SEGURIDAD SOCIAL

El presidente Luis Lacalle Pou ya ha dicho que prefiere no poner plazos -en este o en cualquier otro tema- porque hacerlo es generarse una suerte de atadura en un terreno dinámico -y muchas veces impredecible- como es el de la política. Pero sí tiene claro -y así lo transmite también en diversos ámbitos- que irá a fondo con la iniciativa que plantea una reforma profunda del sistema previsional, y que no esperará mucho tiempo.

¿Eso qué significa? Que pese a que la prioridad es que el proyecto cuente con el más amplio consenso posible del sistema político, si la oposición decide no acompañarlo, la reforma la llevará adelante de todas maneras. Porque en el gobierno dan por descontado que el acuerdo en la coalición no será un problema, ya que todos los socios del oficialismo comparten la urgencia de la reforma, compromiso que además fue una de las promesas de campaña.

Esto fue básicamente lo que se conversó en una reunión que convocó ayer el primer mandatario en la residencia de Suárez y Reyes, a la que asistieron los líderes de todos los sectores del Partido Nacional, lo que incluyó a la vicepresidenta Beatriz Argimón, al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al presidente de la agrupación parlamentaria nacionalista, el senador Gustavo Penadés.

En esta cumbre estuvieron también los ministros Javier García (Defensa) y Luis Alberto Heber -por el Espacio 40 y el Herrerismo, respectivamente-, y los senadores Carlos Camy -por Alianza Nacional- y Jorge Gandini -conductor de Por la Patria.

Fue un encuentro que se coordinó en las últimas horas bajo el pedido de “reserva”, según supo El País, y uno de los objetivos fue conocer “el feeling” que hay en el Partido Nacional respecto al texto del anteproyecto, entregado a todos los partidos -incluido el Frente Amplio- a fines del mes pasado.

Sobre todo porque el Directorio -encabezado por Pablo Iturralde, y que recibió al redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, en su sesión del 8 de agosto- no centralizará la discusión, pues la decisión es que sean los parlamentarios los que tomen “la decisión final”. Y estos, naturalmente, no estuvieron en la reunión entre Lacalle y los líderes de la coalición el 30 de julio, a la que concurrió Iturralde como representante del colectivo.

Y el “feeling” de los blancos en relación a este tema puede fácilmente traducirse en una gran armonía con el articulado -si hay críticas o ajustes para proponer, eso no se abordó ayer-, porque entienden, comparten y destacan junto con el presidente, la importancia y necesidad de transformar un sistema que a mediano plazo no es sostenible.

Por otra parte -y en este marco- el presidente también transmitió a los dirigentes la firme convicción de enviar el texto al Parlamento antes de que termine setiembre, una vez que se recojan todos los aportes de los socios del oficialismo, y de la oposición, si es que decide sumarse.

Y pidió también que la iniciativa ingrese por la Cámara de Senadores, algo a lo que se comprometió Argimón y todos estuvieron de acuerdo.

La razón es simple: por más que los grandes acuerdos y negociaciones se saldarán en esta etapa preparlamentaria, cuando las iniciativas toman formalmente tratamiento en el Poder Legislativo las conversaciones suelen complejizarse, es común que surjan planteos o exigencias de último momento, todo lo cual se exacerba y se vuelve más caótico en la cámara baja, en donde hay 99 diputados. En el Senado, en cambio, donde son 30, los acuerdos por lo habitual se alcanzan en forma más sencilla -siempre y cuando haya voluntad política- porque además en la cámara alta están todos los líderes de los sectores y los partidos. “Esta fue la vía que se siguió en el caso de la LUC”, recordó uno de los participantes de la reunión.

Por lo demás, lo que los blancos seguirán haciendo es informar a la ciudadanía “con transparencia” los pormenores de la reforma, con la ventaja -constatada hasta el momento por las últimas mediciones- de que el apoyo al proyecto se incrementa a medida que la gente sabe más al respecto. Hoy, de acuerdo a una encuesta de Equipo Consultores que divulgó ayer El País, hay un 72% que cree que esta reforma, con el aumento de edad de retiro de 60 a 65 años incluido, debe realizarse.

“Reformar la seguridad social para que siga vigente y proteja a las próximas generaciones es un tema de solidaridad”, escribió en Twitter el ministro García, a la salida de la reunión. “El presidente va a mandar un proyecto que garantiza derechos sociales. Solo con demagogia o populismo se puede negar la reforma”, agregó el secretario de Estado.

Argimón: “Es bueno tratar la ley este año”

En el encuentro en la residencia presidencial se resolvió que la vocera sería la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien fue la encargada de dar una breve rueda de prensa. Ante la consulta de los medios, la jerarca sostuvo que los nacionalistas están también “convencidos de que es bueno que se inicie el tratamiento (del proyecto) este año” y que así se lo comunicaron al presidente Luis Lacalle Pou.

“Estamos convencidos de qué es lo que tenemos que hacer. Formó parte de un intercambio de todos los legisladores que estábamos”, reconoció la vicepresidenta sobre lo dialogado puertas adentro.

Ante la pregunta de si el primer mandatario va a iniciar contactos con algunos líderes de la coalición o del Frente Amplio en busca de los aportes para enriquecer el anteproyecto, Argimón dijo que en realidad Lacalle “está a la espera” de “recibir informes (y) propuestas de los partidos de la coalición”.

“Nosotros hicimos campaña electoral hablando de la necesidad de una reforma de la seguridad social”, subrayó la vicepresidenta,