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Lacalle Pou respalda a Alfie tras la polémica

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Isaac Alfie. Foto: archivo El País.

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El futuro director de la OPP asesoró al estudio que trabaja para Aratirí y va a declarar en Washington.

El futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quedó envuelto en una polémica este fin de semana después que se supo que realizó una asesoría técnica para un estudio jurídico contratado por Aratirí y que declarará en Washington en la audiencia final del juicio que la minera entabló contra el Estado uruguayo, que se inició en agosto de 2018 y donde reclama 3.536 millones de dólares.

El dirigente colorado se encuentra en Washington desde el viernes, según publicó anoche en su cuenta de Twitter. El caso trascendió en redes sociales y el programa 970 Noticias de radio Universal publicó el sábado que Alfie iba a declarar a favor de Aratirí y en contra del Estado uruguayo en el juicio millonario iniciado en 2018.

Ayer al mediodía el gobierno electo emitió un comunicado en el que respalda al futuro director de la OPP. Allí se afirma que el presidente electo Luis Lacalle Pou fue informado “desde un primer momento por parte de Isaac Alfie a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. Y agrega que “ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia”.

El objetivo del trabajo fue elaborar un informe técnico sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, dice la nota. El documento original fue entregado en junio de 2019 “y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado uruguayo”, indica el gobierno electo.

Agrega que el economista colorado “ha dado a lo largo de su trayectoria sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público”, que hacen que se deposite en él “la confianza para ejercer la función gubernamental”.

La nota concluye que el gobierno electo defenderá “en todo momento y en cualquier tema” los intereses del Estado uruguayo, “adoptando todas las medidas de protección que correspondan”. Además, recuerda que desde un principio Lacalle manifestó su oposición a la instalación de Aratirí, “en aras de obtener información fehaciente sobre su impacto ambiental”. Impulsó una “intensa agenda parlamentaria”, realizó interpelaciones y llamados a sala.

Su versión

Casi al mismo tiempo, Alfie publicó en su cuenta de Twitter un comunicado complementario, acompañado por el título “La realidad”. Allí el designado director de la OPP dice que en abril del año pasado un estudio jurídico le pidió un informe técnico como experto, sobre la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay a partir de 1974. “Corresponde al experto informar al Tribunal, que es independiente e imparcial, sobre asuntos de su conocimiento y experiencia”, indica Alfie.

Agrega que su informe no trata ni se expide sobre el fondo “ni sustancia el caso”, ni tampoco trata sobre la eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o el monto de eventuales daños.

Según Alfie, “el informe se circunscribe a la evolución de la aplicación del régimen de promoción de inversiones en Uruguay, describiendo los beneficios fiscales disponibles y los sectores de actividad contemplados”. Contiene estadísticas en base a información disponible en forma pública.

El próximo director de la OPP advierte que el informe “no estima el monto de potenciales beneficios fiscales ni aborda la existencia o no de eventuales daños”.

Y concluye así: “Resulta notorio que no soy actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo, que mi participación se restringe a los asuntos descritos, que no represento parte alguna y que la potestad de citarme a declarar depende del Tribunal y las partes del caso”.

Anoche, Alfie publicó nuevos tuits. Allí indicó que está en Washington a requerimiento del Estado Uruguayo, que lo ha citado para la audiencia.

Y agregó que las “instrucciones” que le dio la empresa pasan por “el alcance del informe”. Publicó una captura de un documento donde están esas instrucciones: describir el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones, los incentivos otorgados en la última ley y analizar si el proyecto Valentines “calificaba para recibir beneficios fiscales”.

Allí Alfie declara que es independiente respecto a las partes del arbitraje. “No tengo ni tuve en el pasado ninguna relación con los demandantes ni sus asesores legales en este proceso, ni tampoco con los integrantes del Tribunal Arbitral”.

Desde el Frente Amplio, algunos dirigentes y militantes cuestionaron a Alfie. Por ejemplo, Charles Carrera, senador del MPP, escribió que Alfie “es libre de ejercer su profesión y buscar un lucro compensatorio”, pero “que participe con un alto cargo en el Estado lleva a una confusión de roles que lisa y llanamente puede configurar una conjunción de interés público y privado”

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