Para la directora del Frente Amplio (FA) en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, el organismo se convirtió en “un sistema que no protege”.

Y para explicarlo señaló una serie de carencias y situaciones que constató. La mayoría referidas al Sistema de Protección Integral 24 horas, donde se atiende a unos 2.000 niños, niñas y adolescentes, derivados tras la interrupción, pérdida o ausencia de cuidado parental o de referentes adultos. En la mayoría de los casos a partir de una decisión judicial.

Argenzio realizó las advertencias en un informe que en los últimos días circuló entre dirigentes de la oposición y que también fue presentado durante la última comparecencia del directorio en el Parlamento, la semana pasada.

Según afirmó la directora frentista, el modelo se basa en 84 centros de 24 horas y 35 Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF). De ellos, solo en la mitad existen procesos de atención individual. También que uno de cada cuatro centro presentan hacinamiento. Y uno de cada cuatro chicos en el sistema de protección están medicalizados.

Argenzio advirtió además que los casos judicializados se incrementaron 73% y que en 2022 el organismo recibió 43.105 oficios del Poder Judicial. Las denuncias a través de la Línea Azul por posibles casos de vulneración de derechos de menores crecieron 57% y las reiteraciones de denuncias lo hicieron 102% desde 2020.

Agregó que existen situaciones complejas que, aún con orden judicial, permanecen sin atender. Allí citó el último informe de la Unidad de Derivaciones y Urgencias (UDU), que indicó que al 11 de noviembre existían 53 casos sin respuesta de ingreso al sistema. De ese total, agregó, 23 chicos están en “búsqueda de paradero”.

Argenzio explicó que uno de los problemas más grandes es el de las “salidas no acordadas” que es cuando los menores no logran pautar una salida con el equipo que los atiende. Si bien están al amparo del sistema y no están privados de libertad, pero se entiende que determinados lugares no son “productivos” para ellos. Este tipo de salidas deben ser denunciadas ante el Ministerio del Interior, para que ubique al adolescente.

Las “salidas no acordadas” suelen estar vinculadas a la explotación sexual. Según Argenzio, en 2022, más de 1.000 chicos salieron 6.018 veces en total por su cuenta de los centros y se expusieron a esta situación. La directora recordó el caso de un hogar en San José, donde una adolescente estuvo desaparecida ocho meses en una “salida” vinculada a una red de explotación.

En el Hogar Nuevo Tiempo, de ese departamento, el año pasado hubo nueve intentos de autoeliminación. Solo en octubre de este año, fueron seis casos. De enero a octubre allí 28 chicas salieron sin notificarse 216 veces. Argenzio remarcó que muchas fueron captadas por redes de explotación. Y señaló casos en Montevideo, Durazno, Treinta y Tres y Artigas.

Según Argenzio en el Centro Magnolia, ubicado en Lezica y destinado a adolescentes mujeres, de 161 internas hay 52 con salidas no acordadas “sin seguimiento de ninguna especie”. Las cifras corresponden al Sistema de Información de Protección para la Infancia (SIPI), con datos al 6 de diciembre.

Este año y hasta el 30 de noviembre se registraron 346 casos de explotación de menores en todo el país. El 36% estaba bajo el amparo del INAU.