Una nueva muerte de una persona en situación de calle, ocurrida en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), desató un cruce de responsabilidades entre dos instituciones del Estado que intervinieron en el caso.
Según informó la cartera liderada por Gonzalo Civila en primera instancia, un equipo del Mides solicitó la asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al encontrar en la vía pública a un hombre de 41 años que dijo haber sido agredido, golpeado con palos.
Tras ser examinado por el equipo médico de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se resolvió luego de revisarlo que no ameritaba que fuera trasladado a un centro asistencial, por lo que se definió derivarlo a un refugio en el barrio La Teja.
En un comunicado, el Mides informó que la persona llegó al refugio a las 22:25. “Luego del ingreso, el personal del refugio llamó nuevamente a la emergencia médica para valorar su situación y evaluar la pertinencia de un traslado a un centro asistencial. La Unidad Coronaria Móvil (UCM) se hizo presente a las 00:25 y no entendió pertinente el traslado”, comunicó la cartera.
A su vez, el Mides indicó que los trabajadores del refugio volvieron a comunicarse con la emergencia, “preocupados por su estado de salud”, pero al arribar al lugar el personal de salud constató el fallecimiento de la persona.
Según informaron desde ASSE a El País, al momento de ser atendido por SAME —en la rambla— el hombre presentaba efectivamente heridas leves en la cara, pero estaba lúcido y no manifestó en ningún momento haber sido golpeado. Por tanto, sí se requirió que fuera trasladado para pasar la noche en un refugio, pero no se entendió pertinente mayor asistencia médica ni en esa instancia ni en la realizada por el equipo de UCM posteriormente.
Por lo pronto, habrá que esperar la autopsia del Instituto Técnico Forense para conocer las causas del fallecimiento.
Cuestionamientos a Civila
La muerte reavivó cuestionamientos a la gestión del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien semanas atrás había sido respaldado por el presidente Yamandú Orsi durante la presentación de la “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”.
En este caso, las críticas surgieron incluso desde una agrupación con la que el jerarca había alcanzado un acuerdo electoral para octubre. Así, más allá de las actuaciones tanto del Mides como de los equipos de salud, Civila enfrenta un nuevo revés político, con acusaciones de incumplimiento de compromisos por parte del Partido Socialista (PS).
Previamente, los cuestionamientos ya habían sido planteados por legisladores del Movimiento de Participación Popular, en un contexto donde —según reconocen varios dirigentes— existe una puja interna entre socialistas y comunistas que ha repercutido en distintos aspectos de la gestión del ministerio.
“Es como las brujas: no sé si existen, pero que las hay, las hay. Y frente a eso, nosotros vamos a actuar como creemos que corresponde: elevando la discusión y el nivel del debate”, afirmó en Canal 5 el secretario general del Partido Socialista, Pablo Oribe, al ser consultado sobre eventuales operaciones dentro del oficialismo contra Civila.
También el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, salió en defensa del ministro. En diálogo con El País, sostuvo: “Lo que creo es que hay una operación política en contra de Civila. Se ha instalado cierto malhumor, incluso se ha involucrado al MPP con eso, y me parece que no está arriba de la mesa. A los compañeros que están instalando operaciones políticas habría que decirles que defiendan más al gobierno y que conspiren menos”.
Responsable directo
Por su parte, el Movimiento Brazo Libertador, liderado por Diego Olivera, denunció a través de un comunicado —del que informó El País— que “luego de haber agotado las vías de diálogo orgánico, alzamos nuestra voz para denunciar una traición profunda a la ética militante, a los principios transformadores de la izquierda y a la confianza del pueblo organizado”.
El sector, que a través de 52 hojas de votación —la estrategia conocida como colectora—aportó en todo el país más de 14.800 votos para que el sublema Socialismo es Libertad alcanzará una banca en el Senado, lugar que hoy ocupa por la lista 90 Gustavo González al ser Civila parte del Poder Ejecutivo.
En referencia, el politólogo Daniel Chasquetti había escrito el 29 de octubre de 2024: “El Partido Socialista sin diputados pero con un senador. Civila tuvo su propia colectora. Diego Olivera del grupo Brazo Libertador lo llevó al Senado en 28 hojas de votación. También abrió otras 23 que contribuyeron al sublema”. En esas 52 hojas, según el analista político, Olivera fue el primer candidato a la Cámara de Representantes.
El sublema Socialismo en Libertad —que sumó 77.318 votos— también lo integraron el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Movimiento Cambio Frenteamplista (lista 5005), Izquierda en Marcha, Brazo Libertador, Acción Progresista, entre otros.
En diálogo con El País, Olivera señaló que ocupaba el décimo lugar en la histórica lista 90 al Senado en las últimas elecciones, pero que, mientras todos los demás “asumieron cargos de responsabilidad, a nuestro sector lo dejaron afuera”.
“Agotamos todas las alternativas, incluso con Gustavo González. Se lavaron las manos. Con Civila es mentira tras mentira y su miedo es que saliéramos a la prensa”, reclamó Olivera, quien además reconoció que la situación de calle es un problema recurrente y una preocupación constante entre militantes de su sector político.
“Hoy asistimos con indignación popular a una realidad inaceptable: miles de frenteamplistas de base, que sostuvieron esta bandera con sudor y lucha cotidiana, han sido despojados de toda representación real. Que se entienda con claridad: esto no es un simple reclamo de cargos ni de cuotas burocráticas. Es una interpelación profunda por la representatividad traicionada. Hacemos responsable directo de esta exclusión al ministro Civila. Exhortamos a las autoridades del Frente Amplio a tomar nota urgente y a rectificar en consecuencia”, concluye el comunicado difundido este martes.
En tanto, desde el PS aclararon a El País que en los acuerdos por sublema el acceso a la banca corresponde a la lista más votada y se presume que el reclamo viene precedido de la intención de acceder a algún cargo que no fue ofrecido o aceptado.
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