Rendición: oposición critica suba de vínculos laborales con el Estado y ONSC pide flexibilizar ingreso por cupos

El aumento en la cantidad de vínculos laborales que hubo en el Estado en 2025 es uno de los ejes de la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas. Ante esto, las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) concurrieron el martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en la Cámara de Representantes y allí recibieron críticas de los legisladores opositores.

En diciembre había 318.269 vínculos laborales con el Estado, que quivalen a 275.898 personas —porque hay quienes tienen más de un vínculo; algo que se da, por ejemplo, en el área de la salud. Frente a estos datos, la oposición criticó en la comisión que, si se mira 2024, hubo una suba de 4.473 vínculos de un año al otro.

Para el diputado colorado Gabriel Gurméndez se está en una situación “alarmante” por el aumento en la cantidad de vínculos con el Estado. Y puntualizó ante las autoridades de la ONSC: “Debemos recordar que el partido de gobierno, durante su gestión anterior de 15 años, entre 2005 y 2019, hizo crecer la plantilla del Estado en 71.153 vínculos laborales”.

En tanto, la diputada blanca Fernanda Auersperg pidió explicaciones por las supresiones de “cargos con ciertas especialidades”. Por otro lado señaló que, de acuerdo con sus cálculos, el Poder Ejecutivo propone eliminar 1.212 vacantes y crear 529, lo que “genera la eliminación neta de 683 puestos de trabajo en el Estado”, con una reducción de gasto de $ 27,8 millones anuales para el 2027, 2028 y 2029.

“Se plantea (la supresión de) 17 vacantes de licenciado en trabajo social en el Ministerio del Interior. ¡Si será necesaria esa especialidad en el trabajo que realiza dicho ministerio! Y también de cara a lo que plantea esta nueva Rendición en cuanto al Instituto Nacional de Reinserción”, indicó.

El director de la ONSC, Sergio Pérez, hizo hincapié en que el crecimiento en los vínculos laborales con el Estado durante 2025 “se dio en las áreas de educación, cultura, deporte, seguridad y salud pública”. Asimismo, ante los cuestionamientos, respondió que las relaciones con el Estado “han venido creciendo históricamente”, lo que “responde a las distintas necesidades que plantea la gestión para poder, entre otras cosas, cumplir con sus cometidos y sus promesas de gobierno”.

Y reafirmó: “Nosotros creemos que los funcionarios públicos son esenciales y fundamentales para el cumplimiento de todos los servicios del Estado, y se solicitan los que son necesarios”.

En tanto, la gerenta del laboratorio y observatorio de la gestión humana del Estado de la ONSC, Analía Corti, explicó cómo evolucionó el empleo público con respecto a la población ocupada en Uruguay. “En 2019 representaba el 16,9%; en 2020, el 17,4%; en 2021, el 16,6%; en 2022, el 16,3%; en 2023, el 16%; en 2024, el 15,8%, y en 2025, las personas empleadas en el ámbito público representaban hoy el 15,7%”, indicó en la comisión de la Cámara de Representantes.

La ONSC pidió a los legisladores un cambio en los cupos para personas discapacitadas, trans, afrodescendientes y víctimas de delitos violentos. La propuesta es que, cuando se pida como requisito tener el primer o segundo ciclo de secundaria completa, los postulantes puedan concursar aunque no lo cumplan y que después se les dé 12 meses para continuar sus estudios y acreditar su cumplimiento.

Pérez argumentó, a partir de estudios que hicieron en la oficina sobre estas poblaciones que ingresaron al Estado, que percibieron “una clara disociación entre los niveles de estudio y formación exigidos y la realidad educativa” de estos sectores a los que se destinan los cupos.

Asimismo, destacó que en estos estudios “la mayoría de los entrevistados” que ingresó al Estado encontró “como uno de los principales logros” la “posibilidad de iniciar o retomar su formación académica, lo que sugiere un círculo virtuoso entre empleo y educación”. Además, señaló a los legisladores que estas personas tuvieron “cambios positivos y significativos no solo” en ellos, sino que hubo “un efecto multiplicador en su entorno familiar y comunitario”.

Para Gurméndez, aceptar esta disposición de que una persona pueda ingresar al Estado sin tener uno de los requisitos “vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 8º de la Constitución”. A lo que sumó el diputado: “Una vez más, se premia, si se quiere, una situación desigual. Aquí, en principio, se ponen requisitos que debe cumplir el funcionario seleccionado para desempeñar esa función y, sin embargo, se lo exonera de ellos por estar comprendido en alguna de las condiciones que se transcriben”.

Pérez, en tanto, enfatizó que, para ellos, esta disposición es constitucional, aunque se mostró abierto a “mejores propuestas de los legisladores que permitan desarrollarlo mejor o que ellos consideren pertinentes”. Al mismo tiempo, destacó que “el desafío no es solamente generar el ingreso” de estas personas, “sino también acompañar las condiciones para que puedan desarrollarse, permanecer y construir una trayectoria laboral dentro del Estado”.

Por su parte, la gerenta Corti aseguró que para la oficina es una “gran preocupación” el “incumplimiento de las cuotas”, por lo que “este artículo puede aportar a un acceso real al derecho que ya está establecido legalmente, apuntando a una mayor equidad social”.