INAU respondió ante el Parlamento por las muertes de menores bajo su tutela; hubo 114 en los últimos cinco años

Las cuatro muertes de menores bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en los últimos dos meses llevaron el viernes a su presidenta, Claudia Romero, y al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a la Comisión Permanente. No fue el único motivo por el que los convocó el senador colorado Robert Silva, quien criticó la “mínima estabilidad” que tiene el instituto por el uso de las encargaturas como método de designación de personal —lo que “está pulverizando la estructura funcional”— y la compra directa de una diplomatura por US$ 250.000 a la Universidad Atlántida de Argentina.

La coalición, después de una sesión que superó las seis horas, no descartó ninguna herramienta a futuro, como por ejemplo la interpelación.

El INAU realizó una investigación para conocer en mayor grado de detalle los motivos de las muertes de niños y adolescentes vinculados al sistema de protección especial, es decir al amparo del instituto en modalidad de residencia de 24 horas o acogimiento familiar.

Así es que se contabilizaron 114 fallecimientos de 2020 a 2025. La presidenta del instituto dijo que tuvieron 20 muertes en el último año, y que un “análisis temporal más fino identificó eventos puntuales de concentración en determinados días o periodos cortos sin una clara explicación científica”.

Sobre 2025, el primer año de su gestión, indicó que se inscribe en un “patrón estructural ya observado, sin agravamiento de los niveles de mortalidad ni cambios sustantivos en su distribución”. Al buscar el “denominador común” de las muertes bajo la supervisión del INAU encontraron que eran las “vidas marcadas por dolor” producto de “múltiples vulnerabilidades y de las historias más desgarradoras que tienen que ver con la violencia y la crueldad”. En esa reconstrucción de las historias, sin embargo, vieron que hubo ventanas de oportunidad perdidas, por lo que confirmaron que “lo único importante es trabajar sobre las vidas”.

También señaló que el 68% de las muertes se dio en personas mayores de 18 años y que, desde el punto de vista de la modalidad de atención, el 72% se registró en centros de atención para personas con discapacidad.

Tienen la misión, continuó la presidenta, de “transformar profundamente el sistema de protección especial”, por lo que su plan estratégico “busca una reducción de la cantidad de niños, niñas y adolescentes con internación residencial y, por el otro, la mejora de las condiciones de vida en los cuidados residenciales”.

Romero señaló que las muertes se dieron en un contexto de una “crisis de la salud mental”. En esa línea, aseguró que el instituto tiene dificultades: “La atención de las patologías de los niños atendidos por el INAU es frágil y excede sus competencias”, por lo que recurre a prestadores de salud, mayormente a ASSE, y a centros especializados de salud mental. En el periodo 2020-2024 tuvieron un fuerte incremento en las solicitudes de intervención en la materia: de 72 a 217, con un aumento de 276%. En una línea similar, la tasa de intentos de autoeliminación subió de 91 casos a 179, lo que significó una suba de 96%.

Estas cifras, dijo la presidenta, “evidencian la imposibilidad del sistema de dar respuestas a las necesidades de salud mental y la debilidad de las prestaciones”. Por ello, continuó ante la comisión permanente, tomaron acciones como un programa de salud mental en coordinación con ASSE, la contratación de un servicio de atención integral en salud mental a través de un llamado, y un convenio con Unicef en 2025.

El senador colorado, al comienzo de la sesión, reconoció que existe un “sistema que tiene multiplicidad de problemas de larga data”. Pero, al mismo tiempo, dijo que se podían aplicar de manera inmediata algunas acciones y sostuvo que le llamaban la atención las muertes que se dieron en los últimos meses, motivo por el cual quería conocer la actuación que se había llevado adelante, sobre todo en lo vinculado al Centro de Breve Estadía (ex-Tribal), del que preguntó: “¿Qué están esperando para cerrarlo? Tienen que hacer algo”.

Por otra parte, Silva apuntó que hay una “afectación de la estructura funcional” por el exceso, desde su perspectiva, de las encargaturas. En ese sentido, dijo: “Una estructura como esta, con la responsabilidad que tiene con los más desvalidos y pobres del país, no puede funcionar si, según el gobierno que esté, se cambian las principales jerarquías”. Pidió, en esa línea, que haya más llamados para personal por concurso y “no puestos a dedo ni encargaturas transitorias”.

Por último, criticó la contratación directa que se hizo de una diplomatura por US$ 250.000 a la Universidad Atlántida de Argentina. Silva denunció irregularidades en la decisión en el directorio y cuestionó que la decisión no se haya tomado con un proceso competitivo. Ya al cierre de la jornada y acompañado de los otros integrantes de la coalición, aseguró que hay una “absoluta oposición” a la resolución de ir por este centro de estudio que “en un ranking figura en el puesto 106 de 126 universidades de ese país”. El senador colorado, en esa línea, objetó que no se haya consultado a la Universidad de la República.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que “falta firmeza en la conducción del INAU”. También criticó, entre varias cosas, que no se informó de manera “cabal y adecuada a la población” cuando se dieron las muertes, “lo que termina generando una dosis de debilitamiento adicional desde el punto de vista institucional”.