Tras dos renuncias y un monto no acordado con Trabajo, Caja de Profesionales anuló partida para directores

Redacción El País
Luego de una nueva semana inmersa en la polémica, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) dio marcha atrás en su decisiónde la semana pasada de aprobar una partida indemnizatoria por $ 131.520 para los nuevos directores que asumirán a partir del 15 de febrero.

Aunque de antemano se sabía que la decisión sería revocada tras la renuncia de los dos delegados del Poder Ejecutivo —María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué—, lo que no resultaba tan previsible era que la votación fuera unánime, con el respaldo de los siete directores presentes en la sesión de este jueves.

Para derogar la partida estaban asegurados los votos de Daniel Alza, presidente de la institución; Virginia Romero, vicepresidenta; del director Blauco Rodríguez —ausente cuando se aprobó la medida—; y de los dos nuevos delegados en representación del Poder Ejecutivo, Milton Cohen y Rodolfo Ferreira Marinho.

Sin embargo, los que resolvieron cambiar su voto con respecto a una semana atrás fueron el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y Roberto Long, representante de los afiliados pasivos.

Ambos miembros habían defendido su postura en dos documentos, después de que Long lo planteara en la sesión del pasado jueves 8 de enero. En el caso de Rodríguez Sanguinetti, que ocupará la vicepresidencia en el futuro, había argumentado que la partida no “era un salario por el trabajo realizado, sino una compensación por lo que dejaban de percibir en su actividad privada, similar a las que reciben los ediles para el cumplimiento de su función”.

“Representa menos del 50% de lo que destina actualmente en promedio la Caja para cada director. La misma se financia con los ahorros que se propone implementar en el Presupuesto anual 2026 en el próximo directorio, luego del rediseño institucional, por lo que la partida indemnizatoria propuesta no lo incrementa. Es absolutamente legal y no viola la ley. Es además optativa, de percepción voluntaria. Los cargos siguen siendo honorarios, por lo tanto no hay ninguna ilegalidad”, afirmó en un documento que circuló entre los afiliados.

Este jueves, tras votar para la derogación de la partida, Rodríguez Sanguinetti dijo que hubo total acuerdo en la directiva para “por distintas razones” rectificar lo apoyado en primera instancia.

No obstante, según supo El País, si bien no se trató de una sesión particularmente tensa, sí se registraron algunos reclamos y pases de factura entre Rodríguez Sanguinetti y Blauco Rodríguez, a raíz de expresiones públicas realizadas por este último luego de que se aprobara la partida.

En rueda de prensa, Rodríguez (Blauco) reconoció que en algún momento se consideró que se paguen viáticos a los cargos con relación a la función ejercida, pero dijo que “esa discusión se dio en el Parlamento” y se votó que “no”, que fueran honorarios y sin partidas.

“No debería haber interpretaciones políticas”, acotó. Alza, por su parte, afirmó que se logró corregir “una ilegalidad”.

Más allá de la compleja situación económico-financiera que atraviesa la Caja Profesional, que recibe mes a mes fondos provenientes de Renta Generales, la principal crítica por lo aprobado se basó en el artículo 289 de la ley de reforma de la seguridad social, que establece explícitamente que “el desempeño de los cargos de los integrantes del directorio debe ser honorario”.

Jurídica de la institución, que fue consultada antes de votar a favor la partida, advirtió que en caso de hacerlo se estaba incurriendo en una ilegalidad.

Durante el momento de la reconsideración de la votación, a pedido de Rodríguez que no estuvo durante la sesión anterior, unos 40 profesionales universitarios se hicieron presentes frente a la puerta de la institución en protesta por lo aprobado hace una semana.

Luego de que los dos delegados del Poder Ejecutivo votarán a favor de la partida, el gobierno tomó la decisión de pedirles la renuncia por haber acompañado una resolución que violentaba la ley vigente.

Sin embargo, los representantes salientes apuntaron —sin mencionarlo— contra el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, por estar al tanto y compartir conceptualmente la necesidad de la existencia de una compensación de este tipo.

De todas formas, según pudo saber El País, de lo que sí estaba en conocimiento Di Doménico era de la posibilidad de que surgiera alguna partida, pero con el Ministerio de Trabajo no se había consultado el monto a ser designado.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, negó que desde la cartera haya “surgido alguna cifra o monto de viático posible”, aunque recordó que eso estaba presente en el proyecto original de salvataje que envió el Ejecutivo a mediados del año pasado.

Por su parte, en línea con lo expresado por Sanguinetti en su carta de renuncia el otro director removido, Rodríguez Azcué, afirmó en diálogo con Búsqueda que había un compromiso del gobierno para encontrar una solución sobre la compensación, aunque reconoció que no había instrucciones específicas habladas de antemano sobre el importe.

“Como forma de apagar el incendio, lo más fácil es pedirte el cargo. La solución más fácil era, bueno, nos llaman para tener una conversación. Pero no, es mejor hacer rodar cabezas, porque se ve que es eso lo que exige la oposición, o lo que quiere mostrar el gobierno”, dijo el exdirector al semanario.