El llamado padre de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y exministro de Hidrocarburos venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonzo, había advertido ya en 1975 que “el petróleo es el excremento del diablo”, advertencia que a pesar de haber sido pronunciada hace cinco décadas sigue marcando, casi en exclusiva e ineludiblemente, la política y economía del país caribeño basado en la renta petrolera.
Recientemente, el acuerdo alcanzado entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos para otorgar a la empresa privada North American Blue Energy Partners el control de la explotación, por un plazo de 100 años, de 17 yacimientos que equivalen al 20% de las reservas de crudo del país —equivalentes a 65.000 millones de barriles— provocó reacciones políticas e internacionales sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, a ocho meses de la captura de Nicolás Maduro y sin que se hayan convocado todavía a elecciones.
La principal opositora al régimen chavista, Corina Machado, salió a cuestionar la forma en que se llevó adelante este acuerdo y reclamó que asociaciones estratégicas de este tipo deben pactarse con un gobierno que sea electo por el voto popular, luego del fraude electoral denunciado por la comunidad internacional en 2024.
“Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular. Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión a gran escala”, reclamó la dirigente política venezolana. Pero no fue la única.
“Llena un vacío”
Tras el entendimiento bilateral y las declaraciones de Donald Trump, quien sostuvo que Venezuela no “está lista para celebrar elecciones”, Luis Lacalle Pou volvió a pronunciarse sobre la situación del país caribeño.
El expresidente de la República —que desde que dejó el cargo administra estratégicamente sus apariciones públicas— aprovechó el escenario generado por las reuniones que iba a mantener ayer Yamandú Orsi con los líderes de los partidos de la oposición —Pablo Mieres, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos— antes de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para marcar su postura en política exterior y alinear a los suyos en reclamo de una transición democrática en el país caribeño.
“Puede. Democracia, instituciones funcionando, gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía, transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, exigió el líder de los blancos, al tiempo que recordó lo escrito el 3 de enero de 2025: “Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ‘aliados’. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado. ¿Hasta cuándo tantos iban acallar o mirar para el costado?”.
“Puede”
— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 4, 2026
Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.
De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY
Consultados por El País, los senadores Martín Lema y Javier García destacaron la “coherencia” de lo expresado por el líder de los blancos. “Es una posición muy blanca. La visión del mejor Uruguay internacional —una impronta también heredada de los históricos posicionamientos de Luis Alberto de Herrera—. Llena un espacio que Uruguay había dejado vacío en política internacional”, opinó García.
Aunque desde el Partido Colorado no hubo demasiadas réplicas a lo publicado por Lacalle Pou uno de los documentos que Ojeda entregó a Orsi destaca la necesidad de que “Uruguay reafirme su compromiso con la democracia, los derechos humanos y las elecciones libres en la región, como principios que orientan su acción exterior con independencia de las coyunturas y de las afinidades circunstanciales”.
“En particular, apoyar la realización cuanto antes de una elección libre en Venezuela”, agrega el documento. No obstante, según supo El País, este tema no fue tratado en el mano a mano que mantuvieron Orsi y Ojeda.
Desde el Frente Amplio —que ha tenido, a la interna, discordancias entre su militancia, dirigentes y la postura del gobierno en materia de política internacional, particularmente en asuntos vinculados a Estados Unidos—, el senador Daniel Caggiani fue uno de los pocos dirigentes oficialistas que se refirió a lo expresado por el expresidente y calificó sus declaraciones de "inoportunas".
“Tardío e insuficiente sería, ¿no? La intervención de Estados Unidos en Venezuela fue el 3 de enero y desde ese momento algunos auguraban que era el comienzo de un proceso de re-democratización, de que iba a haber elecciones, de que iba a volver Corina Machado. Los que reivindicaban a Edmundo González como presidente han estado en un profundo y prolongado silencio. Es raro, además justo cuando el Partido Nacional se niega a ir a conversar sobre política internacional con el presidente. Parece que Lacalle Pou por X quiere intervenir en las conversaciones. Capaz sería mejor que llame al presidente y diga lo que piensa sobre estos temas, más que hablar públicamente”, respondió el dirigente del Movimiento de Participación Popular.
Una discusión incómoda
Desde el ascenso de Hugo Chávez al poder —en 1998 y tras el intento de un fallido golpe de Estado en 1992— y su estrategia de incidir en la geopolítica del continente a través de los “petrodólares”, Venezuela pasó a ocupar un lugar recurrente en la discusión del sistema político uruguayo, con los partidos tradicionales denunciando sistemáticamente el progresivo deterioro de los derechos políticos y civiles hasta la consolidación de un régimen dictatorial.
Mientras tanto, desde el Frente Amplio se apoyaba al gobierno del expresidente —con algunas excepciones en el ala astorista—, hasta el quiebre institucional de 2017 cuando Maduro —que sucedió a Chávez tras su muerte en 2013— no reconoció los resultados electorales cuando la oposición obtuvo mayoría en el Parlamento.
No obstante, la deriva antidemocrática de Venezuela siempre resultó incómoda para el ahora oficialismo, y la falta de una condena al gobierno chavista fue un punto de cuestionamiento y ataques constantes por parte de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.
El punto de quiebre definitivo fueron las elecciones presidenciales de 2024 cuando la comunidad internacional al unísono —con pocas excepciones— denunció fraude electoral y Maduro junto a su cúpula gubernamental —de "unión cívico-militar"— quedaron prácticamente aislados del mundo. Para el sucesor de Chávez los días estaban contados. Así ocurrió el 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas y capturó a Maduro, que actualmente permanece arrestado en el país norteamericano.
Históricamente, Uruguay tiene un vínculo especial con Venezuela, país que supo ser receptor de numerosos uruguayos exiliados durante la dictadura (1973-1985), cuando la nación caribeña se mantenía como una de las pocas excepciones democráticas de la región. Incluso, en julio de 1976, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay luego de que la maestra Elena Quinteros ingresara a la embajada venezolana en Montevideo para solicitar asilo, pero fuera secuestrada igualmente por los militares.