Concreciones. Ese fue el pedido específico que efectuó la semana pasadael presidente Luis Lacalle Pou cuando reunió sus ministros para trazar las primeras directivas de la próxima Rendición de Cuentas. Si bien el mensaje tuvo un carácter general, hubo una secretaría en particular que se asumió a sí misma como destinataria específica: Vivienda y Ordenamiento Territorial.

En particular, por el grado de avance y, sobre todo, de ejecución, que muestra uno de los proyectos fundamentales para esta administración: el Plan Avanzar, destinado a la erradicación de los asentamientos irregulares en todo el país. "A buen entendedor, las palabras sobran", le dijo a El País una alta fuente de ese ministerio.

Se trata de un viejo problema en el Estado y su gestión: las dificultades para ejecutar los recursos asignados y traducirlos en resultados. Una preocupación que las mismas autoridades de Vivienda habían admitido ante el Parlamento en julio de 2022, cuando fueron a presentar los primeros bocetos del plan. Las cifras de ejecución reflejan que ese temor tenían fundamentos.

De los US$ 240 millones que fueron asignados específicamente al Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), a través del que se financia el plan, al 18 de mayo pasado los montos ya ejecutados, comprometidos o en ejecución, rondan los US$ 10millones.

Así lo indicó la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ante una solicitud de información presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio. Según el informe, al que accedió El País, el monto efectivamente ejecutado en un año de aplicación del programa fue de US$ 2.895.711. De esa cifra, casi US$ 2 millones fueron, efectivamente, a obras. Otros US$ 445 mil se fueron en "consultorías y honorarios profesionales", y otros US$ 461 mil en "gastos varios".

El informe detalla nueve sitios diferentes en los que se desembolsaron fondos específicos para el plan en diferentes zonas de Montevideo, Paysandú, Durazno, Río Negro, Flores, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó.

Los gastos de consultoría se destinaron principalmente a una adecuación de relocalización o regularización de los asentamientos Los Reyes y Nuevo Amanecer. También hubo que financiar trabajos de metraje, estudios geotécnicos y ambientales y la contratación de profesionales para la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), el nuevo organismo bajo cuya órbita se gestiona el plan. Allí se invirtieron US$ 384 mil.

El contrato de administración del Fideicomiso Integración Social y Urbana (FISU) fue suscrito el 30 de mayo del año pasado entre los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Economía y Finanzas; y Vivienda y Ordenamiento Territorial en calidad de fideicomitentes, la Dirección Nacional de Integración Social (Dinisu) como gestor y Conafin Afisa con agente fiducidario.

En declaraciones a El País fuentes del Ministerio de Vivienda reconocieron el rezago, pero prometieron que en el segundo semestre de este año la cifra de ejecución "se va a disparar".

Así, el programa tiene comprometidos ya US$ 7,2 millones en obras, gastos de consultoría y otros en los mismos barrios en los que se está trabajando, con lo que la cifra de montos ejecutados o ya previstos para las mismas obras.

Por otra parte, el plan mantiene abiertos siete llamados a licitación en zonas como Aquiles Lanza, Antares y El Che, en Montevideo, Antena 35 en Paysandú o La Línea en Rivera. Estos proyectos no fueron aún adjudicados y supondrán otros US$ 18 millones.

"Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo si queremos cumplir lo que nosotros mismos nos marcamos" se dijo desde el ministerio, en donde apunta además que "los planetas se tienen que alinear". Por ejemplo, que las lluvias no interrumpan demasiado las obras, que las empresas que pierdan las licitaciones no efectúen reclamos que frenen los procesos o que "las intendencias de Montevideo y Canelones estén en sintonía con nosotros".

Una nota publicada por El País a principios de mayo daba cuenta, a partir de datos oficiales, que se habían culminado intervenciones en diez asentamientos en Montevideo, Canelones, Salto, Tacuarembó y Florida. Según el gobierno, a través de los diferentes programas se ha dado respuesta a 1.871 hogares, de los cuales cerca del 60% son nuevas viviendas.

Otros 42 asentamientos están en obra o en proceso de compra de vivienda usada en Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Soriano y Tacuarembó.

La idea original de plan era que, al final de este período, se pueda llegar a más de 15 mil hogares ubicados en 120 asentamientos en todo el país. De esa cantidad, 40 ya estaban previstos en el plan quinquenal de vivienda. En otros 20 ya se había comenzado a trabajar a través de otros programas (como el Plan de Mejoramiento de Barrios), y otros 60 serán intervenidos por primera vez.

A los recursos del fideicomiso deben sumarse otros US$ 240 millones previstos para Vivienda en el Presupuesto quinquenal y que están siendo ejecutados tal como se había programado.