El senador colorado Robert Silva le pidió ayer en el Parlamento al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que impulse un seguro de paro especial para los trabajadores de las empresas procesadoras de pescado Novabarca y Ciupsa que desde junio pasado no pueden procesar materia prima debido al conflicto de la pesca que ya lleva 45 días.
Silva dijo a El País que estos trabajadores son rehenes de la situación. “Se les vencen los alquileres” y no tienen causal configurada para acceder al seguro de paro, consignó.
Silva también advirtió a Castillo que el sindicato de la pesca exige que los embarcados pertenezcan a ese gremio (el Suntma) y que eso configura una violación de la libertad de trabajo. El conflicto en la pesca que afecta a toda la flota y no solamente a los 28 barcos costeros continúa y hoy habrá otra reunión para intentar destrabar la situación.
Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del Pit-Cnt, dijo a El País que el conflicto se extiende por la “falta de flexibilidad” de las empresas, que se resisten a incorporar un tripulante adicional por embarcación como pide el sindicato de la pesca. Barbé señaló que la central sindical contactó a 28 pasantes de UTU de la carrera de Patrón Naval que podrían incorporarse a los buques sin costo para las empresas, pero que estas rechazan esa opción.
Las firmas procesadoras Novabarca y Ciupsa, donde trabajan un total de 200 personas, están afectadas por la situación. Silvana Lazo, trabajadora de Novabarca, firma que procesa corvina en Barros Blancos, dijo a El País que los trabajadores no tienen derecho a cuatro meses de seguro de paro porque no llegaron a trabajar un año de corrido debido al “lockout” de 2024. “Estamos pidiendo préstamos, recibiendo asistencia de la intendencia de Canelones y donaciones” de alimentos, señaló.
Lazo dijo que los empleados de estas firmas no tienen comunicación con el trabajadores de las empresas procesadoras de pescado Novabarca y Ciupsa y que este sindicato no se interesó por su situación.