LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Límite de reunión estará bajo control de comités de emergencias

Contra reloj, el gobierno de Luis Lacalle Pou afina el decreto reglamentario y resuelve cómo será la coordinación en la frontera.

Luis Lacalle Pou este miércoles de noche en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal
Luis Lacalle Pou en la conferencia donde anunció las nuevas medidas contra el COVID-19. Foto: Estefanía Leal.

Mañana entrará en vigencia la ley que limita el derecho de reunión, suspende las aglomeraciones, establece multas para quien infrinja las disposiciones y faculta “al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes y a los gobiernos departamentales, a disponer el cese de las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente”.

El presidente Luis Lacalle Pou considera la norma lo suficientemente clara y hasta ayer descartaba elaborar un decreto reglamentario que explicitara, entre otras cosas, cuántas personas se requieren para conformar una aglomeración. El Frente Amplio criticó en el Parlamento esa “imprecisión”, aunque sobre este aspecto algunos legisladores, como Mario Bergara, reconocieron que poner un número no sirve.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, dedicaron todo el día de ayer a estudiar el alcance de un protocolo de coordinación institucional para la aplicación de las medidas resueltas esta semana con el fin de frenar el avance del COVID-19. Sobre la tardecita, Ferrés definió que ese protocolo tendrá finalmente carácter de decreto reglamentario de la ley que dispuso límites al derecho de reunión consagrado en la Constitución.

“Se decidió redactar un decreto que incorpore normas de coordinación entre los organismos públicos a efectos de supervisar y fiscalizar las reuniones y aglomeraciones”, dijo Ferrés a El País. “Yo estoy redactando el decreto. Mañana mantendré una reunión con los ministros de Interior y Defensa para seguir avanzando”.

Operativos de control.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) es la base sobre la que se pondrá en marcha la intervención estatal. El decreto -en el que el prosecretario de Presidencia aún trabajaba anoche-, “precisa lo estipulado en la ley en cuanto a la determinación del rol de los ministerios, los gobiernos departamentales, y sobre todo la implementación de los Cecoed permanentes y ampliados con representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Salud, jefes de Policía, más los intendentes, representantes de los ministerios de Interior y Defensa, entre otros”, adelantó Ferrés.

En Presidencia ponderan el valor “operativo” de los Cecoed. Estos comités serán los encargados de controlar y fiscalizar las nuevas disposiciones del gobierno. Desde el jueves, Delgado está trabajando en el armado de estas unidades de monitoreo junto con los intendentes, los ministerios y la Fiscalía General de la Nación, ya que cada comité estará integrado por un fiscal departamental. Ahora, con el decreto que afina Ferrés, quedará especificado por escrito el funcionamiento.

Ferrés dijo que en la reunión que mantendrá hoy con los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y Defensa, Javier García, se definirán “cuestiones de frontera que podrán o no integrar el decreto”. Por su parte, Larrañaga, informó a El País que hoy a las 19:30 brindará junto a García una conferencia de prensa para explicar cómo se instrumentará el control sobre el cumplimiento de la ley que limita el derecho de reunión por razones de salud y además establece el cierre de fronteras hasta el 10 de enero de 2021 inclusive, salvo para transportistas internacionales y pasajeros que acrediten haber comprado pasaje para el ingreso al país antes del 16 de diciembre.

El senador Enrique Rubio, del Frente Amplio, planteó el jueves que prohibir el ingreso a ciudadanos uruguayos (aunque no tengan pasaje) es inconstitucional y que se pueden generar problemas en la frontera.

Redacción de la ley.

El crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 durante los últimos 10 días aceleró la redacción del decreto reglamentario y la coordinación entre Presidencia, los ministerios y las intendencias. Delgado se reunió el jueves con los intendentes Andrés Lima, frenteamplista de Salto; Carmelo Vidalín, nacionalista de Durazno; y Richard Sander, colorado de Rivera. Cada uno, en su feudo, está trabajando en los controles sobre las aglomeraciones.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: AFP
Foto: AFP

“En la noche de ayer clausuramos dos locales por aglomeraciones y no uso de tapabocas, y un local festivo donde había una reunión que dispersamos”, dijo Vidalín a El País, y anunció que coordinará la multa con el gobierno nacional. “Todos los días salen inspectores municipales acompañados por un policía a recorrer los comercios de Durazno y a implementar que a las 00 horas todos estén cerrados”, agregó el jerarca, que está presidiendo en estos momentos el Cecoed de su departamento.

Vidalín promueve el uso de los espacios verdes, como el camping, aunque no para acampar, sino para hacer asados, por ejemplo. El presidente Lacalle informó el miércoles en conferencia de prensa que “las reuniones privadas no podrán superar las 10 personas, haciendo prevalecer el concepto de burbuja”.

Por otra parte, un médico y edil blanco organizó una reunión en su casa para ver el partido de Nacional contra River Plate de Argentina por la Copa Libertadores y convocó a sus amigos por WhatsApp. El audio se viralizó y Vidalín citó al médico a la intendencia para escuchar sus explicaciones. “No es un buen ejemplo ya que se trata de un médico, y los médicos deben ser quienes demuestren con su conducta el camino que tenemos que recorrer todos”, agregó Vidalín, quien agregó que hubo “otros profesionales que adquirieron el COVID-19 en una fiesta”.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo a El País que “está priorizando las fortalezas que ya existen, como la red de municipios y los Comités Locales de Emergencia, que funcionaron para inundaciones e incendios, y que están trabajando junto a la intendencia para el apoyo a las ollas populares”. El jerarca dijo que les dará “herramientas e información a las organizaciones y a los vecinos para que junto con la Facultad de Medicina, los prestadores de salud y el cuerpo fiscalizador se salga a convencer y evitar que la gente se amontone”.

Orsi dijo además que “sin perjuicio de que el FA propuso otro camino, el gobierno hizo aprobar en el Parlamento una ley que regula el derecho de reunión con la única finalidad de prevenir los contagios”. El intendente opinó que “ahí dependerá de la actuación de la Policía en los territorios” e informó que ayer se puso en contacto con el jefe de Policía de Canelones, Víctor Tressa, para intercambiar sobre “la estrategia a seguir”.

“La ley nos faculta como intendencia para disolver aglomeraciones, pero no tenemos una policía, sino un cuerpo inspectivo que no utiliza la fuerza. Nuestras competencias son ordenar el tránsito, fiscalizar al comercio e instar a la gente a mantener la distancia en los espacios públicos, pero siempre desde la perspectiva preventiva y no desde la óptica represiva. De todas formas seguimos coordinando como desde hace meses con la Jefatura de Policía los operativos, más teniendo en cuenta el comienzo de la temporada de playas”, concluyó Orsi.

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