Tras acusaciones por “boicot” de programa de salud mental, Mides e INJU defendieron “decisión política” de continuarlo

Jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) defendieron la gestión del programa Ni Silencio Ni Tabú, luego de que la oposición acusara un “boicot” al mismo tras conocerse que el programa tuvo un marcado descenso de actividades.

El diputado nacionalista José Luis Satdjian, quien impulsó la convocatoria, dijo la semana pasada en la Comisión Especial de Seguimiento de la Problemática relacionada con la Salud Mental del Parlamento que se dio un “retroceso”: “Lo llamé boicot porque, humildemente, tenían todas las herramientas para continuar trabajando como se venía haciendo y la respuesta que nos envió el Mides el 9 de enero lo confirmó: fue una decisión política”.

Ante esto, Nicolás Lasa, director de Desarrollo Social, argumentó que “se buscó unificar los criterios y el trabajo” en materia de salud mental, tras la aparición de “otros dispositivos” en los últimos años, “vinculados a la atención de personas en situación de calle y uso problemático de drogas”.

“Independientemente de que ahora se vaya a hacer doble clic o zoom a Ni Silencio Ni Tabú, no es la única respuesta, no es el único programa vinculado con salud mental que tiene el ministerio”, aclaró.

En ese sentido, la directora del INJU, Eugenia Godoy, aseguró que se continuó con el programa, por lo que “no es válido hablar de boicot ni de una no continuidad”, ya que “mediante la Ley de Presupuesto se consolidó la permanencia de esta política pública”.

“Con esta prioridad del gobierno en términos de salud mental, es que un programa sin dudas muy valioso, una política como Ni Silencio Ni Tabú que estaba proyectada para dos años, se tomó la decisión política de poder darle continuidad mediante el presupuesto, asegurando su permanencia y, a su vez, con incrementos presupuestales de 10 millones para el año 2026 y de 23 millones para el año 2027”, explicó.

La jerarca destacó los “avances” durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero reconoció “diferencias” que llevaron a “modificaciones”. Por ejemplo, señaló que “siempre existieron problemas de registro” en el Mides “sobre las distintas actividades que se llevan adelante”.

Según Godoy, al comparar los números de alcance de 2024 respecto a 2025, “hay una diferencia, en tanto que el programa también era otra cosa”; más allá, rechazó que implique “la intención de no fortalecer el programa”.

“Esto empieza siendo una campaña para tratar el tema de la salud mental, y luego durante 2025 tuvimos una implementación fuerte en lo que tiene que ver con los centros, con otra dinámica de funcionamiento del programa. (...) Sin dudas, hubo un cambio de enfoque y compartimos la preocupación de trabajar este tema en el interior del país. Sabemos que hubo una disminución con respecto a esto. Nos estamos haciendo cargo, y por eso estamos llamando a más talleristas para que esto se pueda desarrollar dentro de todo el territorio”, manifestó.

A pesar de la explicación de los jerarcas, Satdjian afirmó que confirma “el retroceso y el boicot”: “Estaba funcionando; si algo que está funcionando no se mantiene y no se amplía, se boicotea. No pueden decirnos que ahora se enfoca la actividad en los centros y que se está buscando reunificar, etcétera, porque se pueden hacer las dos cosas”.

El diputado realizó un pedido de informes al respecto que fue respondido en febrero de este año. Los datos suministrados por el Mides, a los que accedió El País por entonces, mostraron que las actividades de los equipos de la División Descentralización y Territorio del INJU sufrieron un descenso del 95%. En términos numéricos, el programa pasó de realizar 791 actividades en 2024 a tan solo 41 en 2025. Esta retracción operativa golpeó con especial dureza al norte del Río Negro.

Este repliegue no solo afectó la agenda de eventos, sino también el alcance humano de la política: la cantidad de jóvenes participantes disminuyó de 26.724 en 2024 a 15.821 en 2025, lo que representa una reducción del 40% en el universo de beneficiarios que acceden a estas herramientas de bienestar psicoemocional.