LUC Y SEGURIDAD

El Ministerio del Interior dice que por la LUC se atrapó a 500 delincuentes

De los 135 artículos que se buscan derogar, 33 están referidos a la seguridad y para muchos son una de las razones de la baja en la cantidad de delitos.

Operativo policial. Foto: Estefania Leal
Operativo policial. Foto: Estefania Leal

Mientras que en la Corte Electoral se encuentran contando y validando las firmas que fueron juntadas por el Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales con el fin de llamar a referéndum y derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la coalición de gobierno se prepara para dar la batalla. Casi el 25% de esos artículos (33 específicamente) están referidos a la seguridad, y para muchos son una de las razones de la baja en la cantidad de delitos.

Para quienes condenan la LUC, los artículos sobre seguridad son “los más regresivos”. En tanto, en el Ministerio del Interior entienden que “la voluntad de cambio” ha quedado clara en esa normativa, y sostienen que ha sido muy útil a la hora de salir a la calle a combatir la inseguridad.

El director de Secretaría de la cartera, Luis Calabria, indicó a El País que “al menos 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creadas” en la LUC. Estos números incluyen a mayores de edad y también a menores.

“Estamos procesando los datos, pero en una primera estimación, si la LUC se derogara al menos 500 delincuentes se beneficiarían. Ese número obviamente se irá incrementando con el paso del tiempo”, señaló.

En el Ministerio del Interior entienden que en caso de que se derogara la ley “se despojaría a la Policía de instrumentos fundamentales para luchar contra el delito, los que han permitido cambiar el paradigma”.

Uno de los artículos que se buscan eliminar es el número 50, que le da potestad a la Policía para detener a una persona que no pueda identificarse con su cédula de identidad. El exministro Jorge Larrañaga había dicho a El País en marzo de 2020 que gracias este artículo la Policía “había agarrado” a muchos delincuentes que estaban requeridos por la Justicia.

El sucesor del fallecido ministro, Luis Alberto Heber, afirmó días atrás en rueda de prensa que se “atraparon asesinos” tan solo pidiendo la cédula. “Se pretende derogar un instrumento sensato”, opinó, en tanto, el director de Secretaría.

“Si se deroga, un inspector de tránsito de una intendencia tendrá más facultades para pedir documentos que el policía que tiene que prevenir delitos”, sostuvo Calabria.

Otro de los artículos de la ley que se busca eliminar, y que para el Ministerio del Interior ha sido clave para “mejorar la investigación” policial, es el 21, que permite la declaración voluntaria de un detenido en sede policial.

Según explicó Calabria este artículo, el cual definió como “fundamental”, hace que la Policía le dé mejores elementos a la Fiscalía en el marco de la persecución criminal.

“Con el Código de Proceso Penal (CPP) se había quitado esa posibilidad (de la declaración voluntaria en sede policial) y había que corregirlo”, indicó el jerarca.

Delitos creados

Resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial. Estos dos delitos fueron creados con la LUC y para el Ministerio del Interior tienen un significado importante: que la Policía se sienta más respaldada a la hora de salir a la calle a combatir la delincuencia.

En este concepto de respaldo a la Policía también ha coincidido el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo (Siefpom). El abogado del gremio, Andrés Ojeda, indicó a El País que hay artículos de la LUC que “no solo implican un respaldo, sino que materializan reclamos históricos del sindicato”. Esta es una de las razones, dijo, por las que el gremio no juntó firmas a favor de la derogación.

Para Calabria las dos figuras creadas por la LUC -la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial- “han marcado un importante apoyo simbólico y material a la Policía”.

“Lo que se hizo con la LUC fue devolverles el respeto por su rol en la sociedad. Del mismo modo con el artículo 1o, que establece la legítima defensa presunta. El Policía es la ley actuando, es el soporte de la ley y por tanto el Estado debe respaldarlo y cuidarlo”, agregó.

Otro de los artículos de la LUC que la Comisión quiere derogar y el Ministerio del Interior considera fundamental, es el 74. “Tiene como base un proyecto de ley de Larrañaga de 2016, donde se agrava la pena en caso que se use un hogar para venta de droga”, explicó Calabria.

El funcionario dijo que al no tener la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos contra “las bocas de pasta base en hogares” se recurrió al agravamiento de penas. “Tienen la falaz lógica de que hay que tolerar el narcomenudeo”, se quejó.

Para el jerarca, “la LUC cambia el paradigma”. “Los que la quieren derogar, quieren restituir la lógica indulgente con el delito y los delincuentes que imperó en las administraciones anteriores”, opinó.

Denuncia de los defensores públicos y respuesta de la SCJ

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) elevó un informe hacia la Suprema Corte de Justicia alegando que existe un “incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones”, informó la semana pasada el semanario Búsqueda.

El organismo emitió luego un comunicado informando que resolvió remitir una copia del informe a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Por otra parte indicó que pretende “que especifique si se han relevado casos concretos”. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se manifestó en rueda de presa sobre el tema y dijo: “Sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos, pregunté en Fiscalía y no hay denuncias”.

"Derecho a aplicar la política de seguridad"

El director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo que “quienes impulsan derogar la LUC, en definitiva lo que quieren es derogar los cambios que la mayoría de la gente votó en noviembre de 2019”.

El jerarca de la cartera de seguridad expresó que “el gobierno tiene derecho a aplicar su política de seguridad, la cual está plasmada en gran parte en la LUC”. “Tiene el derecho, tiene la responsabilidad y tiene la obligación llevar adelante la política que se prometió y que la mayoría de gente votó”, agregó.

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