El legislador consideró que "es bastante inusual" que esta persona tenga la posibilidad de establecer subrogaciones y la designar cargos de particular confianza porque eso lo realiza parte del directorio.

En respuesta a los cuestionamientos, el diputado frenteamplista Mariano Tucci aseguró que van a “reflexionar” con el Poder Ejecutivo.

La propuesta del Poder Ejecutivo para descentralizar el INR está vinculada a una mejora del sistema penitenciario. El ministro del Interior, Carlos Negro, recordó en la comisión que hay unas 16.500 personas privadas de libertad en un escenario de “hacinamiento, escasez de infraestructura, complejidad criminal y redes criminales que se retroalimentan desde el interior hacia el exterior del recinto carcelario”.

En paralelo, apuntó Negro, se toman otras medidas para la mejora del sistema como incorporar más policías y realizar la “puesta en marcha” mediante el sistema PPP “de dos centros penales” para reclusos de alto riesgo.

En una línea similar, la directora del INR, Ana Juanche, explicó que la idea de descentralización —y todas las modificaciones que se incluyen en el proyecto de ley— “responde directamente a un clamor de más de cuatro décadas” porque “la evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no solamente no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito y, por supuesto, abatir la reincidencia, sino que incluso operan reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidando la actuación de los grupos criminales”.

Desde el Ministerio del Interior indicaron que tenían 1.261 funcionarios con certificación médica. La directora nacional de bienestar laboral y psicosocial, Tatiana Salerno, explicó que a nivel policial una de las principales patologías es el estrés laboral, para lo que existen —aseguró— distintos dispositivos y sistemas especializados en la atención y prevención.

Al comienzo de su comparecencia, antes de adentrarse en el articulado de la Rendición de Cuentas, el ministro hizo hincapié en que la prioridad es el combate al crimen organizado porque hay un “escenario de expansión de la criminalidad que”, si bien se suele “llamar organizada”, en Uruguay tiene sus particularidades. A nivel local, indicó Negro, está “más bien desorganizada y atomizada en diferentes clanes o grupos que asolan la capital, el área metropolitana y algunos lugares del interior del país, provocando sus secuelas de muertes y heridos”.

Pero, además, señaló como “componente indispensable” para los criminales la “disponibilidad de las armas de fuego” que tienen en Uruguay. Es “muy llamativo” para el ministro el “mercado negro” de armas a nivel local, que “está en los primeros niveles de la región y del mundo”. Si a esto se le suma “la modificación de las armas semiautomáticas en automáticas”, se tiene “como resultado la cantidad de homicidios que se cometen con pluralidad de víctimas”, añadió.