GOBIERNO ENTRANTE

Luis Lacalle Pou asume este domingo 1° de marzo con el pie en el acelerador

El gobierno electo tiene una lista de impostergables a partir de mañana: los juicios al Estado, el contrato con UPM y el déficit.

Luis Lacalle Pou sostiene el programa de gobierno del Partido Nacional para el período 2020 - 2025, que se titula "Lo que nos une". Foto: Fernando Ponzetto
Luis Lacalle Pou sostiene el programa de gobierno del Partido Nacional para el período 2020 - 2025, que se titula "Lo que nos une". Foto: Fernando Ponzetto

Quedan pocas horas para que el gobierno electo asuma funciones. Las próximas autoridades tienen claro que deben mitigar los efectos de algunas bombas que podrían explotarles en la cara en las siguientes semanas, por lo que muchos temas prioritarios fueron contemplados en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración que será presentado al Parlamento a mediados de marzo. Así buscaron asegurarse las primeras soluciones.

Sin embargo, también hay otros aspectos que requieren atención inmediata y no están incluidos en el texto. Por eso en el equipo del ahora presidente electo, Luis Lacalle Pou, saben que tienen varios frentes abiertos a la vez y son conscientes de que deberán trabajar contra reloj para resolverlos apenas asuman.

Los juicios contra el Estado uruguayo, que vienen de administraciones anteriores, se volvieron prioritarios para las próximas autoridades, en especial por los montos de dinero que se están reclamando. El litigio que está ahora más latente es el que inició la empresa Aratirí, que busca un resarcimiento económico debido a que el proyecto minero fracasó.

El actual secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, viajó a fines de enero a Washington por este tema. Durante esos días también declararon ante el tribunal los expertos en calcular los daños que habría sufrido la compañía india. Uno de ellos fue el designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien fue contratado en 2019 por el estudio Ferrere, que representa a la firma extranjera. Su comparecencia generó críticas y desde el Frente Amplio llegaron a plantear que no debía asumir el cargo por conflicto de intereses.

El fallo de este juicio recaerá, sin dudas, sobre el gobierno que asume en las próximas horas. De concretarse lo que Aratirí reclama, el Estado uruguayo debería resarcirla en US$ 3.536 millones por haber incumplido con el Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay.

Fuentes del próximo gobierno dijeron a El País que están “confiadas” de que nuestro país logre ganar este litigio. De hecho, el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, declaró a los medios días atrás que “la expectativa que transmitió” Toma luego de haber viajado “es positiva”. “Obviamente vamos a estar del lado de que el Estado gane porque en caso de que el Estado pierda, lo terminamos pagando todos”, agregó.

Pero este no es el único juicio millonario. Caballero Verde, la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna tras habérselas comprado a Leadgate, inició un reclamo internacional en 2019 para obtener una compensación financiera por el cierre de la aerolínea de bandera. Según la compañía, el Estado uruguayo fue responsable de que esto haya ocurrido.

Si bien todavía no se fijó el monto reclamado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, es posible que no sea menor a US$ 15 millones, la cifra que pagó Leadgate por Pluna en 2007. En este caso, el tribunal todavía no terminó de conformarse y el fallo también recaerá sobre la administración de Lacalle Pou.

Y también se anunció una demanda por parte de Katoen Natie Group, la compañía belga que opera la terminal de contenedores del puerto. Como informó El País días atrás, la firma notificó al Estado uruguayo su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones debido a incumplimientos.

Según la carta que enviaron tanto al gobierno actual como al electo, acusan a Uruguay de causarle un daño a ella y a los inversores al “favorecer, fomentar y tolerar” que opere otra terminal por fuera del régimen legal. Esta es Montecon S.A., que trabaja en los muelles públicos de la Administración Nacional de Puertos.

En la lista de prioridades de las próximas autoridades, los litigios internacionales ocupan el primer puesto. Pero el ranking también incluye otras preocupaciones que se volverán “impostergables” a partir de mañana, reconocieron las fuentes consultadas.

Otros frentes

La renegociación del contrato con la finlandesa UPM, que pretende instalar su segunda fábrica de celulosa en el Río Negro, es otra de las prioridades del gobierno electo. Los futuros jerarcas son conscientes de que “buena parte” del acuerdo ya está laudado, aunque se muestran confiados en poder corregir algunos aspectos que todavía no fueron cerrados.

El ministro de Transporte designado, Luis Alberto Heber, dijo a El País días atrás que consideraba “inadmisibles” ciertas partes del texto firmado. “A mi juicio hubo apuro de tener el contrato firmado. Ese apuro debilitó el posicionamiento y los intereses del país por parte del gobierno actual y eso ha llevado a cosas que a nuestro juicio son inadmisibles en el contrato”, sostuvo.

El problema es que para renegociar, el próximo gobierno deberá darle algo a cambio a la compañía finlandesa. Todavía no está claro en qué puntos piensan dar el brazo a torcer y las próximas autoridades han sido muy cautelosas de no manejar estos temas en la prensa. No obstante, Heber puntualizó uno de los aspectos que habría que revisar: “El tema del tren ha generado problemas, es una inversión carísima que tenemos. Gastar US$ 1.000 millones en el tren es un inversión sideral”.

El País consultó fuentes de UPM, quienes prefirieron no realizar comentarios al respecto. Solo plantearon que se reunirán con las futuras autoridades en los próximos días, aunque hicieron hincapié en que intentarán mantener el contrato “tal cual está”.

En tanto, otra preocupación de las próximas autoridades son los números de la economía uruguaya. En su programa de gobierno, el presidente electo se había comprometido a generar un ahorro de US$ 900 millones anuales con el objetivo de mitigar el déficit fiscal. Sin embargo, y en una de las primeras polémicas de la transición, Lacalle Pou reconoció que esa cifra debía ser revisada luego de que la administración de Tabaré Vázquez decidiera no aumentar las tarifas en enero.

Fuentes del siguiente Ejecutivo admitieron que accederán a los “verdaderos números” una vez que asuman, por lo que todavía no pueden especificar de cuánto será el ahorro. Cabe destacar que la próxima administración se comprometió a mejorar las cifras sin subir impuestos y de cumplir con esta promesa, el recorte del gasto y la reactivación de la economía serán las únicas armas con las que contarán.

¿Cuánto tiempo tienen para hacerles frente a estos problemas? Tampoco está del todo claro, aunque en el próximo gobierno consideraron que son todos temas a atender antes de que termine el primer año.

¿Es posible corregir el déficit sin impuestos?

Las autoridades electas se comprometieron a mejorar el déficit fiscal sin aumentar impuestos. El abogado especializado en derecho tributario, Carlos Loaiza, consideró que esta iniciativa es “titánica”, aunque descartó que sea imposible.

“El nuevo gobierno tiene un déficit fiscal abultado y corregirlo puede significar un gran esfuerzo. Cómo van a manejar esta situación es una incógnita, porque depende de otros factores que no podemos controlar, como la evolución de la economía”, dijo. 

Aguas corrientes, la herencia de Vázquez

El presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley a fines de diciembre para solucionar el problema de Aguas Corrientes, donde funciona la principal planta potabilizadora de OSE. La propuesta, que viene siendo postergada desde la década de 1990, implica una inversión de US$ 150 millones para construir una represa en el río Santa Lucía y una planta de tratamiento para los lodos que se forman durante la potabilización. La propuesta generó críticas en el gobierno electo. 

Los fármacos caros y la patada hacia adelante

Otro proyecto de ley presentado por el presidente Tabaré Vázquez a fines de diciembre está relacionado con los medicamentos de alto costo, que implicaron cientos de recursos de amparo contra el Estado en el último período. El texto busca excluir de la financiación del Fondo Nacional de Recursos todos aquellos tratamientos que no formen parte de los protocolos que establecen las cátedras de la Facultad de Medicina. La propuesta también fue cuestionada por las nuevas autoridades. 

Pit-Cnt evalúa juntar firmas para derogar la ley de urgente consideración
Analizan tomar esta medida si el texto se aprueba tal como está
Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, con Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores

La Mesa Representativa del Pit-Cnt se reunirá el 25 de marzo para analizar el texto final del proyecto de ley de urgente consideración propuesto por el gobierno electo. El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo a El País que se eligió esa fecha para dar tiempo a que los socios de la coalición multicolor presenten sus descargos con respecto al borrador publicado a fines de enero.

A pesar de que es probable que el texto actual sufra modificaciones, el Pit-Cnt ya evalúa las medidas que podría llegar a tomar si se aprobara como está redactado hoy. En ese sentido, Pereira no descartó que se convoquen paros ni que junten firmas para impulsar un prerreferéndum que podría terminar con la derogación de la norma.

“Tenemos diferencias en educación, lo relativo a las empresas públicas, en seguridad pública. Tampoco compartimos el artículo que limitaría el derecho de huelga, aunque parecería que se va a modificar. Estamos en una etapa de estudiar, pero no estudiamos para saber más, estudiamos para accionar. Si consideramos que algo es negativo, hacemos lo que consideramos necesario para evitar los retrocesos”, dijo Pereira.

El Pit-Cnt tiene unos 400.000 afiliados. El presidente de la central sindical está confiado en que lograrían juntar las 70.000 firmas necesarias para convocar un prerreferéndum.

Si la iniciativa triunfara, la ciudadanía sería llamada a una instancia electoral que podría derogar el texto propuesto por el equipo del presidente electo, Luis Lacalle Pou. 

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