Sindicato rechaza denuncia de “acomodos” de escribanos en el Registro pero reclama presupuestar 57 funcionarios

Los dos sindicatos de la Dirección General de Registros (DGR) se desmarcaron de las denuncias de un funcionario sobre “acomodos” de escribanos, que no asumen en las oficinas del interior que les corresponde. Y, además, reclamaron presupuestar –esto es, convertir en funcionarios públicos con todos los derechos- a 57 funcionarios (la mayoría escribanos, pero también informáticos y administrativos) que son contratados. Piden que esto sea incluido en el proyecto de Presupuesto que se está votando estos días en la Cámara de Diputados, porque sostienen que la situación de la DGR es crítica: “Se desarma y sangra”.

La denuncia de ese funcionario, que también es escribano, fue publicada este domingo en la sección Qué Pasa de El País.

El tema se ha convertido en una suerte de batalla legal y personal con la administración, que arrancó en marzo de este año, según supo El País.

Tal como se relata en el informe publicado este domingo, la historia incluye un concurso interno cuyo procedimiento incluyó diversas polémicas, supuestos “arreglos” con varios funcionarios que no trabajan en las oficinas del interior que eligieron en aquel concurso y hasta una denuncia de acoso moral laboral contra la directora del Registro, que aún se encuentra en trámite.

Sobre los escribanos que no asumen en localidades del interior, el funcionario denunciante indicó a El País: “En algunos casos ellos invocan el criterio de la discrecionalidad, que la administración los precisa en determinado lugar. Bárbaro, pero el problema es que son demasiados. Parece que en casi todos los casos era importante que se quedaran donde estaban y no fueran a donde habían elegido”.

Foto: Leonardo Mainé.

El informe provocó polémica en la interna de la DGR, porque además llega en medio de la discusión presupuestal. Los sindicatos están en conflicto: la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay (la ATRU, que nuclea solo a los profesionales) y la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU).

ATRU emitió anoche un comunicado donde indica que la gremial “no cuestiona los concursos realizados, ni sus resultados, ni a los integrantes de los tribunales”. También rechaza la denuncia del funcionario. Pero recuerda que hay serias carencias en la DGR, que cuenta con 79 escribanos, muchos de los cuales se jubilarían entre este año y el próximo. “Casi el 40 por ciento de los escribanos de todo el país son contratados. Para mantener el servicio y poder cumplir con los usuarios, por más que un funcionario tenga cargo en un departamento, a veces es necesario que viaje a suplir la carencia de personal en otro departamento”. También indican que el número de funcionarios de DGR ha disminuido notoriamente de 430 a 215 en 10 años; y de esos 215, hay 70 que cuentan con causal jubilatoria. Existen más de 200 vacantes que no se han cubierto; “estos números no hablan, sino que gritan ayuda; la DGR se desarma y sangra”.

“La tecnología es útil y ayuda, pero aun así necesitamos personal; las computadoras no pueden calificar documentos”, dice el comunicado de los profesionales. “A diario necesitamos lograr un equilibrio entre mantener la calidad y rapidez en la prestación de los servicios, y que esa sobrecarga de tareas no influya en la salud física y mental de los funcionarios, generando cuadros de estrés, cansancio, problemas de relacionamiento, y un largo etcétera. Precisamos que nuestros parlamentarios tomen conciencia de ello; no solicitamos nada raro ni desmedido, queremos continuar con nuestra hermosa labor, que trata nada más ni nada menos, que cuidar el patrimonio y la seguridad jurídica del país", dice la nota, a la que accedió El País.

El reclamo sindical pasa por presupuestar a esos 57 contratados (empleados que tienen contratos a término, sin beneficios como el resto de los funcionarios públicos), regularizar la situación de pases en comisión que prestan funciones desde hace más de seis años en DGR y que se incorpore al sueldo “lo que indican varias sentencias judiciales”. Estos reclamos son apoyados por diputados de la oposición, según supo El País.

Con este contexto, los trabajadores irán al Parlamento y definieron medidas de lucha mientras se vota el proyecto de Presupuesto. No ingresarán nuevos documentos en la DGR entre este lunes y el miércoles, aunque sí habrá entregas de documentos y consultas. Tampoco se harán cierres de documentos ni certificados.