La política de cercanía del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) atraviesa un momento de tensión. Lo que nació en 2019 como una propuesta de la juventud del Partido Nacional para llevar el Estado a los rincones más profundos del Uruguay, hoy se encuentra formalmente dado de baja. El programa INJU Móvil, que operaba mediante una camioneta equipada con talleristas que se dedicaban a recorrer localidades de menos de 10.000 habitantes, ha dejado de funcionar bajo la nueva administración del Frente Amplio, desatando un cruce de visiones sobre qué significa realmente “descentralizar”.
El INJU Móvil comenzó su despliegue en 2022 con un objetivo claro: alcanzar a jóvenes que, por el lugar en que residen, están fuera del radar de las capitales departamentales. Localidades como Casupá (Florida), con un alcance de 400 jóvenes, o Nueva Helvecia (Colonia), donde se llegó a 556, son ejemplos del alcance que ha tenido el programa.
Sin embargo, la respuesta a un pedido de informes por los diputados nacionalistas José Luis Satdjian y Pilar Simon, al que accedió El País, confirma que el programa ya no está activo.
La explicación técnica para esta determinación radica en un problema ciertamente menor: desde febrero de 2025 el instituto dejó de contar con el vehículo y el chofer, este último facilitado mediante un convenio con el Parlamento. Según el INJU, que depende del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantener un programa cuya esencia es la movilidad sin tener los medios para desplazarse resultaba “poco eficiente y poco sostenible en el tiempo”.
Para la diputada Simon, estas son excusas con lo que ocultan es una falta de “voluntad política”. La nacionalista argumenta que el convenio con el Palacio Legislativo estaba vigente hasta agosto de 2025 y que bastaba con una gestión administrativa para renovar el recurso. “Si no te interesa descentralizar, no te vas a poner a buscar convenios o licitaciones”, señaló la legisladora, subrayando que el presupuesto del programa apenas rondaba los 2 millones de pesos anuales.
El cierre del INJU Móvil simboliza una diferencia de lógica en la gestión pública. Para la administración actual, la eficiencia se logra consolidando centros especializados y equipos técnicos estables. Para la oposición, el retiro de la camioneta del INJU es un síntoma de “centralismo” que obliga al joven del interior profundo a trasladarse kilómetros para acceder a una oportunidad.
“El reclamo más grande que teníamos de los chiquilines era: ‘acá no llega nada’”, concluye Simon.
En la respuesta al pedido de informes el INJU cierra la puerta a este programa, pero promete la apertura de nuevos centros en Salto y San José para 2026, apostando a que el ladrillo y el equipo fijo sean más efectivos que un móvil itinerante.
Ni Silencio Ni Tabú
Mientras el dispositivo móvil desaparece, el programa de salud mental Ni Silencio Ni Tabú (NSNT), experimenta una transformación radical. El Mides reportó —en la misma respuesta a Satdjian y Simon, y como ya había adelantado El País la semana pasada— un “viraje significativo” en la estrategia, pasando de realizar talleres puntuales y aislados a un modelo de “procesos sostenidos” a través de centros fijos.
Las actividades de los equipos de la División Descentralización y Territorio del INJU sufrieron un descenso del 95%. En términos numéricos, el programa pasó de realizar 791 actividades en 2024 a tan solo 41 en 2025. Esta retracción operativa golpeó con especial dureza al norte del Río Negro. Departamentos como Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Durazno, pasaron de una presencia activa a registrar cero actividades territoriales en el último año.
Este repliegue no solo afectó la agenda de eventos, sino también el alcance humano de la política: la cantidad de jóvenes participantes disminuyó de 26.724 en 2024 a 15.821 en 2025, lo que representa una reducción del 40% en el universo de beneficiarios que acceden a estas herramientas de bienestar psicoemocional.
La directora nacional del INJU, Eugenia Godoy, se adelanta en la misma respuesta del pedido de informes a las críticas de la oposición, explicando que el fenómeno responde a una “reorientación estratégica” y no a un abandono de la política pública. Según la versión de la jerarca del instituto, el programa ha atravesado una metamorfosis necesaria, evolucionando de una etapa de “sensibilización masiva” —caracterizada por talleres puntuales— hacia una de “atención focalizada” y profesional.
Godoy sostiene que la prioridad de la gestión durante 2025 fue la consolidación de los Centros de Promoción del Bienestar Psicoemocional. Actualmente, existen siete centros fijos ubicados en seis departamentos que ofrecen un abordaje clínico y comunitario, con modalidades de atención tanto individual como grupal.
Pero pese a los argumentos técnicos del Mides, el diputado y exsubsecretario de Salud Pública, Satdjian, entiende que este cambio de estrategia ha generado un vacío peligroso en la prevención primaria, desprotegiendo especialmente a aquellos jóvenes que residen en localidades alejadas y que no tienen acceso cercano a los nuevos centros fijos del INJU.
El legislador fue enfático al denunciar, en declaraciones a El País, lo que considera un quiebre en los compromisos asumidos ante la ciudadanía en materia de salud mental: “El boicot al programa Ni Silencio Ni Tabú es un ejemplo más de la falta de compromiso del gobierno con las personas. Todos hicieron discursos y promesas en campaña sobre la problemática que es la salud mental en nuestro país, pero tristemente confirmamos el boicot durante el año 2025 a un programa modelo en atención a jóvenes”.
Más cambios
En tanto, el programa INJU Avanza, enfocado en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha mostrado una tendencia decreciente en su volumen de actividades, pero esto es algo que pasó durante la anterior administración. Mientras que en 2023 registró 31 actividades, en 2024 la cifra cayó a 13. Las autoridades actuales aseguraron en la respuesta a Sadjian y Simon que la nueva estructura contará con departamentos específicos para trabajo, formación e intervenciones territoriales, buscando un alcance de 520 jóvenes al año de forma focalizada.
Por otro lado, en 2025 el programa de becas Ciudad Universitaria, abocado al alojamiento de jóvenes, otorgó un total de 180 cupos (105 nuevos ingresos y 75 renovaciones). A pesar de la demanda, la distribución sigue dependiendo de los cupos definidos por el Congreso de Intendentes.
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