Las preguntas sobre la inversión histórica anunciada por Orsi se acumulan y el PN convocará a ministra de Industria

Como suele ocurrir cuando los gobiernos hacen anuncios de impacto, y sobre todo cuando se trata de promisorias inversiones, en las horas siguientes lo que predominan son las preguntas. Incógnitas que por lo temprano del proceso, o fundamentalmente por restricciones de la reserva de las conversaciones o negociaciones con la multinacional de turno, no pueden despejarse del todo en este momento. Esto es lo que está ocurriendo ahora con la noticia que presentó este martes el presidente Yamandú Orsi, desde el piso 11 de la Torre Ejecutiva y acompañado por sus principales colaboradores y varios ministros, y que supone —según sus palabras— seguramente la "inversión más grande de la historia" reciente: el acuerdo, que se suscribió con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente S. A. supondrá la inyección de unos US$ 5.700 millones en los próximos años.

Los titulares están claros, y en las últimas horas fueron reafirmados por la empresa (ver recuadro): no solo los grandes números se definieron, sino también qué producción de megavatios hará la empresa con sus plantas fotovoltaicas —que abastecerán el centro de datos—, y cuántas fuentes laborales se esperan crear en los años de obra que se iniciarían en 2027: 3.100 durante el proceso y 1.500 puestos en forma permanente.

Los antecedentes, pese a algunas luces amarillas relacionadas a reclamos ambientales que enfrenta hoy la firma en el País Vasco, también están a la vista: Solaria cotiza en bolsa y registra operaciones en Uruguay —aunque de muy menor dimensión a la acordada ahora— desde hace 10 años. Y lo que queda por delante también: el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró ayer en Informativo Sarandí (AM 690) que lo que empieza a partir de esta primera firma es una "ruta de trabajo" que definirá detalles como los lugares exactos donde se asentarán las plantas —estarán en Florida, San José y Canelones.

Pero en la oposición hay muy poca cosa más que se pueda entender como "clara", con lo cual buscan, por varios caminos, obtener toda la información posible que está faltando y que apunta a conocer si Solaria tiene realmente la capacidad financiera para hacer frente a este desafío, qué clientes —si los hay— capitalizarán el proyecto y arrendarán la infraestructura en un futuro, y qué estudios concluyen que la proyección de fuentes laborales permanentes es correcta.

Los primeros reclamos en este sentido surgieron a partir del director por la oposición en UTE, Darío Castiglioni, quien denunció en X no haber recibido detalles de qué fue a buscar una delegación que la compañía estatal envió a Madrid el pasado 11 de setiembre y sobre la que consultó en el directorio pero se le respondió que no había información para dar.

Este jueves, mientras tanto, Castiglioni envió una nota a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, en la que pidió contar con "toda la documentación relativa a las obligaciones asumidas por UTE" en el marco de este acuerdo, "así como los informes técnicos y jurídicos que fundamentan su celebración".

En diálogo con El País, Castiglioni contó que en la tarde de ayer se reunió con Cabrera, con el vicepresidente Roberto Bentancor y el vocal José Luis Pereira, quienes en nombre del oficialismo se comprometieron a trasladar esa información.

"Yo creo que esto se manejó mal, porque me podrían haber dado la información con la aclaración de su reserva, y lo hubiese entendido", dijo el director.

En entrevista con el programa de streaming de El País en la mañana de ayer, Bentancor dijo entender "el reclamo" del opositor, pero que la reserva se mantuvo atendiendo que Solaria tenía "más ofertas" que podían inclinarla a desistir del aterrizaje en Uruguay, con lo que la situación era delicada. "Le vamos a hacer llegar la propuesta que tenemos, para que él se vaya asesorando y estudiando", adelantó.

Hay una decisión tomada en la bancada de senadores del Partido Nacional: convocar al Parlamento a la ministra de Industria, Fernanda Cardona —quien junto con Sánchez ha sido la principal vocera de este acuerdo—, indicó a El País el senador blanco Sebastián Da Silva, uno de los legisladores de la oposición más críticos con este anuncio, y que en las últimas horas opinó en rueda de prensa que esta noticia es, por lo menos, "desopilante", y que había un "mar de dudas" que está inundando a toda la oposición.

"No hay un solo analista privado, de los 10 que consulté, que me diga que Solaria está en condiciones de enfrentar una inversión de US$ 5.700 millones, como aseguró el presidente", añadió este senador, que tampoco confía en la cantidad de fuentes laborales prometidas para el próximo quinquenio: "Están construyendo un galpón para guardar datos y está probado que los parques fotovoltaicos no generan 1.500 puestos de trabajo".