Programa de vivienda de Defensa: detectan irregularidades y riesgo de subsidiar a quienes no cumplen requisitos

Una auditoría mostró que existen debilidades e irregularidades en la gestión del Programa de Vivienda Social del Ministerio de Defensa Nacional. Este plan lo implementa la Dirección General de los Servicios Sociales y está orientado a funcionarios que tienen dificultades para acceder a una vivienda o que estén en una situación de precariedad habitacional.

El Programa de Vivienda Social busca promover la autoconstrucción y le proporciona a los beneficiarios los materiales y el apoyo técnico necesario para desarrollar las obras. Este plan se lleva adelante con la entrega de una canasta de materiales de construcción de hasta $ 240.000, que en casos excepcionales puede alcanzar los $ 430.000.

El estudio realizado por la Auditoría Interna de la Nación encontró varios problemas —como “incumplimientos e irregularidades” en la documentación que respalda la entrega de materiales a los beneficiarios— y detectó riesgos —como “otorgar subsidios a personas que no cumplen con todos los requisitos” establecidos en la normativa—.

Los problemas que se detectaron con la documentación —se indica en el informe— “no permiten asegurar razonablemente la entrega efectiva de los materiales y limitan la posibilidad de verificar la adecuada asignación del beneficio a los funcionarios que se encuentran con dificultades de acceso a una vivienda o en situación de precariedad habitacional”.

Una de las fallas que constató la auditoría —que analizó desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025— fue la entrega de materiales a un beneficiario luego de su baja de la plantilla del Ministerio de Defensa. Según se detalla, la solicitud inicial se realizó mientras la persona era funcionaria, pero cinco meses posteriores al cese de su contrato se emitió la resolución de la entrega de materiales, que finalmente se efectuó.

“Esto evidencia la falta de controles que mitiguen este tipo de situaciones”, se indica en el documento.

También se evidenció que las resoluciones que respaldan las entregas de materiales no siempre están completas porque “no incluyen el detalle del proveedor asignado, ni el monto total del beneficio”.

Por otra parte, se encontró que la información de los beneficiarios —se indica en el informe— se registra en planillas electrónicas y también en carpetas físicas, lo que “afecta la trazabilidad y el control del programa”.

De las carpetas físicas, además, se señala que “contienen documentación sin foliar, información duplicada y hojas sueltas no integradas al legajo”.

Por otro lado, se remarca que el seguimiento del uso del beneficio no siempre se realiza en todas las etapas de la obra, ni cuenta con todos los informes que acrediten su finalización. Fuera del área metropolitana, el análisis de los informes técnicos se realiza “principalmente” a través de llamadas telefónicas o mensajes, y “no garantiza la adecuada ejecución o calidad de la obra” que se ha llevado a cabo.

La demanda por el programa es continua y ha venido en ascenso, según los datos brindados en el informe. En el ejercicio 2024 se ingresaron 56 solicitudes de acceso al Programa de Vivienda Social, en el ejercicio 2025 se registraron 58 y al cierre del mismo permanecían 61 en trámite sin resolución.

Entre enero de 2023 y diciembre de 2025 se otorgó un total de 186 subsidios en materiales. Durante ese período, Canelones y Montevideo fueron los departamentos que tuvieron una mayor demanda.