La suba de la Contribución Inmobiliaria en ciertos padrones de Montevideo dio lugar ayer a un llamado a sala a la intendenta Carolina Cosse en la Junta Departamental capitalina. La ingeniera, que enfrenta un juicio político impulsado por la oposición, no asistió pero fue representada por la secretaria general, Olga Otegui, y el director de Recursos Financieros de la comuna, Mauricio Zunino.
En la pasada Rendición de Cuentas, se aprobó en la Junta Departamental un criterio que -según esta administración- busca que “los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos”, por una cuestión de “justicia tributaria”. Por eso se determinó un aumento del tributo para unos 12.000 padrones de alto valor de mercado (3% de total) y, a partir del año que viene, una rebaja para 74% de los contribuyentes.
Este incremento, según la comunicación inicial, no superaría el 28%. Pero hace dos semanas la comuna reconoció a El País que en algunos casos puntuales hubo un aumento de hasta 60%.
Zunino aseguró ayer que este fue un error de comunicación, producto de un “mal esquema de difusión”, ya que en la norma donde se estableció el aumento para ciertos padrones no se estipulaban topes. Según el jerarca, ese porcentaje corresponde a cuánto se incrementa la última de seis alícuotas en función de la anterior, y no a cada franja en particular en relación a lo que se pagó el año pasado.
No obstante, la oposición, encabezada por el edil nacionalista Javier Barrios Bove, impulsor de la convocatoria, catalogó esta equivocación como una “irresponsabilidad”. Y denunció que, contrario a lo que algunos actores habían dicho públicamente, no solo se vieron afectados vecinos de barrios con inmuebles de alto valor. También se perjudicaron -de acuerdo a los ejemplos de los ediles- propietarios de zonas con precios de mercado más bajos y emprendimientos comerciales.
“Logramos que la administración confesara la entidad del aumento y desmitificamos lo que venía diciendo. El relato de la administración Cosse cayó, tenían la intención de ocultar”, apuntó Barrios Bove en diálogo con El País. El edil, que hiló el llamado a sala a partir de 12 preguntas, reprodujo en sala declaraciones de Cosse, que dijo que habría “un aumento de un pequeño porcentaje en aquellas propiedades que valen más de US$ 500.000”. Por lo tanto, a la luz de los hechos, con incrementos puntuales de hasta 46% -según la comuna-, para Barrios Bove se “faltó a la verdad” y se intentó desestimar los reclamos de ciertos vecinos que se manifestaron públicamente en contra de la suba.
Otegui, la secretaria general, cuestionó en sala que Barrios Bove no le hubiera presentado a la Intendencia de Montevideo los casos que denunció a través de la prensa. “Considero que lo correcto es sentarnos y trabajar caso a caso, por respeto a vecinos y vecinas. Tenemos la posibilidad de trabajar conjuntamente y el equipo de gobierno tiene la voluntad siempre de hacerlo”, señaló.
A su turno, Zunino dijo a los periodistas que no hubo “nada nuevo” desde que se aprobó la última Rendición de Cuentas ni modificaciones “por fuera de los parámetros legales”. “Los ediles perfectamente conocen (el contenido de la norma) y que no hay ninguna modificación a lo que ellos discutieron y votaron”, subrayó.
El nuevo esquema sumó una sexta franja para calcular cuánto debe pagar cada contribuyente, de acuerdo al valor de su padrón. El aumento oscilará entre 0% y 10% para inmuebles con un valor estimado de US$ 660.000, mientras que para los que cuesten más de US$ 4.760.000 la suba podrá ser de hasta 50%, según la Intendencia de Montevideo. En el medio hay otras franjas, pero la comuna destacó que más de 450.000 cuentas no tendrán modificaciones en las alícuotas.
Zunino criticó la “estrategia de sacar algunos temas de realidad nacional”, teniendo en cuenta que la variación en el esquema ya se conocía y no había un tope prefijado.
La IMM, en tanto, anunció que analiza la situación del sector hotelero, que tiene un alto valor de inmueble y se vio golpeado por la pandemia.