Luego de varios días en los que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se posicionó como el principal defensor del nuevo pasaporte que Uruguay comenzó a emitir el 23 de abril, el gobierno resolvió revertir la medida, lo que terminó por dejar al canciller en una posición incómoda.
Lubetkin respaldó públicamente el nuevo documento y explicó los pasos que se habían seguido —iniciados en la administración anterior— para su implementación. Sin embargo, durante ese proceso se introdujo una modificación adicional —la eliminación del campo del lugar de nacimiento— que motivó advertencias por parte de tres embajadas: la de Alemania, Japón y Francia.
Aunque el gobierno sostiene que el nuevo pasaporte cumple con lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional —no exige de forma obligatoria consignar el lugar de nacimiento—, desde la Torre Ejecutiva se transmitió un mensaje claro: era necesaria una solución rápida.
El lunes, tras la respuesta del gobierno japonés a declaraciones del ministro, se instruyó a la Cancillería a no realizar más manifestaciones públicas sobre el tema y a los jerarcas a encontrar una solución en un plazo de 48 horas. La decisión de revertir lo aplicado a partir de abril fue anunciada el martes.
Desde el entorno del presidente, Yamandú Orsi, se consideró que la discusión política en torno al nuevo pasaporte —que se había intensificado a medida que se conocían casos concretos, especialmente de jóvenes con visas de larga estadía por estudio— no era una polémica en la que el oficialismo quería entrar.
De todas formas, al momento de revertir la medida, indicaron desde el Ministerio del Interior, primó la necesidad de evitar cualquier inconveniente a los ciudadanos uruguayos al ingresar a otros países.
En ese contexto, se resolvió dar marcha atrás con la eliminación del lugar de nacimiento, ante la preocupación creciente entre quienes tramitaban el nuevo documento. Muchas personas, supo El País, comenzaron a posponer o reagendar el trámite al crecer la controversia.
Responsabilidad política
A nivel político, tanto en Presidencia como en el Parlamento no hubo molestia en particular con el accionar de Lubetkin, pero sí se consideró que se expuso innecesariamente al defender una medida que no surgió de su cartera ni fue impulsada directamente por él. “Quedó solo”, confió una fuente oficialista a El País.
De hecho, el canciller recibió durante el fin de semana sugerencias de dirigentes del Frente Amplio (FA) de que no brindara más entrevistas sobre el tema. Algunos de los consultados entienden que a Lubetkin le faltó trajín o roce político para manejar una controversia que involucró no solo a la oposición, sino también a embajadores y delegaciones diplomáticas extranjeras, como las de Alemania y Japón.
Adoptada la medida de dar marcha atrás, anunciada en conjunto por los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, desde el oficialismo dan el tema por cerrado. El respaldo al canciller se mantiene, indicaron.
El senador Daniel Caggiani, que preside la comisión de Asuntos Internacionales, defendió que la nueva versión del pasaporte fue elaborada conforme a la normativa internacional, y cuestionó a la oposición por señalar equivocadamente las responsabilidades institucionales.
“Lo que hubo fue una alerta de algunos países que tomaron la decisión de evaluar el pasaporte nuevo, ninguno lo rechazó. De hecho el estado francés aceptó el documento expedido con el nuevo formato. Y casi todos los países del mundo lo han aceptado sin ningún problema. En el caso de Alemania y Japón lo que han pedido es más tiempo para estudiarlo. Así y todo, para no generar un problema a los uruguayos se optó por esta resolución”, resumió.
El coordinador de bancada del FA además deslindó la responsabilidad atribuida a Lubetkin: “El que resuelve esto es el Ministerio del Interior. Buscar responsabilidades políticas en el canciller es un sin sentido. Es como que quiera hacerlo con el Ministerio de Ambiente. No tiene nada que ver con el pasaporte. Y tampoco corresponde pedir la renuncia del ministro del Interior por este tema. Hay que dar vuelta la página, es un tema resuelto”.
Según supo El País, la génesis del cambio partió de una reunión que mantuvieron tres jerarcas con la asociación Somos Todos Uruguay al comienzo del gobierno.
En ese encuentro, del que participaron la directora Nacional de Migración, Myriam Coitinho, el subdirector general del Ministerio del Interior, Rubén Amato, y el director para Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño, hubo un compromiso de brindarles una solución ante su reclamo por restricciones para viajar o negativas de visa por su condición de extranjeros residentes en Uruguay, por tanto ciudadanos legales.
En la tarde de este miércoles, el colectivo expresó su “consternación y sorpresa” por la decisión del gobierno de reinstalar el formato anterior y señalaron que esperan que “los cambios aseguren la libertad de circulación internacional de todas las personas con ciudadanía uruguaya, sin discriminación”.
“Algunas personas con ciudadanía legal uruguaya podrían quedar en riesgo de apátrida”, advirtieron.
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