El Poder Ejecutivo definió extender por 90 días más la emergencia agropecuaria vigente desde hace seis meses debido al déficit hídrico que viene afectando a casi todo el país. Así será pese a que en algunas zonas las lluvias registradas en febrero generaron cierto "alivio", aunque lejos estuvieron de representar una solución a la crisis y, sobre todo, a los daños ocasionados en todos los rubros productivos de la economía, cuyo impacto excederá con creces al sector agropecuario, según las autoridades.

"Uruguay va a crecer menos en 2023", adelantó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, al actualizar el pasado lunes ante una comisión de la Cámara de Diputados la información disponible. Será así, indicó, porque los precios no serán los mismos y por que, fundamentalmente, la producción física tendrá una disminución importante.

"Tendremos que seguir tomando medidas, porque acá lo importante es que la maquinaría se mantenga en pie", afirmó. Se trata, reconoció, de una expresión de deseos. "La consigna es no tener pérdidas de unidades productivas y que los productores se mantengan en pie, pero el impacto es muy fuerte", aseguró. Lo será, insistió para todo el país.

El 2 de febrero ante la Comisión Permanente del Poder Ejecutivo, Mattos indicaba que los daños globales de la sequía se calculaban en unos US$ 1.100 millones. Ahora, la cuenta es sensiblemente superior. El ministro habló el lunes de US$ 1.800 millones, a lo que habrá que "seguir sumando" mientras se vayan procesando las cosechas y se tenga un panorama más claro de los resultados en la ganadería. El impacto definitivo en cifras se sabrá el próximo mes.

Según el ministro, si bien algunas actividades podrán recuperarse en forma más rápida, ningún rubro podrá escapar. El diagnóstico del ministro incluyó ante los legisladores un repaso general de la situación de cada sector. En la granja, indicó, hubo daños muy importantes en cuanto al volumen y al calibre de la producción. Seguramente, apuntó Mattos, habrá que recurrir a la importación para cubrir la demanda interna. Ya se está haciendo - a través de los mismos productores, con la papa y la zanahoria, que por primera vez en siete años tuvo que ser comprada fuera de fronteras.

En agricultura, el ministro adelantó un "quebranto productivo" importante en la soja, el cultivo estrella, en el que estimó que habrá una cosecha de 800 mil toneladas, menos de la mitad de las previstas con respecto al año pasado. Algo similar sucederá con el maíz.

La ganadería, dijo, será afectada en su fase reproductiva. Habrá una segura reducción en el nacimiento de terneros, pero los números definitivos estarán a fines de este mes. Mattos estimó que, en la faena, habrá entre 12% y 13% menos de disponibilidad con respecto a los últimos años.

Otro "quebranto" se da en lechería, clave desde el punto social para muchos productores que hoy están sin reservas, con un panorama "complejo". Mattos indicó que la caída en la remisión se estima en 14%. La vitivinicultura, en tanto, observará una reducción de hasta el 35% en su producción.

Según el ministro el único que pudo celebrar una buena cosecha es el sector arrocero, que tuvo un ciclo producto de "enorme luminosidad y temperatura" pese a la falta de agua.

Mattos recordó que el país está en emergencia sanitaria desde el pasado 24 de octubre, lo que "claramente" expresa una situación anómala en cuanto que nunca había sucedido algo similar en una fecha tan temprana en plena primavera y en todo el país. Con todo, recordó que Uruguay atraviesa un proceso de déficit hídrico acumulado, con sucesivas emergencias anuales declaradas desde 2020.

Según cifras del ministerio, en lo que va de la presente emergencia agropecuaria se llevan prestado casi $ 630 millones a través de República Microfinanzas.

En enero, el gobierno había recibido peticiones de ayuda de unos mil productores. Hoy son más de 7 mil. Según Mattos el volumen de ayuda solicitada será siete veces mayor que en la última sequía y se ubicará en unos US$ 20 millones, a razón de unos US$ 7 mil por cada productor.