Medidas cautelares, "cuando son irracionales, suponen un adelantamiento de la pena", sostuvo la defensa de Besozzi

Antes de que la jueza revocara la prohibición que tenía Guillermo Besozzi de acercarse a dependencias de la Intendencia de Soriano, la Fiscalía argumentó que, de hacerlo, se le estaría “permitiendo” volver al lugar “donde cometió los ilícitos”. A lo que la defensa respondió que “no hay ninguna prueba” de que el intendente electo “haya intentado entorpecer la investigación”.

La resolución de la jueza Ximena Menchaca sobre la medida cautelar era esperada por Besozzi, que asumirá como intendente el próximo 10 de julio. La magistrada fundó su decisión —según reconstruyó en su momento El País—, principalmente en que durante estos meses la Fiscalía no ha constatado que Besozzi haya intentado entorpecer la investigación.

En la audiencia, lafiscal Charline Ferreyra argumentó —sin éxito— que se debía mantener la prohibición a Besozzi de no acercarse a las dependencias de la intendencia. Desde su visión, el nacionalista “volverá a asumir en la intendencia donde cometió los delitos”. E insitió: “La Fiscalía entiende que es un riesgo procesal mucho mayor de entorpecimiento de la investigación y denotaría que el imputado tiene cierta impunidad en su actuar" porque se le estaría "permitiendo volver a estar en ese mismo lugar donde cometió los ilícitos”.

“Le estaríamos permitiendo volver a ese lugar, y posiblemente se puedan cometer nuevos delitos. Ese es un riesgo importante”, continuó.

En esa línea, añadió: “Podría ir a cada sector de la intendencia, por ejemplo, para destruir evidencia, ir a sus reparticiones, hablar con personas, presionar a funcionarios y a sus propios subalternos porque es la cabeza de la intendencia cuando vaya a asumir”.

La fiscal, además, aseguró en la audiencia que hay “funcionarios que tienen que declarar en calidad de testigos” por la causa. Advirtió, a su vez, que la Fiscalía citó en “varias oportunidades” a personas pero “no quisieron concurrir porque tenían temor de declarar”.

“Ante ese escenario, esta situación va a generar una presión, un riesgo, donde las personas pueden abstenerse a declarar o no querer declarar en el juicio posteriormente", sostuvo.

La defensa de Besozzi, por su parte, reafirmó la necesidad de que su cliente pueda trabajar en la intendencia.

Uno de sus abogados, Nelson Rosa, aseguró que “no hay ninguna prueba” de que el nacionalista “haya intentado entorpecer la investigación”. Asimismo, criticó la postura de la Fiscalía: “Se dicen cosas que pueden pasar pero, evidencia concreta, no existe. Solicitar mantener una medida cautelar por meros supuestos, es muy grave y afecta considerablemente nuestro sistema procesal penal”.

El otro abogado de Besozzi, Pablo Vera, apuntó que Fiscalía “no puede traer a colación un hecho concreto que suponga” que se está “ante un riesgo o entorpecimiento de la investigación”.

Además, argumentó: “Las medidas (cautelares) son legales pero, cuando pasan a ser irracionales, arbitrarias o de una manera que no tienen ponderación con los derechos que conjuran, pasan a ser ilegales porque suponen un adelantamiento de pena que está expresamente prohibido por el artículo 12 de la Constitución”.

La Fiscalía apelará la decisión de la jueza de remover la medida cautelar de acercamiento a la intendencia.

A Besozzi se lo imputó por siete delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.