La coalición analiza en conjunto si votar la Rendición de Cuentas mientras surgen críticas por la “mini LUC”

Una delegación del equipo económico del gobierno —que liderará el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone— concurrirá mañana al Parlamento para defender la Rendición de Cuentas. Al día siguiente, la coalición republicana definirá en bloque —al menos es la intención— sobre si votarán el proyecto en general. Mientras, Cabildo Abierto, que tiene dos votos clave, se mantiene en silencio. En cambio, Identidad Soberana ya tomó la postura de no levantar la mano en esa instancia.

Hubo dos instancias clave ayer dentro de la coalición: la Rendición de Cuentas estuvo en el orden del día del directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.

Es más, se anunció que, antes de la reunión clave de la coalición a nivel parlamentario del jueves —después de la que quieren comunicar una postura en conjunto—, el Partido Nacional tendrá un encuentro interno que incluye al directorio y la bancada de los legisladores blancos.

El presidente del directorio, Álvaro Delgado, adelantó ayer su postura en una conferencia de prensa sobre la Rendición de Cuentas: es una “mini LUC” —Ley de Urgente Consideración— u “otro Presupuesto”. A lo que sumó: “Vean la cantidad de artículos que tiene, la cantidad de temas que toca, los recortes que hace, los tributos y cargos de confianza que crea”.

El Frente Amplio está, una vez más, en el escenario complicado de conseguir dos votos en la Cámara de Representantes para alcanzar la mayoría de los votos —cosa que sí logró para la Ley de Presupuesto—. Primero lo deberá lograr en la votación en general del proyecto en el plenario. De superar esa etapa, volverá a enfrentarse al desafío de conseguir 52 votos para las distintas disposiciones que incluyó en la Rendición de Cuentas.

Los partidos de la oposición están analizando el articulado del proyecto de ley que el gobierno presentó hace una semana.

Ya hubo una primera reunión de legisladores de la coalición la semana pasada en la que, según contó el senador blanco Javier García, se consensuó estudiar lo que envió el Poder Ejecutivo con el “ánimo de tener una expresión conjunta” de las tres fuerzas políticas que integran el bloque sobre la votación en general: Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.

La coalición primero escuchará a Oddone cuando concurra el miércoles a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Al día siguiente se reunirá la mesa de coordinación política a nivel parlamentario y, posteriormente, hará una conferencia de prensa donde comunicará su postura.

Este intento de coordinación llega después de que en el Presupuesto, que se votó el año pasado, hubo diputados y senadores que apoyaron el proyecto en general.

No obstante, García aseguró a El País que han “mejorado mucho el funcionamiento” en la coalición a un año de que se instalara la coordinación a nivel parlamentario.

De los otros dos partidos de la oposición, Cabildo Abierto, hasta ahora, se ha mantenido en silencio. En tanto, de Identidad Soberana, el diputado Gustavo Salle adelantó que no van a votar el proyecto en general y que, con el articulado, verán “caso por caso qué le conviene a Uruguay”.

Una de las propuestas principales de la Rendición de Cuentas es la unificación del sistema de las transferencias monetarias —y el aumento de los montos— para los hogares más vulnerables para, argumenta el gobierno, reducir la pobreza infantil. Para lo que se prevé la suba presupuestal de US$ 31 millones.

Salle ya adelantó que no dará sus votos para la unificación del sistema de transferencias monetarias. El diputado aseguró a El País que los cambios son una “imposición” de Unicef y que, por lo tanto, “responde a las políticas asistencialistas que impulsa esta institución internacional”, a la que le realiza varias críticas. “Quiero advertir una luz naranja con respecto a los autores intelectuales de una medida asistencialista”, añadió el legislador.

“Por supuesto que quiero eliminar la pobreza infantil”, indicó, y añadió después de puntualizar otras erogaciones que ha hecho el Estado, como el Ferrocarril Central y la estancia María Dolores: “Pero no con un sistema asistencialista sino con un sistema de trabajo genuino, que eso es lo que hay que darle a las familias”.

La Mesa Política del Frente Amplio recibió este lunes a Oddone, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, para presentar la Rendición de Cuentas.

Martín Vallcorba, subsecretario de Economía, dio una rueda de prensa luego del encuentro en la que aseguró que hicieron una presentación del balance de los resultados económicos en lo que va del gobierno, “resaltando lo que han sido las mejoras en materia del mercado de trabajo, con la creación de empleos que se registró el año pasado y en los primeros meses de este año, la mejora en el salario real y, por lo tanto, como resultado de esas dos cosas, la mejora a nivel de los ingresos”.

Según el jerarca, las principales consultas de la mesa política—encabezada por el presidente del FA, Fernando Pereirab fueron con respecto a “cuál había sido el criterio que se había seguido para establecer las reasignaciones de gastos”.

“Recordemos que buena parte del financiamiento de las partidas adicionales de gastos que están incluidas en esta Rendición de Cuentas se financian a partir del trabajo que desde el Ministerio de Economía y el OPP se realizó con cada uno de los ministerios y organismos que ejecutan el gasto. Para identificar áreas en las cuales había posibilidades de hacer más eficiente el gasto o de postergar algunos gastos para poder generar los recursos necesarios para atender esas prioridades”, explicó Vallcorba.

La Rendición propone incrementar el presupuesto en cuatro áreas específicas: seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle. Es en esta línea que se plantea una reasignación del gasto por US$ 46 millones mediante la reducción de recursos destinados al Instituto Nacional de Colonización —equivalente al 50% de su presupuesto—, junto con un ahorro en gastos de funcionamiento, la no cobertura de vacantes durante tres años y recortes en otros rubros, como misiones oficiales y gastos de protocolo.