Por Pamela Díaz
Ya caía la noche cuando llegó la explicación. Dio sus argumentos después de un día de silencio y especulaciones en el ámbito político. Pero primero debió esclarecer la situación en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en Torre Ejecutiva. Irene Moreira, cargando un expediente de más de ochenta hojas, defendió la adjudicación directa que hizo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto.

Todo comenzó a la mañana, cuando se conoció a través de un informe de radio Universal que la ministra realizó una solicitud (a través de su secretaria) a la interna de la cartera para que una mujer y su hija recibieran una vivienda. El meollo de la polémica radica en que esa persona pertenece a su propio partido y que la adjudicación del inmueble en la calle Nueva York se realizó de manera directa y sin sorteo.

“No tengo nada que ocultar. Venir, mirar a los ojos, decir”, enfatizó la ministra al hablar con la prensa por primera vez en el día, instancia donde defendió el procedimiento que se llevó adelante. La jerarca hizo especial hincapié en que hubo una evaluación del equipo técnico del ministerio que definió que esa persona cumplía con las condiciones necesarias para tener la vivienda.

Según el relato de Moreira, su función se limitó a presentar el caso “para que se realice un estudio” en la cartera.

También aprovechó la oportunidad para aclarar que recibe “solicitudes de manera permanente”. Y luego precisó: “Inicio el trámite y después no tengo nada que ver. La evaluación es de los técnicos”.

En ese mismo edificio, los demás apartamentos fueron asignados en un sorteo. Las personas se presentaron y concursaron por los inmuebles.

El ministerio explicó en un comunicado divulgado por la noche que se reserva “alguna unidad de cada conjunto habitacional para atender situaciones de precariedad socioeconómica de familias uruguayas”. Versión que coincide con la que dio Moreira en la rueda de prensa. “Hay un cupo de reserva mío que muchas veces ni siquiera he usado”, aseguró.

La ministra explicó que es para “casos concretos”. Y continuó: “Tenemos casos de la Justicia que nos pide (…), que tenemos que concederle. Siempre hay uno que se reserva y, si no hay nada, se entrega”. Por lo que se le preguntó si, entonces, esta era una reserva que se tenía y se otorgó, a lo que respondió: “¿Cumplía las condiciones? Cumplía”.

También se refirió a su condición de militante de Cabildo Abierto. No mira “cuál es el partido” de la persona, argumentó, como tampoco conoce de qué “partido son los técnicos que van a estudiar” el caso. “Pero porque se cumplen las condiciones, ¿no le tengo que dar?”, preguntó Moreira.

Previo a las declaraciones de la ministra, senadores del Frente Amplio pidieron a la interna de la comisión de Vivienda que la jerarca sea convocada para que “brinde explicaciones sobre el tema”. Pero, más allá de esa solicitud, algunos integrantes de la fuerza opositora criticaron su accionar. El senador Daniel Caggiani escribió en su cuenta de Twitter: “¡No aclares que oscurece! Cada vez son peores las explicaciones de la Ministra. ¡Todo podrido!”.

También se expresó la diputada Micaela Melgar: “Esta es una declaración terrible de incomprensión y al menos de incapacidad. El cupo de reserva, como ella misma dice, tiene objetivos específicos. No es que alguien random cumpla con algo entonces se lo otorgo”.

“Porque una cosa es ser corrupto, otra cosa es tener un funcionamiento clientelar, otra es el abuso de funciones y otra muy distinta es realmente ser tan irresponsable de creer que este argumento es sostenible en una política pública”, continuó.

Desde el ministerio no hubo comunicación oficial hasta después de que la ministra habló con el presidente. Tampoco lo hizo Lacalle Pou ni el secretario de Presidencia después de la reunión. Quien respaldó de manera pública el accionar de la cartera fue el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también esposo de Moreira.

Por la tarde, el senador Manini Ríos dijo a El País que es un “procedimiento usual” el que se realizó en el ministerio. “Cuando el aspirante reúne determinados requisitos, se le puede otorgar la vivienda”, agregó. Además de destacar que se “han entregado muchas viviendas” con el mismo accionar a “militantes de otros partidos” políticos.

También se le consultó si creía que este episodio podría afectar a la coalición, a lo que el líder de Cabildo Abierto respondió: “Si se hacen las cosas como corresponde (como entiende se hizo en este caso), no tiene que afectar en nada”.

El ministerio, por la noche, aclaró en una misiva que el “procedimiento aplicado en la adjudicación del inmueble” se “ajusta al proceso jurídico, de evaluación y normativa vigente” que se establece en el programa ‘Licitaciones para activos’”.

El procedimiento -continuó la cartera- se “desarrolló con normalidad en un plazo aproximado de seis meses (tiempo para el análisis y estudio) arrojando que la ciudadana cumple con los requerimientos solicitados en el marco legal vigente” de acuerdo con el informe que realizaron los técnicos del ministerio.

Además, se dio detalles de la persona a la que se le adjudicó la vivienda: “Se trata de un hogar monoparental en situación de fragilidad social, con jefatura femenina y un menor de edad a cargo. Los ingresos de la familia provienen del trabajo de la jefa de hogar” con un “ingreso promedio de los últimos 19 meses de $ 42.776”.

“El ministerio en ninguna oportunidad se vale de consideraciones políticas a la hora de cumplir con sus funciones y mandatos en cuanto a su cometido”, finalizó.