En un país que por día registra en promedio más de un fallecido y 77 lesionados en siniestros de tránsito, familiares de víctimas presentarán ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) un proyecto de ley para aumentar las penas de cárcel y sanciones administrativas a los responsables de siniestros fatales por negligencia. Pretenden que estos conductores reciban el mismo castigo que se les aplica a los homicidas. El planteo cuenta con el apoyo de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito Uruguay, organización que desde 2010 trabaja en prevención.
Una de las impulsoras de este proyecto es Verónica Ferrer, su hijo Lautaro de 5 años murió hace seis años en un brutal accidente. Ferrer y su esposo transitaban por Carlos María Ramírez cuando un auto que circulaba a alta velocidad y a contramano los hizo volcar y dar varias vueltas hasta incrustarlos en una vivienda. El proceso judicial posterior fue irregular. El conductor culpable del accidente debía cumplir prisión domiciliaria cuando lo encontraron manejando con una libreta apócrifa expedida en Florida. Después de un extenso proceso judicial, la Justicia terminó enviando a prisión al conductor. Cumplió 45 días de prisión efectiva por la muerte de un niño de 5 años.
Ana Laura Leguizamón es otra de las que empuja la iniciativa. Su hijo de 20 años fue atropellado en la ruta por un conductor que no respetó un cartel de pare. El responsable de la muerte cumplió solo seis meses de prisión domiciliaria.
“Las familias merecen un mínimo de justicia”, dijo Ferrer a El País. “Se entienden los accidentes por fallas mecánicas, pero si cruzas una luz en rojo, si tenés alcohol en sangre o consumo de drogas, si excedés la velocidad, eso ya no es un homicidio culposo. Si mataste a una persona eso tiene que ser condenado como un homicidio, porque con la excusa de que no salió con un arma a matar lo mandan para la casa con prisión domiciliaria”, sostuvo.
Proyecto de ley
En la exposición de motivos, el texto precisa que las medidas propuestas apuntan a los conductores que de forma irresponsable y temeraria circulan con total impunidad, sin respetar las leyes de tránsito.
“Actualmente, la legislación uruguaya contempla el homicidio culposo como un delito que, en muchos casos, no implica prisión efectiva. Esta realidad transmite un mensaje de impunidad y deja a las víctimas y sus familias sin justicia. Pero, sobre todo, deja un mal mensaje a la sociedad y a los futuros conductores”, fundamenta el proyecto.
El homicidio culposo está contemplado en el artículo 314 del Código Penal que establece una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. Esta figura sanciona la muerte causada por imprudencia, negligencia o impericia, elevando la pena si resultan varias víctimas o una muerte y lesiones a múltiples personas.
El proyecto de ley elaborado propone modificar este artículo con el siguiente agregado: “Cuando el homicidio culposo se produzca en ocasión de un siniestro de tránsito con conducción temeraria, exceso de velocidad grave, circulación en sentido contrario al reglamentario, estado de intoxicación por alcohol o drogas, o cualquier otra infracción gravísima a las normas de tránsito, la pena será de prisión efectiva no inferior a tres años ni superior a xx (no está especificado) años, sin posibilidad de suspensión condicional ni sustitución por medidas alternativas".
Sanciones administrativas
También se propone una modificación en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial (18.191) vinculada a la revocación definitiva de licencia de conducir: “Toda persona condenada por homicidio culposo en siniestro vial será inhabilitada de forma permanente para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado".
El proyecto también plantea penas de prisión de 6 meses a 3 años para quien conduzca un vehículo durante el período de inhabilitación o lo haga con licencia falsificada.
La organización propone la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados para Conducir por Homicidio Vial, que sea administrada por el Ministerio del Interior en coordinación con el Congreso de Intendentes, que contendrá los datos de toda persona con licencia revocada de forma definitiva por homicidio vial. Dicho registro será de acceso inmediato para la Policía y los inspectores de tránsito, mediante dispositivos móviles, tabletas y sistemas informáticos oficiales, a fin de verificar inhabilitaciones y actuar de acuerdo con la ley.
La circulación con libretas de conducir apócrifas es cada vez mayor, por eso también se propone que el Ministerio del Interior y las intendencias implementen sistemas de verificación biométrica y digital para impedir la obtención de licencias falsas o el uso indebido por parte de personas inhabilitadas.
Entre 2020 y 2024 la Intendencia de Montevideo presentó 292 denuncias penales contra conductores que circulaban con libretas de conducir apócrifas.
Unasev: “Las medidas aisladas no solucionan nada”
El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, dijo a El País que recibirá a los promotores del proyecto de ley para aumentar las penas para los responsables de accidentes fatales por negligencia pero que aún no tiene posición sobre el planteo.
No obstante, desde un punto de vista conceptual, consideró que hay muchas medidas de diverso tenor propuestas desde diferentes actores vinculados a las seguridad vial y entiende que es necesario armar un plan que contemple todo lo que sea viable y efectivo.
“Ninguna medida aislada resuelve este problema. Hay mucho sobre la mesa, como bajar las multas, permiso por puntos, educación, penas, etc., pero hay que ordenar todo y ver un plan en conjunto, sino esto se transforma en manotazos de ahogado que no resuelven un problema estructural muy grave”, sostuvo.
Metediera dijo que estamos frente a uno de los mayores problemas que tiene el país ya que provoca más muertes que los homicidios, supera diez veces las víctimas mortales de los accidentes laborales y deja casi 30 mil lesionados por año con todo lo que ello implica.
“No hemos tomado dimensión del problema. Algunas cosas se resuelven con mucha rapidez, como el valor de las multas, pero otras van lento como penalizar como una falta la carencia o adulteración de la placa matrícula o que los operativos que hace el Ministerio del Interior sean replicados con la misma intensidad por las intendencias”, indicó.
“El tránsito no es solo multa y radares. Esto es peor que los homicidios de los que tanto se habla y tanta atención concentran. No podemos salir con propuestas para quedar bien, debemos tener un plan integral porque hay mucho por resolver”, sostuvo.
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