EL FOCO EN LA GESTIÓN DE ARISMENDI

Afirman que denuncias son “valoraciones políticas” y sin “fundamentos”.

Los representantes del Frente Amplio, Óscar de los Santos y Gerardo Núñez, propondrán a la Cámara de Diputados no abrir una investigación sobre la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como propuso el nacionalista Martín Lema, por considerar que “no hay una sola razón fundamentada” para ello, y porque las denuncias del legislador son “ejercicios especulativos” y están apoyadas en “valoraciones políticas”.

Lema presentó una serie de denuncias sobre el Mides durante la gestión de la ministra Marina Arismendi ante la comisión legislativa formada para determinar si se hace lugar a la investigación formal en un documento de 39 páginas que fue analizado. Esa comisión produjo dos informes, uno en mayoría (de los Santos y Núñez) y otro en minoría (Pablo Abdala) que serán discutidos en abril por el plenario. Pero dada la correlación de fuerzas en la Cámara se puede adelantar que el Frente Amplio impedirá la investigación.

En muchos casos las denuncias tienen que ver con reiteración de gastos luego de observaciones del Tribunal de Cuentas. Al respecto, en el Frente Amplio se señala que el Mides ha tomado en consideración esas observaciones y que ha corregido la situación, pero además afirma que cuando ha reiterado los gastos lo ha hecho amparado en una norma constitucional, según el informe firmado por los diputados Núñez y de los Santos.

Además, en las denuncias se hacen señalamientos a dictámenes de la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Al respecto en el informe se explica que ese organismo “audita programas concretos y puntuales en un período, por lo que sus señalamientos no hablan de la gestión del Mides en general sino de los procedimientos de programas puntuales en momentos puntuales, para los cuales realiza recomendaciones”.

“Lo importante es analizar si luego de dichos informes el Mides actuó para levantar observaciones y seguir recomendaciones”, sostiene.

Y añade que “sobre la fiscalización de las instituciones privadas con las que se ejecutan programas sociales bajo la modalidad de convenios para verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, el Mides cuenta con protocolos en cada uno de los programas para hacer se-guimiento y evaluación de la gestión”.

Respecto a las denuncias sobre irregularidades en el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que desde 2016 depende del Mides, en el informe de los legisladores del FA se señala que “atendiendo las observaciones planteadas por la AIN respecto a la auditoría realizada en el año 2014 hasta octubre 2015 y publicadas en 2016, se entendió conveniente encarar las soluciones de cada una de ellas, a partir de un trabajo profesional, es decir metodológico, independiente y objetivo”.

El informe en minoría, que recomienda formar una comisión que investigue la gestión de Arismendi en el Mides, lleva la firma del diputado Abdala, y señala que el documento de Lema con denuncias es “muy abundante, sustancioso y consistente”.

Desde 2010, indica Abdala, la gestión del Mides “parece haber sido ganada por el desorden, las ilegalidades y el caos desde el punto de vista administrativo”. La actuación “le- jos de basarse en los principios de buena administración y en el cumplimiento de las reglas de la contratación administra-tiva, se sustentó en la viola- ción de las normas jurídicas y en el abuso de la autoridad conferida a los funcionarios intervinientes”.

Abdala escribió en su informe que “las irregularidades e ilicitudes denunciadas son múltiples y de distinto tenor. El diputado denunciante presentó decenas de situaciones de ese tipo que, sin embargo, y a pesar de su gravedad y entidad, podrían no agotar la lista. Al cabo de un primer análisis de los hechos, es no solo presumible, sino que parece prácticamente confirmado que estemos frente a un modus operandi según el cual los fines justifican los medios, la discrecionalidad excesiva es la regla, los controles no existen, y las observaciones de los órganos de fiscalización carecen de toda significación”.

Pero el informe en mayoría de los frenteamplistas aclara este punto diciendo que “el Mides, como el resto de los organismos, tiene observaciones del Tribunal de Cuentas pero no es cierto que desoiga los dictámenes reiterando gastos”.

“En casos de necesidad y por razones fundadas el Mides reitera el gasto en un proceso ajustado a derecho ya que en el artículo 211 literal B de la Constitución prevé el mecanismo de reiteración del gasto”, señala, para añadir que “existen numerosos ejemplos en que se modificaron criterios y en más de un caso en conjunto con el Tribunal de Cuentas, de forma de levantar observaciones”.

Respecto a las afirmaciones de Lema en cuanto a que el Mides no cuenta con base de datos propia, el informe en mayoría señala que el ministerio “cuenta con una base de datos propia con un sistema en el que interactúan todos los programas del Mides que además está vinculada a las bases de datos del Banco de Previsión Social y de la Dirección Nacional de Identificación Civil”.

El plenario de la Cámara de Representantes se reunirá en abril para discutir los dos informes y votar por uno de ellos.

Lo más probable es que la bancada del Frente Amplio mantenga sus 50 votos y logre bloquear la investigación.

Martín Lema, diputado nacionalista, pidió la formación de una comisión investigadora sobre el Mides. En un documento reseñando lo que considera irregularidades en el organismo indica que el Mides “pasó de ser un buen instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales” y se convirtió “en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener bajo un manto de secretismo los resultados de sus programas”. También indica que en el Mides “se nos están yendo millones de dólares que no están llegando a los más necesitados”. Que “se siente impune, al punto que parece haber creado su propia legislación”. Y agrega: “El Mides es gestionado como un comité de base, en donde un compañero puede ir a pedir una radio comunitaria partidaria y terminar experimentando con un refugio para personas en situación de calle”. Eso en referencia a este caso: en 2014 el Mides otorgó un refugio para personas en situación de calle a un edil comunista en San José, pese a que no tenía experiencia en el tema. Se trata de la ONG Eusebio Vidal, que pretendía tener una radio comunitaria. El caso se conoció gracias a una investigación de Qué Pasa de El País. En el informe se menciona también el caso de la cooperativa de limpieza “que terminó gestionando un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, o aquellas otras cooperativas de limpieza y mantenimiento que, con dudosa capacitación, terminaron realizando conexiones eléctricas en casas de familia”. Dice Lema en el documento elevado a la Cámara de Representantes que esos ejemplos “son la regla de una gestión sumida en el caos, que no ha tenido reparos en contratar organizaciones amigas para que experimenten con los más vulnerables, ni intención de ejercer controles que permitan conocer el funcionamiento y los resultados de la ejecución de los distintos planes”.

“Nunca nos hemos opuesto a ninguna investigadora o auditoría”, le contestó desde Ginebra, en 2017, el presidente Tabaré Vázquez al senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. El hoy precandidato presidencial había planteado la necesidad de realizar una auditoría externa en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para conocer de qué manera se utilizan allí los recursos. Hoy, a dos años de aquel planteo, en el Partido Nacional siguen esperando por la auditoría. Ahora se quiere una investigadora.