Redacción El País
Luego de casi cuatro años de discusión la coalición de gobierno aprobó ayer el proyecto de nueva regulación del instituto de la prisión domiciliaria. A través de un acuerdo político en el oficialismo, deja su instrumentación en manos del juez y no será en ningún caso preceptiva. La sesión se vio marcada sin embargo por un último intento de Cabildo Abierto de promover su iniciativa original: los liderados por Guido Manini Ríos presentaron sin éxito un aditivo que establecía que la prisión domiciliaria debía ser impuesta, de oficio y sin más trámite, en los casos de mayores de 70 años.

A Cabildo Abierto siempre se lo acusó de querer beneficiar por esta vía a los exmilitares y policías encarcelados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Al hablar ayer, Manini rechazó una vez más esta acusación, pero hizo una encendida defensa de los que denominó los “rehenes” de Domingo Arena. Allí, aseguró, hay hoy algunos presos que son “inocentes”, víctimas de un “proceso de venganza”, no de justicia” y que “no saldrán”, dijo, mientras no revelen el destino de los desaparecidos. Datos que, señaló, ellos desconocen.

Manini afirmó que su propuesta procura establecer “límites a esa venganza” de la que, sostuvo, participan como “agentes” algunos jueces.

El proyecto que se votó y que pasó a Diputados impone condiciones para que el juez pueda definir la prisión domiciliaria. Por ejemplo, la existencia de circunstancias familiares del formalizado que impidieran su internación en prisión, que se trate de una mujer embarazada a partir del quinto mes de gestación o una madre que esté en el período de lactancia. También que el formalizado esté afectado por una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida o salud. En estos casos, el juez deberá solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud del involucrado.

En los casos que el juez enfrente presos o imputados que sean mayores de 65 años, la prisión domiciliaria podrá ser otorgada cuando la cárcel sea perjudicial para su salud o su dignidad, siempre que el beneficio no implique riesgos para terceros de acuerdo al delito cometido.