Luego de que el gobierno, obligado por la situación internacional —la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz—, determinará un nuevo aumento en el costo de los combustibles del 7% las críticas de la oposición no tardaron en llegar. Los nuevos precios (de la nafta, el gasoil y el supergás) comenzarán a regir a partir del 1° de abril.
Como consecuencia de la decisión, el Partido Colorado resolvió citar a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a la Comisión de Industria del Senado, por iniciativa del legislador Tabaré Viera.
Desde los partidos tradicionales se cuestionó principalmente el “doble discurso del Frente Amplio” en referencia a la posición del oficialismo en 2021 y 2022 —cuando era oposición y se comenzó a aplicar el mecanismo de fijación de precios establecido por la Ley de Urgente Consideración. Se recordaron las críticas a la suba del precio de la nafta y el gasoil por la invasión rusa en Ucrania.
En ese marco, algunos dirigentes repostearon, por ejemplo, expresiones del actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, correspondientes a 2021 y 2022. El en ese entonces senador había escrito: “El gobierno tiene que asumir que lo que está haciendo hoy con el aumento de combustibles es caja. Incrementando el costo de vida de la gente”.
El diputado Felipe Schipani recordó que en 2022 el barril de petróleo llegó a estar a casi US$ 140. “Ahora, ante una situación análoga pero menos gravosa, con el barril a US$ 107, el gobierno decide aumentar los combustibles, aunque sin ajustarlos al nivel que marca la Paridad de Importación (PPI). Hay un elemento que hay que tener presente. De marzo a diciembre de 2025, según el Centro de Estudios de Políticas Públicas, hubo un sobreprecio de US$ 88 millones en el costo de los combustibles”, apuntó el colorado, quien reconoció que existe “incertidumbre internacional” ante la subas diarias del petróleo.
En tanto, desde el Ejecutivo se defendió que la decisión adoptada amortigua el impacto en la población, al aumentar el precio de los combustibles por debajo de lo que marca el mercado internacional y el cálculo teórico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que considera para el PPI la evolución de los valores en el Golfo de México.
“En medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto. Limitamos el aumento al 7%, protegiendo a la población y a la producción frente a un shock externo. Además, anunciamos medidas de apoyo al sector productivo y (tomamos) la decisión de que esto no impacte en el precio del boleto”, expresó Sánchez tras la conferencia de Cardona y del ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Ante la decisión del gobierno, defendida por ministros y legisladores, la oposición plantea que, si se mantiene la dinámica del mercado internacional y las “circunstancias extraordinarias”, el combustible podría seguir subiendo en los próximos meses.
De parte del Ejecutivo, en tanto, se deberá administrar la tensión que genera para las cuentas de Ancap seguir mitigando el impacto en las tarifas de los combustibles frente a un escenario histórico en el mercado petrolero, marcado por el rápido aumento del precio del crudo ante el shock de oferta provocado por la guerra.
En mayo del año pasado, el gobierno estableció –entre varios elementos que se incluirían en la nueva metodología– topes de variación máxima de los combustibles de 7% destinados a controlar la volatilidad de los precios internacionales.
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