El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es por lejos el representante del gobierno más cuestionado por el Frente Amplio. En su figura se nuclean prácticamente todas las grandes polémicas que ha tenido que enfrentar la administración de Luis Lacalle Pou: desde el acuerdo con la empresa portuaria Katoen Natie que la oposición denunció en la Fiscalía, hasta la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y la caída por corrupción del entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.

Fue interpelado ya cinco veces en este período por todos esos temas -aunque la primera vez fue motivada por el diputado Eduardo Lust a propósito del acuerdo con UPM-, además de por la fuga de un preso a mediados de 2021 y por la política de seguridad en agosto pasado. Y ahora lo será nuevamente por el escabroso asunto del caso Penadés, y lo que la oposición señala como “actuaciones desarrolladas de manera irregular dentro del ministerio que dirige” Heber. Es decir, por lo que se desprendió de la imputación con prisión del director del ex Comcar, Carlos Taroco, y el sumario que la cartera dispuso a otros dos funcionarios por haber colaborado ilícitamente en la defensa de Penadés al intentar averiguar la identidad de las víctimas que denunciaron al exsenador herrerista.

Sin embargo, en esta oportunidad la iniciativa de dar las explicaciones en el Parlamento -sitio en el que Heber se siente “más cómodo”, como coinciden todos sus correligionarios- surgió del propio ministro del Interior, quien este domingo pidió a Lacalle Pou ser recibido para transmitirle varios de los argumentos que él maneja para defenderse ante los legisladores cuando se concrete la convocatoria -que como ya se verá implica un particular duelo político entre oficialismo y oposición.

El presidente lo recibió sin demora y allí, según contaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, Heber le resumió los hallazgos de la investigación administrativa que concluyó con el sumario a Taroco y los otros dos implicados, y le transmitió su voluntad de ser interpelado o llamado a sala para “aclarar” todo lo que sea necesario. También le dijo que esto mismo se lo haría saber a la vicepresidenta Beatriz Argimón antes de que el Frente Amplio lo reclamara -como lo hizo el domingo por la noche- para de esta manera poner “todo lo que haya que poner arriba de la mesa”.

Lo fundamental para el ministro es dejar establecido que “no hay forma” de que pudiera estar al tanto de la maniobra que se gestó a sus espaldas, pero que en cualquier caso -así lo transmitió al presidente- pretende llegar hasta el fondo en la búsqueda de responsabilidades.

Asimismo, en la conversación entre ambos el ministro comentó que hay “piezas que faltan” en la investigación penal sobre Taroco, y que las conexiones que la Fiscalía planteó entre los funcionarios policiales y el propio Penadés aún no están del todo explicadas.

Por otro lado, la tesis del gobierno, que es la que expondrá Heber en cuanto sea recibido en el Parlamento, es que la corrupción policial fue develada por la propia Policía al encontrar las pistas -tras el peritaje del celular de Penadés- que llevaron luego a la detención del jerarca y la individualización de otros funcionarios presuntamente cómplices.

La postura de Lacalle Pou respecto a Heber sigue siendo la misma que manifestó el miércoles pasado: respaldo al ministro en su cargo. Y la línea que seguirá, señalaron desde Presidencia, es continuar sin “cobrar al grito”.

Sea cual sea el desenlace parlamentario, en filas del oficialismo hay distintos ánimos y apreciaciones sobre el impacto político que supondrá una nueva batalla entre Heber y la bancada del Frente Amplio.

Por un lado, en el Ejecutivo se entiende que el ministro, cuya imagen ya está desgastada por las constantes críticas de la oposición, volverá a exponerse a una arremetida frenteamplista, además de que “mantendrá” en los primeros lugares de la agenda un asunto por demás incómodo para el gobierno.

Por el otro, hay razonamientos como el del senador Sergio Botana, que apuntan a marcar que el desencadenante de esta historia no fue mérito de la oposición sino un evento generado en forma individual por quien era un dirigente de primera línea del oficialismo. “La estrategia del Frente Amplio siempre es intentar dar un nocaut, solo que esta vez el piñazo anterior no lo dieron ellos sino el propio legislador”, dijo en referencia a Penadés.

Lo que por estas horas es una incógnita es el formato que tendrá la o las convocatorias de Heber, porque aunque la interpelación y el llamado en régimen en comisión general no tiene grandes diferencias para la opinión pública -en ambos va un ministro a explicar un asunto polémico y es embretado por preguntas de la oposición-, a los ojos de los legisladores hay un matiz importante, y es la consecuencia política: la interpelación termina con una moción de la oposición crítica con las explicaciones brindadas -y con pedidos de renuncia- mientras que en el otro régimen no hay nada.

Naturalmente, la coalición de izquierda quiere interpelar al ministro -así lo definió ayer de noche su bancada del Senado- mientras que la coalición de gobierno acordó por su parte convocarlo de la otra forma. Para lo primero hace falta un tercio de los votos; para lo segundo, mayoría absoluta. O sea: ambos mecanismos cuentan con el respaldo que necesitan.

Pero además hay otro debate en paralelo -también frecuente puertas adentro del Palacio Legislativo- acerca del tiempo: Heber, ya lo ha dicho, pretende ir cuanto antes porque quiere terminar con la polémica. El Frente Amplio, que buscará cuestionarlo por este tema relacionándolo con los casos Marset y Astesiano -como anunció el senador José Carlos Mahía-, necesita de tiempo para preparar la interpelación y, si presenta hoy su moción en el Senado, el riesgo es desencadenar una rápida convocatoria. Por eso, como indicaron legisladores consultados, una posibilidad no descartada es la aprobación de ambas mociones, lo que supondría dos visitas de Heber al Parlamento por lo mismo.