Polémicas en la Jutep: el PN volvió a cuestionar a directores oficialistas y FA respaldó decisiones de archivo

Las decisiones de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre las investigaciones que allí se tramitan, generalmente solo con el voto de los directores oficialistas, volvió a discutirse en el Parlamento, donde la coalición republicana desde hace tiempo exige la remoción de su presidenta, Ana Ferraris, y su vicepresidente, Alfredo Asti (ambos frenteamplistas). Pero el oficialismo, una vez más, expresó el respaldo al accionar del organismo, cuyo directorio compareció este martes ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en el contexto de la Rendición de Cuentas.

Aunque no formaba parte del asunto de la convocatoria, el Partido Nacional trajo a colación dos de las últimas decisiones polémicas que tomó la institución con los exclusivos votos de Ferraris y Asti, y pese a que la Asesoría Letrada recomendó hacer lo contrario: que se continuara adelante con una denuncia que el exsenador del MPP Charles Carrera —a quien ahora se le dio vista— presentó contra la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, y que profundizara una investigación que tiene en el centro al senador colorado Andrés Ojeda, por presuntamente haber violado el artículo 124 de la Constitución —al ejercer como abogado penal mientras es legislador.

El diputado nacionalista Pablo Abdala volvió a subrayar que la junta anticorrupución, con su actual orientación, "no goza de la confianza de los partidos de la oposición", y añadió que incluso "no tiene el respaldo de la mayoría" de la Cámara de Representantes. "La Jutep —dijo en rueda de prensa— utiliza los servicios de la Asesoría Letrada cuando le conviene y cuando no le conviene la descalifica. Hoy se conocieron dos nuevos ejemplos" de eso, dijo el legislador al repasar las dos negativas de archivo, resueltas entre fines de junio y comienzos de julio.

"O sea, hay un problema institucional gravísimo. Entonces cuando vienen aquí a rendirnos cuentas y nos traen, todavía, una propuesta de un sistema electrónico de control de las declaraciones juradas es algo que está totalmente fuera de contexto —continuó Abdala—. No tienen sentido de la oportunidad. Yo me quedé con la sensación, además, de que mis colegas de gobierno prácticamente defendieron al directorio por compromiso". Y llamó al gobierno a que, "más que tomar distancia" con Ferraris y Asti, los remueva.

Por el Frente Amplio, tanto puertas adentro en la comisión como ante los medios, habló el diputado Alejandro Zavala. Los argumentos, señalaron a El País fuentes parlamentarias, fueron similares en ambos casos. "Es lo mismo que con el Poder Judicial —comparó—. Hay muchos fallos del actuar de políticos de otros partidos con los que yo discrepo y hay algunos bastante recientes. Sin embargo, yo no critico a la Justicia cuando la Justicia falla y eso es una garantía".

Ese, dijo, es el comportamiento que debería tenerse con la Jutep, resuelva lo que esta resuelva. "(Si) nosotros —dijo—, los que vamos a ser controlados, no vamos a respetar los fallos de quien nos controla, es bastante complicada para la credibilidad del sistema político". También compartió la visión de Ferraris y Asti en cuanto a que no necesariamente tiene que seguirse la recomendación jurídica que hacen los abogados del organismo, y que, si el directorio tiene otra opinión, "está en todo su derecho" de seguir otro camino.

Ante los legisladores, quien tomó la palabra para responder a estos cuestionamientos fue Asti. Y, entre otros puntos, se refirió a que el director por la oposición, Luis Calabria, también votó en el directorio pronunciamientos no alineados con la Asesoría Letrada.

Calabria, a su vez, tomó la palabra para defender su posición con argumentos también utilizados en las últimas sesiones de la junta: que su crítica apuntaba no a la posibilidad legal de apartarse de la recomendación jurídica, sino a que Ferraris y Asti se alejaron de su propio criterio ante las sugerencias de archivo. En otras 27 oportunidades en esta gestión, sí optaron por hacer caso a la Asesoría Letrada cuando sus informes indicaban que correspondía archivar las actuaciones.