ENCUESTA 

Dos días antes de la muerte del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, la consultora Opción había finalizado una encuesta sobre cómo los uruguayos percibían la gestión del gobierno. Por entonces, el 45% de los entrevistados consideraba como “bueno” o “muy bueno” el desempeño en seguridad. El 26%, en cambio, tenía una visión negativa, por lo cual el saldo global era positivo en valores “inauditos” en comparación a los guarismos observados previo a que el jerarca asumiera el cargo.

El fallecimiento de Larrañaga, sin embargo, no frenó el crecimiento de esa percepción positiva sobre el manejo de la seguridad pública. Al contrario. Un nuevo sondeo de la misma consultora, realizado en agosto y siguiendo una misma metodología a través de entrevistas a teléfonos celulares, reveló que casi la mitad (48%) valora como “buena” o “muy buena” la gestión en seguridad. Menos de la cuarta parte (23%) la considera “mala” o “muy mala”. De ahí que el saldo positivo se incrementara en seis puntos porcentuales.

“El imprevisto cambio a nivel de titular del ministerio y la asunción de Luis Alberto Heber no afectó la imagen de gestión en seguridad”, explicó a El País Agustín Bonino, director de Opción Consultores. Es así que según dijo, el gobierno -al término del primer tercio del período- “logra un buen desempeño en la satisfacción de una de las principales expectativas demandadas por la ciudadanía” al momento de la asunción del presidente Luis Lacalle Pou.

Cuando la coalición ganó el balotaje, en 2019, sin pandemia ni crisis económica mediante, siete de cada diez encuestados rechazaba el entonces desempeño en seguridad. Esa área era una de las más críticas y figuraba en el podio de los principales problemas del país a juzgar por la opinión pública.

En ese sentido, Bonino explicó que “el cambio de tendencia en los niveles de aprobación de la política de seguridad pública implica una buena noticia para el gobierno actual, en la medida en que representa el área sobre la cual la ciudadanía depositó mayores expectativas”.

Incluso en seguridad, la población mantenía “más esperanza” que para la mejora de la educación o de las oportunidades laborales. Una encuesta dirigida a medir las expectativas en los meses previos a la asunción de Lacalle Pou, también de Opción, revelaba que 69% de la ciudadanía esperaba cambios positivos en seguridad.

A menos de dos semanas después se haber asumido el cargo, la administración de coalición se enfrentó a una pandemia que, entre otras consecuencias, redujo la movilidad de la población. Eso supuso, entre otros motivos que no están del todo claros, que en al menos 27 ciudades descendieran los delitos; incluso en Montevideo. Así lo constató un estudio del que participaron los investigadores uruguayos Carlos Díaz y Nicolás Trajtenberg, quien reconoció a El País que en Uruguay se conjugaron “otras causas” (por fuera de la pandemia) que contribuyeron a la baja delictiva. En ese marco, consideró que “el gobierno debe exponer qué cambios hizo en seguridad” para demostrar que sus políticas incidieron en los resultados.

Más allá del cambio en la tendencia delictiva, Bonino consideró que es posible que el crecimiento en los niveles de aprobación en seguridad se asocie a aspectos más simbólicos de la actual gestión. Como ejemplo señaló que “se satisfacen valores de autoridad, respeto y expectativas punitivas”, que venían siendo reclamados por algunos segmentos de la población en los últimos años.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo ayer, en entrevista con El País, que la ley de urgente consideración significó “un claro cambio anímico y de actitud en la actividad policial”, y que, más allá de si modificó la base de los delitos o no, la Policía se siente “más amparada en su acción”.

En esa línea, Bonino señaló “la buena imagen de la gestión pública en materia de seguridad es posiblemente indicativa de la afinidad de la población hacia las orientaciones del gobierno en materia de seguridad, las cuales en parte se encuentran comprendidas en el cuerpo de la LUC”. Dicho esto, consideró como “probable” que el gobierno “obtenga fortalezas” en la defensa de las normas relativas a seguridad comprendidas en la ley que se pretende derogar.

La fuga de un recluso del ex Comcar, que trajo aparejada una discusión sobre el relato del ministro del Interior y supuso una interpelación, fue posterior a la finalización de la encuesta de Opción. Su posible efecto escapa a esta medición.

El director general de secretaría de Interior, Luis Calabria, afirmó que en su opinión esta fuga no afectará la aprobación de la gestión. “Se ha pretendido hacer una tormenta en un vaso de agua. No está en cuestión la política de seguridad del gobierno. No se la cuestiona, porque si no tendrían que pelearse con la realidad”, argumentó.

El senador del MPP Eduardo Bonomi y exministro del Interior, explicó a El País que “las fugas se pueden dar en cualquier situación y gobierno, ya que en general hay una complicidad policial”. Por eso dijo que “no” le preocupa la fuga en sí, “sino la contradicción en las explicaciones” entre las autoridades del Poder Ejecutivo. Bonomi, quien fue la cara visible de la gestión de seguridad del FA, prefirió no opinar sobre el sondeo de Opción: “Siempre decliné hacer apreciaciones sobre las encuestas, esta no será la excepción”.

Tres preguntas a Agustín Bonino 

Sociólogo y director de la empresa Opción Consultores  

¿El manejo de la seguridad explica el nivel de aprobación general que tiene la actual gestión de gobierno?

A partir de análisis multivariados realizados por la consultora, la seguridad se encuentra por detrás de la economía y, coyunturalmente, por detrás de la gestión de la pandemia en su nivel de influencia en la evaluación general que los ciudadanos realizan del gobierno. Cuando se consulta los motivos de forma abierta, 7% hace referencia explícita al buen manejo de la seguridad.

¿Qué percepción tienen los votantes del Frente Amplio sobre la gestión en seguridad y cuánto varió esa postura?

El 43% del electorado del FA desaprueba la gestión en seguridad, mientras que 22% la aprueba. El saldo es negativo. Hace cinco años, el 37% del entonces electorado oficialista desaprobaba la gestión, lo cual representaba niveles de desaprobación levemente inferiores a los actuales, a pesar de tratarse de la gestión de su partido.

Murió el ministro Larrañaga y la aprobación de la gestión en seguridad sigue al alza. ¿Cómo se explica?

Posiblemente la población visualice una “política de gobierno” en materia de seguridad que trasciende a las figuras ministeriales, y que tiene un denominador común respecto a estilos de liderazgo de la seguridad pública. A esto se le suma la baja en los delitos.