DECISIÓN

El Tribunal de Cuentas observó el contrato del penalista Gustavo Bordes -que presentó la denuncia por el Antel Arena- por “principio de ejecución”. La decisión se adoptó el 27 de octubre por votación dividida de los ministros y salió aprobada por cuatro votos contra tres.

El plazo del contrato de arrendamiento de obra, para efectuar la demanda y hacer un seguimiento de la misma, suponía el pago de $ 816.000 más IVA. Esto excede el monto de compra directa por excepción contenida en el artículo 38 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

En su resolución, el TCR entiende que si bien por el monto se excede lo establecido en el Tocaf hay “notoria competencia” en la materia. La observación se hace por contravenir lo dispuesto por el literal B del artículo 211 de la Constitución, que establece el “principio de ejecución”, el cual implica que se empezó a cumplir con el contrato antes de que se expidiera el tribunal.

Fuentes del TCR dijeron a El País que esto no fue entendido de esta forma por Jurídica del organismo, que en su informe no objetó contratación, y los ministros Francisco Gallinal, Álvaro Ezcurra y Darwin Machado, ya que todos votaron en contra de la observación dado que aún no se le había pagado al penalista y el contrato estaba sin firmar. Antel ya reiteró el gasto.