Renunció a la Institución Nacional de Derechos Humanos el director designado por Cabildo Abierto

Redacción El País
El consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) anunció este miércoles la renuncia del director cabildante Bernardo Legnani.

Según el comunicado del consejo, Legnani renunció por motivos "estrictamente personales" y "la dimisión fue aprobada en el momento con el propósito de contribuir a una transición ordenada, en el marco del actual proceso de elección de autoridades".

"Esta situación está en proceso de comunicación a la Ing. Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General, en procura de que el Poder Legislativo estudie la posibilidad de trabajar la elección de las dos vacantes disponibles en el mismo proceso en curso", indica.

En marzo de este año Wilder Tayler presentó su renuncia al consejo, una decisión que, según dijo, también responde a "motivos personales".

En el mismo comunicado, el consejo asegura que la decisión de Legnani no altera el funcionamiento de la Inddhh y agradecen al cabildante "su compromiso con la institución" y "los aportes realizados durante su desempeño".

Cabe recordar que en agosto de 2024 la Junta Nacional de Cabildo Abierto expresó su “discrepancia y preocupación por las manifestaciones” de Legnani, que durante una comparecencia ante una comisión de Diputados, se había mostrado contrario a que los represores de la dictadura que cumplen condena pudieran acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, según informó entonces La Diaria.

Tras esto, Cabildo Abierto aclaró que la postura de Legnani “no representa en absoluto la postura del partido” y, en un comunicado, se recordó que Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años en 2021 “que en su redacción original no tuvo el respaldo político necesario, pero que luego de varias modificaciones fue aprobado por el Senado en diciembre de 2023”. Además, el Espacio de los Pueblos Libres, sector que entonces era de Cabildo Abierto y luego tomó distancia, solicitó la renuncia del director cabildante.

“Este beneficio (de la prisión domiciliaria) se aplica a individuos que hubieren cometido crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado, acaecida en el período de 1968 a 1985. Las personas referidas son responsables de las más graves violaciones de derechos humanos”, argumentó entonces el director de Cabildo Abierto. Legnani también mencionó a las victimas que “están batallando desde hace más de 40 años por saber la verdad sobre el asesinato y desaparición de familiares“ y opinó —según consta en la versión taquigráfica— que, “si quienes son responsables de estos crímenes no han contribuido a la verdad ni han mostrado signos de arrepentimiento, y si no median razones humanitarias, como, por ejemplo, la afección a la salud, otorgarles el beneficio propuesto en el proyecto no tiene fundamento en la normativa de derechos humanos; es más: va contra la obligación de reparar a las víctimas y puede conducir a una forma de impunidad”.