CABILDO ABIERTO

En la media hora previa al inicio de la sesión del Senado este martes, el legislador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) discrepó con la resolución judicial que decidió procesar con prisión a un militar retirado por un hecho grave ocurrido el 14 de julio de 1972 y dijo que es una "persecución ideológica de venganza y que nada tiene que ver con Justicia".

El soldado al que hizo referencia es Leonardo Vidal, hoy de 72 años, quien mató al tupamaro Nelson Berreta Hernández mientras intentaba huir. La semana pasada el ministro de Defensa, Javier García, manifestó que tanto él como el presidente Luis Lacalle Pou están "preocupados" por el procesamiento a un soldado 48 años después que recibió una orden y mató a un detenido. Dos días después, tras crítica del Frente Amplio, García reafirmó su postura frente al procesamiento del soldado.

Lozano, Coronel de Artillería, señaló: "Estamos ante un hecho muy grave que atenta nuestro Estado de derecho".

"El 14 de julio de 1972 un terrorista, guerrillero o luchador social, como quiera llamársele, integrante del aparato militar, se ofrece a colaborar y marcar locales de funcionamiento de la organización subversiva. El detenido es llevado a señalar dos posibles lugares, intentando fugarse. Empieza a correr, recorriendo unos 30 metros. Se le da la voz de alto, el oficial dispara dos tiros de advertencia y luego un joven soldado, cumpliendo la orden del oficial a cargo, dispara una ráfaga alcanzando al detenido y siendo constatada posteriormente su muerte.El juez competente de la época dispuso la clausura de las investigaciones", relató.

"Pasaron 48 años de esos tristes sucesos. Se reabre el caso y la jueza, a pedido del fiscal (Ricardo) Perciballe, procesa con prisión al otrora joven soldado sin tenerse en cuenta el plazo máximo de prescripción de 20 años previsto para los delitos más graves en el artículo 117 de nuestro Código Penal. El fiscal opina: se trata de un delito de lesa humanidad", expresó.

Lozano continuó su relato indicando que tras los hechos se ordenó detener a "a aquel humilde ciudadano oriundo del interior del departamento de Cerro Largo, que es ahora un retirado militar con muchos años más".

"Hoy es un septogenario que sigue siendo pobre y que se llama Leonardo Vidal. Vive con su humilde familia en el asentamiento Los Reyes y está enfermo. Fue operado hace pocos años de cáncer y se le postergó debido al COVID-19 una nueva intervención quirúrgica (...) Se procesa con prisión a este frágil y viejo soldado que cumplió con su deber", agregó.

Lozano remarcó: "En 1972 en nuestro país vivíamos en democracia, en un Estado de derecho". "Entonces, cabe preguntarnos: ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad?", indicó.

"'Esta Justicia tiene hedor a venganza', dijo el senador (José) Mujica años atrás. En la misma línea fue que la doctora Azucena Berrutti dijo: 'Se les condena sin tener pruebas'. Si en estos precisos momentos un recluso está fugándose de un establecimiento penitenciario, el soldado cumple con su deber y ¿dentro de 50 años lo irán a mandar preso? ¿El soldado en lugar de cumplir con su misión debe hacerse el distraído, mirar para un costado, dejar escapar al recluso evitando así problemas con la Justicia? Seguramente también será sancionado debido a la rígida disciplina del Ejército, pero no irá a la cárcel. ¿Lo vamos a obligar a que tome esa inmoral, indigna y deshonesta determinación? ¿La tripulación de una aeronave que derribe, previa orden del presidente de la República, a un avión de narcotraficantes en algunos años serán enviados a prisión?", planteó.

"¿Es acaso eso Justicia? ¿Es el Estado de derecho que queremos? ¿Los legisladores podemos permanecer callados con un silencio cómplice permitiendo sumisamente esta clara persecución ideológica de venganza y que nada tiene que ver con Justicia? No. Nos quedaremos callados. Deberemos estudiar, analizar y modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos. Deseo que se envíe copia de estas palabras a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fiscalía General y al Instituto Nacional de Derechos Humanos", finalizó.