Era el 23 de junio 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou estaba enfocado en la gestión de una pandemia inédita, y el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hacía cambios en la estrategia policial para intentar revertir la tendencia al alza de los delitos de la administración de su antecesor -Eduardo Bonomi-, cuando recibió un documento titulado “Sobre situación de seguridad y recomendación de acción a tomar”, redactado por el senador Guido Manini Ríos.

Así comenzó un largo camino de desencuentros sobre un tema ya de por sí polémico entre el partido de gobierno y los liderados por Manini Ríos, que han seguido de cerca la gestión de Larrañaga hasta su fallecimiento en mayo de 2021, y la que siguió después al mando de Luis Alberto Heber, siempre con un juicio de desaprobación que continúa hasta hoy -y que se suma en coro a las críticas del Frente Amplio (FA).

Larrañaga respondió casi un mes después una por una las críticas planteadas y encabezó su documento con una misiva -a la que accedió El País (ver aparte)- en la que se enfocó en el cuestionamiento de Manini acerca de que no había nadie “formado en seguridad” que estuviera integrando las “primeras tres líneas de comando”, en referencia al propio ministro, al subsecretario Guillermo Maciel y al por entonces director general de Secretaría, Luis Calabria. Fue una observación que Larrañaga rechazó en el entendido de que no hay norma que contradiga que haya “civiles” dirigiendo esta Secretaria de Estado.

Y así empezó una polémica que tuvo cierta pausa entre 2020 y 2021 porque -pandemia mediante- en ese lapso se logró un temporal cambio en el comportamiento de las denuncias de delitos, algo que se relativizó en 2022 y en 2023, sobre todo con el aumento de los homicidios.

Cabildo volvió a la carga con todo este año, y se posicionó en un lugar en que para integrantes del gobierno de Luis Lacalle Pou está demostrando la intención de “quedarse con el tema seguridad” en momentos en que se avecina la próxima campaña electoral y este partido, de acuerdo a algunas encuestas -como la última de Equipos Consultores- está hundido en el 2%.

A fines de junio, la interpelación que el FA promovió contra Heber por el aumento de los asesinatos fue escenario de una grieta en la coalición que sigue pasando factura: la sesión culminó con una moción con críticas a su gestión con votos de Cabildo y de la coalición de izquierda. Y en julio de este año, los liderados por Manini anunciaron que no firmarían el plan de seguridad elaborado por representantes de todos los partidos, por entender que esa propuesta no integró sus aportes.

En esencia, y contra lo que están convencidos en la cartera que dirige Heber, las críticas de Cabildo Abierto apuntan a que el gobierno no ha cumplido con el Compromiso por el País, el acuerdo programático que el oficialismo firmó en campaña electoral. En palabras de la senadora Irene Moreira -y esposa de Manini-, en su audición de Radio Oriental el 6 de julio pasado: “El gobierno no está cumpliendo con lo que firmamos en el mes de noviembre del 2019”, mismo concepto de la moción aprobada en la interpelación.

Pero el análisis que hacen en la cúpula ministerial pretende echar por tierra ese cuestionamiento, en el que los cabildantes insisten y de hecho reclaman por una gestión que ven “casi como continuidad de la gestión del FA (ver recuadro).

De los 21 puntos referidos a seguridad en el acuerdo programático -que van desde promesas de cambio de la normativa penal, pasando por la profesionalización de la Policía y la intensificación del combate al narcotráfico, hasta mejorar la coordinación con la Justicia-, Heber entiende que solo en dos casos no se siguió al pie de la letra el texto firmado: en el punto que proponía “declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública” y el que establecía “crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado”.

En el primero, señalaron fuentes ministeriales, no se cumplió por entenderse que no hubiera aportado cambios de fondo más allá de la formalidad, y en el segundo fue debido a la decisión política de postergar un cambio institucional y abocarse a combatir una real emergencia carcelaria.

En cuanto al resto de los ítems, Heber cuenta con una planilla que solo tiene ticks, dijeron los informantes a El País. Así, por ejemplo, se entiende haber cumplido con dar un “combate frontal al narcotráfico”, entre otras cosas porque a través de la LUC se aumentaron penas para estos delincuentes en varios artículos -además del cierre de 3.500 bocas de droga, la creación de las Brigadas Departamentales de Droga en Montevideo y Canelones e incautaciones récord de cargamentos-. Lo mismo respecto al reclamo insistente de los cabildantes sobre la recuperación de las comisarías barriales, un esfuerzo insuficiente para Manini Ríos pero cumplido para Heber, por entender que se abrieron “146 dependencias, comisaría, subcomisarías y destacamentos abandonados o cerrados”.

En la lista de la cartera se incluye también haber cumplido con “desarrollar una verdadera policía de cercanía” al contar con un registro de “4.000 reuniones con vecinos”; haber construido nuevas cárceles en el interior y una de máxima seguridad -una edificación aparte en el Penal de Libertad-; haber desplegado el “Plan Dignidad” en el sistema carcelario y todos los cambios legales relativos a incrementos en las sanciones para los delincuentes.