Redacción El País
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) emitió este jueves un comunicado instando al gobierno a avanzar en la "revisión normativa" para implementar el nuevo formato del pasaporte uruguayo.
La institución destacó haber "trabajado de forma sostenida, junto con organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de recomendaciones sobre ciudadanía legal, nacionalidad y documentación de identificación, en particular en lo referido a los pasaportes".
Reiteró que el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad presentó en abril de este año un informe en el que "se recomendó modificar la información consignada en el campo “nacionalidad” de los pasaportes, como una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay", pero esto generó polémica luego de que al menos dos países advirtieran que existía la posibilidad de que este formato no fuera aceptado.
En concreto, el nuevo formato trajo dos cambios: en primer lugar, se modificó el título "Nacionalidad" que pasaba a denominarse "Nacionalidad/Ciudadanía" con el código "URY" tanto para los ciudadanos naturales como legales. La medida generaba una "coincidencia" entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular.
En segundo lugar, se eliminó el título "lugar de nacimiento" de los pasaportes comunes, "al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional".
Tiempo después, el gobierno reconoció que "se reportaron dificultades para el estampado de visas de larga estadía", en al menos dos países y que estos habían solicitado más tiempo para analizar el nuevo documento. Automáticamente la Dirección Nacional de Identificación Civil habilitó el trámite para que volvieran a la versión anterior quienes así lo quisieran.
Pese a toda la polémica, la institución insistió en que Uruguay "ha asumido compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos".
"Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos. La Inddhh confía en que el Estado uruguayo continuará avanzando en una revisión normativa procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad", concluyó el texto.