La Asamblea General convocada para este lunes por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, sesionará para dar votación a la comisión especial que se dedicará, por un plazo de seis meses, a investigar la frustrada compra de dos patrulleras oceánicas por poco más de 82 millones de euros al astillero Cardama —firma con la que el actual gobierno rescindió contrato— y todo el proceso anterior de búsqueda de alternativas para la Armada, comenzando en el año 2010.
Ese fue el acuerdo al que el Frente Amplio y la coalición opositoras llegaron el viernes pasado, luego de una semana entera en el que el Parlamento dedicó casi todas sus energías a un duelo particular entre ambas bancadas —oficialismo y oposición—, abocadas a, cada una por su lado, crear una comisión investigadora en el Senado y otra en Diputados.
Como informó El País este fin de semana, el acuerdo se llegó luego de que blancos y colorados propusieran a la coalición de izquierda una fórmula alternativa: crear esta comisión —que será especial, pero no investigadora en su aspecto formal— en el seno de la Asamblea General, lo que fue aceptado por los senadores del oficialismo.
Estará integrada por 17 legisladores, con mayoría para el Frente Amplio, aunque con la presidencia a cargo de la oposición, y tendrá la participación de los partidos políticos que componen el Parlamento.
“Nos quedamos con casi todos los puntos que queríamos”, dijo un legislador blanco consultado por El País, al hacer un balance de la negociación.
“Fue un triunfo para nosotros; porque si se conformaban las comisiones por separado no se iba a investigar nada en serio”, es la evaluación que hizo un legislador del Frente Amplio, en donde también destacaron que, de esta manera, habrá una comisión centralizada en indagar lo que no tienen dudas fue un “fraude” al Estado cometido en el anterior gobierno, con la legitimidad necesario como para hacerlo.