Tras homicidio del niño de 12 años, IMM y Policía revisarán la estrategia para picadas y profundizarán los controles

Tras el asesinato de un niño de 12 años en una picada de Parque Rodó, el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo trabajan en una revisión integral de la estrategia para combatirlas, señalaron fuentes de la comuna a El País.

La cartera y la intendencia mantuvieron una reunión este martes en la que evaluaron los controles actuales y la operativa en torno a estas competencias ilegales.

En paralelo a la revisión de la estrategia, se definirá un paquete de acciones complementarias para aplicar a corto plazo.

Mientras tanto, desde la comuna indicaron que se profundizarán los controles disuasorios junto a la Policía.

Ambas instituciones, junto al Ministerio de Defensa, ya habían conformado meses atrás un grupo de "ordenamiento del tránsito". Según datos de la cartera, en lo que va del año se aplicaron más de 8.400 multas y se incautaron 2.824 motos en Montevideo. Por otra parte, la intendencia endureció su normativa.

Ignacio Sánchez

Días atrás, la Junta Departamental aprobó un nuevo decreto para combatir las picadas. El gran cambio que propone es que los vehículos incautados permanecerán 90 días en depósitos de la comuna.

Para retirarlos, además, sus dueños deberán regularizar la situación de sus autos o motos y pagar todo lo que deban al gobierno departamental.

Hoy en día, cuando a alguien se le quita un vehículo por participar en picadas, puede ir a los tres días y, si tiene deudas, realizar un convenio de pago, abonar la primera cuota y llevárselo. Ahora, los convenios no se aceptarán.

El director de Movilidad, Germán Benítez, había explicado a El País que el cambio de la normativa es "una medida para mejorar la eficacia de la fiscalización, para que una vez que sacaste una moto de la calle no aparezca de vuelta a las 72 horas".

Asimismo, el jerarca había destacado que se había mejorado "muchísimo" la coordinación con la Policía.

Lo que dijo Bergara

A propósito del homicidio del niño, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, había señalado que el problema no fue "la picada en sí", sino "un conflicto entre clanes familiares".

Como informó El País, la hipótesis principal es que el niño fue asesinado como represalia por el quíntuple homicidio sucedido semanas atrás en el barrio El Monarca.

Para los investigadores, se trató de una venganza “hijo por hijo”. En aquella instancia, habían matado a tres hijos de un integrante de Los Suárez. Ahora, el niño que murió pertenece a la familia de Los Puglia, aliada con Los Albín, enfrentada históricamente a Los Suárez.

Más allá de que se trató de un nuevo episodio de violencia entre clanes, el caso puso el foco en el escenario en el que sucedió: las picadas.

El intendente reconoció que ese día no se había desplegado un operativo en el Parque Rodó, a pesar de ser uno de los sitios más problemáticos en relación a este problema.

Foto: Ignacio Sánchez

Según fuentes policiales, efectivos llegaron a la picada casi en simultáneo con el inicio de los disparos. La información con la que contaban indicaba que se había convocado una concentración de este tipo en el norte del departamento, en la intersección de Instrucciones y Mendoza.

La Policía concurrió al lugar y los participantes comenzaron a dispersarse; sin embargo, mediante el boca a boca y grupos de WhatsApp, avisaron que continuaban en las canteras del Parque Rodó.

Pasada la una de la madrugada del viernes, ya había más de 200 vehículos allí. Al advertir la magnitud de la concentración, un patrullero pidió refuerzos. La Policía actuó luego de que desde una moto, con una pistola modificada capaz de disparar ráfagas —como una metralleta— le dispararon a varias personas, cobrándose la vida del niño.

Tras estos hechos, la intendencia y la Policía reforzarán sus controles y modificarán la estrategia general.

Foto: Archivo El País

Tras lo sucedido en el Parque Rodó, el senador nacionalista Martín Lema insistió con una propuesta que había hecho como candidato a la intendencia: la creación de una Guardia Departamental.

"No se trata de crear una fuerza policial paralela, sino de disponer de una herramienta específica para prevenir situaciones que alteran la convivencia, fiscalizar el cumplimiento de las normas departamentales, proteger el espacio público y actuar en coordinación con el Ministerio del Interior”, dijo en una exposición presentada en la Cámara de Senadores.