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Pereira: "Yo prefiero que cierren los números sociales a que cierren las cuentas fiscales"

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Fernando Pereira. Foto: Leonardo Mainé.

PRIMER PARO GENERAL

Tras un primer semestre con uno de los índices de conflictividad laboral más bajos del último cuarto de siglo, el movimiento sindical endurece la crítica al gobierno de turno.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, reivindicó la decisión de realizar un paro general de 24 horas, en reclamo de diferentes problemáticas sociales. En conferencia de prensa, el dirigente indicó que se espera que el "Poder Ejecutivo tome nota" y agregó: "Yo prefiero que cierren los números sociales a que cierren las cuentas fiscales, no es que desconocemos el déficit fiscal, es que el déficit social es mucho más importante".

Pereira hizo referencia además a aquellas personas que no apoyaban la medida y que impulsaron un hashtag (o etiqueta) a través de Twitter denominado #YoNoParoEl17. "Se nos dice que este es un paro político, y si, todos los paros son políticos, no son políticos partidarios, son políticos sociales", indicó.

"Muchos no han entendido que cuando tienen un salario vacacional es porque un día un sindicato lo logró, que cuando reciben un aguinaldo es porque un día un sindicato lo logró, cuando ejercen el derecho a la licencia es porque un día un sindicato lo logró" , expresó y aseguró que también a esos sindicatos se les realizaron "los mismos reclamos ".

Por otra parte, Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical durante una conferencia de prensa, consideró que este "ha sido un paro muy importante, extenso, amplio, que ha convocado a varios sectores de la sociedad. Es un día de menos movimiento que un domingo de poco movimiento", indicó. En la misma línea Pereira agregó: "Este paro ha tenido un "gran acatamiento", aseguró.

Fernando Pereira y Marcelo Abdala. Foto: Leonardo Mainé.
Fernando Pereira y Marcelo Abdala. Foto: Leonardo Mainé.

Abdala recordó las reivindicaciones que llevaron a realizar el paro y expresó: "Espero que todo el mundo tenga los oídos amplios, que todos mejoremos nuestra capacidad de escucha, de empatía".

"Anunciábamos antes de la elección que si se pensaban ahorrar US$ 900 millones se iban a ver comprometidas áreas sensibles. Hoy hay proyectos presentados en el Parlamento que no tienen financiamiento, de la Anep y de varios organismos", expresó Pereira. 

"Este movimiento sindical no se puede apartar de los problemas cotidianos que viven los uruguayos. No estamos pidiendo un salario básico de emergencia para trabajadores afiliados al  Pit- Cnt, sino principalmente para trabajadores informales que de un día para el otro se quedaron sin ingresos ", indicó.

El presidente de la central sindical también hizo referencia a los desalojos y a la necesidad de evitarlos principalmente teniendo en cuenta el contexto de pandemia actual. En la misma línea mencionó la importancia de cuidar la salud de todos los actores de la sociedad y recordó que todas las movilizaciones realizadas por el Pit-Cnt en los últimos meses se hicieron cumpliendo con las medidas sanitarias. 

"Yo prefiero que cierren los números sociales a que cierren las cuentas fiscales",  indicó Pereira. "Mañana se podrá discutir si las ideas del Pit-Cnt son las más adecuadas, si hay políticas sociales compensatorias, si hay mejores ideas nosotros las vamos a abrazar desde el primer momento, no nos creemos dueños de la verdad", expresó. 

Se trata del primer paro general de 24 horas bajo la administración del presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la campaña electoral hacia las departamentales del 27 de setiembre. El hecho marca el fin de la paz sindical con este gobierno.

La medida se realiza con 15 "puntos de agitación" en diferentes zonas de Montevideo en rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC), el proyecto de ley de Presupuesto Nacional y otros reclamos como "más salud", "más salario", "más educación" y una "renta básica", entre otros.

El paro es apenas una muestra de lo que se viene, comentaron fuentes sindicales a El País. En el movimiento sindical hay claras intenciones de promover un referéndum contra la LUC, entre otras medidas de “lucha” contra la administración Lacalle Pou.

El gobierno es consciente de que deja atrás un semestre con muy baja conflictividad laboral, a causa en buena medida de la pandemia del coronavirus, del confinamiento y del “buen manejo” de la crisis sanitaria.

Los datos los confirma el Índice de Conflictividad Laboral que elabora la Universidad Católica, en el que se constató que en los primeros seis meses del año hubo solo 19 conflictos que derivaron en la interrupción de actividades. Se trata de la cifra más baja del último cuarto de siglo, solo comparable con el primer semestre de la primera administración del Frente Amplio.

De todas maneras, esto parece estar llegando a su fin. Al menos eso evidencia el salto en la conflictividad registrado en los últimos dos meses (solo julio y agosto superan a todo el primer semestre).

Según el cientista político Fernando Carracedo, especializado en Relaciones del Trabajo, la historia reciente muestra que “los conflictos se dan cuando entra en discusión parlamentaria el proyecto de ley de Presupuesto”, y eso hace suponer que “en los próximos dos meses la conflictividad laboral seguirá en aumento”.

Conflictividad laboral

El paro general de hoy supone un punto de inflexión en ese sentido: “El movimiento sindical se está desmarcando del articulado de la ley de Presupuesto, y está dándoles un mensaje al gobierno de turno, a los legisladores que discuten el proyecto y a la sociedad”.

Durante la pandemia, explica Carracedo, el movimiento sindical “ha demostrado una actitud responsiva: ha respetado las medidas sanitarias, ha aceptado aplazar por un año un centenar de grupos de consejos de salarios que se vencían y, de cara al paro de hoy, hizo un planteo tomando en cuenta la coyuntura”.

El presidente Lacalle Pou fue consultado ayer en la Expo Prado acerca del paro del Pit-Cnt. Para el mandatario, “el derecho de huelga hay que defenderlo así que (los sindicalistas) están en todo su derecho”. Y dijo que esto era así, le guste o no al gobierno “la plataforma, que obviamente no le gusta”.

Consultado sobre si sigue abierto el teléfono con el Pit-Cnt, el primer mandatario respondió: “Sí, con todo el mundo vamos a hablar”.

Las reivindicaciones.

La plataforma que moviliza al Pit-Cnt a plantear este paro general es variada y, entre otras cosas, busca dar respuestas a las más de 100.000 personas que hoy cobran la mitad de su salario por encontrarse en seguro de paro.

Para Pereira existen “motivos más que suficientes para ir a un paro”, según dijo a El País. Pero es consciente de que “nunca un solo paro resolvió una circunstancia”, por eso, advirtió que “es el comienzo de una lucha” para conseguir lo reclamado.

El presidente electo Luis Lacalle Pou se reunió con la cúpula del Pit-Cnt en su sede. Foto: Francisco Flores
Lacalle Pou tras una reunión con la cúpula del Pit-Cnt. Foto: Francisco Flores (Archivo)

A diferencia de lo que ocurre con los paros parciales en los que suele haber un acto, en esta oportunidad el Pit-Cnt definió movilizarse en pequeños grupos en plazas de todo el país.

En Montevideo, por ejemplo, habrá más de 10 “puntos de encuentro”, entre ellos, la terminal del Cerro, la Plaza Lafone y la Plaza 1° de Mayo. También habrá movilizaciones en espacios públicos y cruces de algunas importantes avenidas como Agraciada y San Martín.

Los reclamos del Pit-Cnt incluyen, además, el pago de una renta básica de emergencia para aquellos trabajadores informales que perdieron su empleo como consecuencia de la pandemia, e incluso una respuesta para las 130.000 personas (según datos del Pit) que dejaron de buscar trabajo por diversos “desestímulos”, indicó Pereira.

“No creemos que el ajuste fiscal lo tengan que pagar las personas con mayores debilidades, o los trabajadores, o las personas que viven de su salario”, resaltó el dirigente.

Según el politólogo Carracedo, “este es un paro de clara señal contra el articulado del proyecto de ley de Presupuesto, y, a priori, no tiene un componente ideológico contra el gobierno de turno”. Prueba de ello, dice, la segunda administración de Tabaré Vázquez “fue una de las que tuvo más conflictos”.

¿Qué impacto tendrá el paro? “Depende de cuánto escuche el destinatario y la visibilidad de una medida en este contexto”, declara el especialista.

Sin servicio.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte se plegará al paro general. Los servicios de ómnibus urbanos, suburbanos e interdepartamentales se verán afectados. También los taxis.

Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informó que “se verán afectados todos los servicios de la Administración Central y Organismos”, pero que permanecerán “las guardias gremiales correspondientes a los servicios esenciales”.

Los servicios en Salud Pública (ASSE) también sufrirán las consecuencias de la medida. Solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y a aquellos que estén internados, en régimen de guardia gremial.

Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, no se atenderá al público durante toda la jornada en la mayoría de sus servicios, ni tampoco habrá transmisión en Televisión Nacional.

También parará la educación pública. Y se verán afectados los servicios que se prestan en los pasos de fronteras seca, como también en los aeropuertos.

Docentes: salario real caería 5%
Elbia Pereira, de FUM. Foto: archivo El País

Los sindicatos de la educación -cualquiera de ellos- adhieren al paro de hoy. Más allá de la proclama de los trabajadores en su conjunto, la enseñanza reclama ante lo que considera un “recorte contra la educación pública”. Así lo dejó en claro Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (agrupación que nuclea a más del 80% de los maestros del país). La merma presupuestal está dada, según Pereira, en que el gobierno “pretende reducir las horas de apoyo y la cantidad de cargos docente para dar clases, lo que afectaría directamente en la calidad de la enseñanza”.

A su vez, explicó, “el salario real se reduciría un 5% a lo largo del quinquenio”. La educación fue una rama clave en el pico de conflictividad que enfrentó a los sindicatos a la administración de Tabaré Vázquez en el primer año de su segundo gobierno. El decreto de esencialidad en la educación fue como un fósforo encendido en medio de una piscina de queroseno y en agosto de 2015 el Índice de Conflictividad Laboral trepó al punto más alto desde que hay registro. Durante el primer semestre de este 2020, en tanto, las ocupaciones de centros educativos se han visto reducidas, en especial en la educación media, lo que podría explicarse por el corte de la presencialidad que causó la pandemia.

En los últimos dos meses, sin embargo, una serie de ocupaciones en escuelas técnicas fueron desactivadas aplicando la normativa que las prohíben. Primaria informó que en aquellas escuelas en que no haya siquiera un maestro no se podrá entregar la vianda de emergencia. Al respecto, Pereira fue enfática: “¡Los niños no dejan de comer porque hay paro, en todo caso es porque Primaria no efectivizó la entrega de tickets como se hace en las vacaciones!”.

Tensión en la nueva administración.

Marzo. Luis Lacalle Pou asume el mando y enfrenta los cuestionamientos sindicales por el proyecto de ley de urgente consideración. Eso deriva en un paro en Secundaria (con ocupación del IAVA). Esa primera quincena de mes hay un conflicto en un frigorífico con paro en faena y en la siguiente quincena, ya con COVID-19, un paro “sanitario” en el BPS. El índice de Conflictividad Laboral que elabora la UCU se situó en 5,65. Bajo.

Abril y mayo. El confinamiento reduce a cero la conflictividad. Pero el retorno con la “nueva normalidad” trae tres conflictos con interrupción de actividad: paros rotativos en la construcción por la negociación colectiva, ONG se quejan de los contratos en el Mides y cooperativas de transporte cuestionan nueva paramétrica de la IMM.

Junio. Primer paro general parcial. Se realiza el 4 de junio en rechazo a la LUC bajo la consigna “la emergencia es la gente”.

Julio y agosto. En julio la conflictividad aumenta 40% respecto al mes anterior y los índices son un 175% superiores al año pasado. En agosto la conflictividad cae.

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