Para mover una heladera se necesitan dos personas. Para mover 400, 500 o 1.000 kilos de cocaína, ¿cuántas personas se necesitan? Algunos de esos operativos antidrogas han terminado tan solo con dos o tres condenados, generalmente el que maneja el camión, el encargado del depósito y algún custodio. Algo no cierra. Se necesita mucho más para que una maniobra tan ilegal y de ese porte tenga éxito.

Pero, además de lo estrictamente operativo, hay un círculo pequeño, más sensible e importante, integrado por los que financian la operación. Y ahí la situación es más compleja, porque parecen inalcanzables. Generalmente se incauta lo que está a la vista, muchas veces por valores millonarios. Pero ni siquiera en aquellos operativos antidrogas en los que han caído decenas de personas se ha logrado seguir la ruta del dinero.

Desde la década de los 80 expertos coinciden en que el narco tiene un solo punto débil y es su estructura económica-financiera. Si allí se golpea se desmantela la organización. Entonces, ¿por qué frente a cada incautación de droga, fundamentalmente en aquellas que involucran toneladas, casi no hay condenados por lavado?

En lo que va de 2023 hubo 852 condenados por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, según datos de la Fiscalía General de la Nación. Y por lavado y corrupción tan solo 72. La relación se mantiene en años anteriores.

No obstante, Uruguay salva con muy buena nota cuando se examina su legislación para prevenir el lavado y se lo ve como un país seguro, confiable, comprometido y a la vanguardia en materia normativa. Parece un contrasentido, pero no lo es. Jorge Chediak, secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), explica lo que ocurre.

“Cuando desde el exterior algún medio periodístico señala a Uruguay como un paraíso fiscal se equivoca, es una mirada que atrasa 25 años. Uruguay tiene toda la legislación de prevención y lavado de activos necesaria, y ha tomado todas las medidas para prevenir el ingreso de capital producto de lavado de activos. Uruguay es de los mejores en la región. Pero es cierto que la estructura legislativa existe para combatir el lavado, pero la eficacia es otro tema. Desde hace años había muchas advertencias para la región sobre el crecimiento del narcotráfico en el sur. La realidad demostró que eso se cumplió. A través de la Hidrovía somos un puerto de salida de mercadería hacia Europa, y ahora lamentablemente también parece ser que lo somos de cargamentos de drogas. Los evaluadores que han estado en Ecuador y Paraguay hicieron mucho hincapié en la necesidad de contar con persecuciones penales exitosas del delito concreto de lavado de activos. En Uruguay se han multiplicado las incautaciones de bienes y dinero, pero seguimos con un número muy acotado de condenas penales exitosas por el delito concreto de lavado”, indicó.

Foto: Estefanía Leal

Uruguay ha ido modificando sus normativas para cumplir con las 40 recomendaciones de GAFI para alcanzar altos estándares internacionales para combatir el lavado de activos. Desde ese punto de vista, el país es de los mejores alumnos de la clase. Pero Gustavo Misa, supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, coincide en cuanto a la necesidad de mejorar la eficacia de los procedimientos penales.

“Uruguay ha ido avanzando a los tumbos. Los juzgados de Crimen Organizado fueron aprendiendo a investigar el lavado con equipos multidisciplinarios. Pero cuando eso empezó a funcionar bien cambió el paradigma del proceso penal y la investigación pasó a manos de los fiscales. Avanzaron los procesos abreviados y no tanto las investigaciones. Han aumentado exponencialmente los casos de narcotráfico pero casi no hay investigaciones paralelas de lavado de activos”, indicó.

A comienzos de este año se creó una Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. En sus competencias se sumó la investigación y juzgamiento de los delitos precedentes cuando el monto de los mismos supere 1.200.000 unidades indexadas, cambio que desvirtuó su objetivo inicial.

Por el momento hay reuniones de preparación para determinar qué rol de apoyo a dicha fiscalía jugarán organismos como la Senaclaft que cuentan con el personal especializado. Por el momento, los casos de narcotráfico los manejan las fiscalías especializadas en estupefacientes y casi no han sido derivadas causas hacia lavado de activos.

Este año Uruguay preside el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y en 2030 volverá a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para ese informe, que se realiza cada diez años, se realizó ahora la Evaluación Nacional de Riesgo, de la que se develaron vulnerabilidades, fortalezas y recomendaciones. Y se planteó como una fortaleza la política de Estado que se ha seguido en la materia en los últimos veinte años.

“Estamos preparando un listado de medidas que nos quedan por tomar y que recaerán en el próximo gobierno. Fundamentalmente las vinculadas a la mejora en la implementación de la legislación, los recursos y la eficacia de los sistemas de prevención y represión”, señaló Chediak.

Otra de las debilidades del país tiene que ver con la estructura de las organizaciones que tienen bajo su competencia prevenir el lavado de activos. La propia Senaclaft es un ejemplo. Desde 2015 está planteada una estructura que hasta el momento no se ha logrado instalar. Cuenta con dos administrativos de Presidencia y 25 abogados, escribanos y contadores especializados, que revisten en otros organismos y están bajo la modalidad de pase en comisión. Si cambia el gobierno o el responsable de la secretaría se va, se pierde la capacitación invertida en ellos, en la mayoría de los casos adquirida en el exterior y a un costo importante.

“Con el avance del crimen organizado el Uruguay necesita de estructuras más estables en los organismos de control porque la situación actual no es igual a la de hace diez años”, explica Misa.

Este año se presupuestaron 15 cargos que no se cubrirán porque los tiempos no permiten hacer los llamados a concurso y el plazo legal para llenarlos vence en febrero del año próximo.

La Senaclaft terminará el año con doscientas inspecciones realizadas sobre sujetos obligados que son susceptibles de ser utilizados en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Recientemente, en este grupo fueron incorporadas las sociedades anónimas deportivas, que ahora tendrán el mismo tratamiento que los clubes de fútbol. Es que todo lo que rodea el fútbol es sensible y complejo cuando se habla de lavado de activos.

Algunas inspecciones se realizaron en clubes deportivos que, incluso, desconocían que son supervisados por la Senaclaft y que deben cumplir con determinadas normas antilavado.

“Es un sector complicado que requiere de mayores controles. No es un sector que uno pueda fiscalizar con el pedido de la debida diligencia, se necesita más estructura porque los movimientos financieros, triangulaciones y transferencias, son muy complejos”, explicó a El País el supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa.

La Senaclaft ha tenido contactos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que se faciliten esos controles.

De las inspecciones han surgido también sanciones económicas en expedientes que aún no han terminado el trámite administrativo correspondiente.

Las iglesias son otro sector sensible y por primera vez la Senaclaft ha iniciado inspecciones allí, también con la apertura, en algunos casos, de expedientes que pueden terminar en sanciones económicas.

“Las organizaciones sin fines de lucro son un área sensible, pero también hemos limitado los controles allí porque a nivel internacional las normas antilavado se usaron como excusa para perseguirlas. Por eso hemos acotado ese universo. Pero hemos iniciado los controles y es difícil porque no tienen la configuración de una empresa. Cuentan con directorios honorarios, no tienen estructura contable y es más difícil fiscalizar”, explica Misa.