Gómez respondió a críticas de Interior: "Yo no voy a decir cuántos casos tampoco trabaja bien la Policía"

Por Joaquín Silva
Salvo por algunos períodos aislados -lo que podrían llamarse islas de paz-, desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017 han sido más que frecuentes las críticas cruzadas entre el Ministerio del Interior y un actor que desde entonces entró en el juego como protagonista y director de las investigaciones penales: la Fiscalía.

Primero, habían sido las dificultades de implementación de un sistema desconocido, que en 2018 coincidieron con una pronunciada suba de los delitos. Por aquellos años eran comunes las declaraciones cruzadas entre el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el exministro del Interior, el fallecido Eduardo Bonomi, en las que se echaban culpas unos a otros sobre un tema que por estos días volvió a instalarse: delincuentes que son capturados por la Policía, pero cuya imputación se demora -o no llega a concretarse- y, en el interín, los detenidos son liberados y vuelven a delinquir.

De modo que la polémica no se detuvo en el último gobierno del Frente Amplio. Tal vez amainó por un tiempo cuando cayó la pandemia, pero ya hace meses que ambas instituciones -con Juan Gómez al frente de la Fiscalía de Corte y Luis Alberto Heber como titular de la cartera de seguridad- se sacan chispas por los denominados “emplazamientos sin fecha” de sospechosos que zafan por un tiempo de la Justicia porque las autoridades no logran reunir pruebas para una formalización penal.

En su edición de ayer, El País informó que el Ministerio del Interior tiene registro de 1.780 personas que, entre junio y octubre del año pasado, fueron emplazadas sin fecha luego de ser detenidas por la Policía, dato que la Secretaría de Estado entregó semanas atrás a representantes de todos los partidos políticos -menos el Frente Amplio, porque no asistió al encuentro pautado para ello- y consta además en una carta que fue enviada por esos días al propio fiscal de Corte, que también estuvo en esa reunión.

El tema, como en otras ocasiones, no cayó bien ni en el Ministerio Público ni entre algunos de los fiscales que combaten el delito todos los días.

“Yo no voy a decir cuántos casos a veces tampoco se trabajan adecuadamente por la Policía”, señaló ahora, algo molesto, Juan Gómez, en declaraciones a El País. “Son temas que hay que pensarlos bien, porque, por un lado, está la independencia técnica de los fiscales y, por el otro, es cierto que hay que erradicar esa tendencia que nosotros tampoco consideramos como una buena práctica”, agregó el fiscal de Corte en referencia al planteo ministerial. “Pero yo prefiero trabajar y no entrar en disputas estériles”, reclamó también Gómez, porque entiende que “no sirve de mucho” entrar en una lógica de respuestas del tipo “la Policía no reunió las evidencias necesarias” en algunos de los casos señalados por el ministerio. “Pues en muchas situaciones los fiscales consideran que no cuentan con evidencias como para presentar el caso ante un juez”, explicó el exfiscal de Homicidios, quien sin embargo no descartó que hubiera “errores en la apreciación de algunos fiscales”, que omiten solicitar medidas limitativas mientras continúan indagando a los sospechosos.

“Si hay alguna práctica considerada no adecuada la vamos a corregir. Pero yo entiendo mucho más convenientes los trabajos de coordinación y decir qué es lo que se necesita”, concluyó.

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo por su parte a El País que rechaza que se “barra al grueso” como considera que hizo el Ministerio del Interior, y que “cada caso es muy particular”.

Esto es así, explicó, dado que el abanico de situaciones que pueden determinar el emplazamiento sin más de una personas es bastante amplio. Además de que puede aplicarse “el principio de oportunidad” -ese que lleva a priorizar los esfuerzos en delitos o delincuentes pesados en detrimentos de otros más leves-, “los fiscales son los que saben a ciencia cierta si el caso tiene chance de avanzar en vía judicial (...) y también puede pasar que sea un caso que no justifica que se siga la investigación con la persona detenida y por eso se le da el cese” de detención, señaló el fiscal adscripto.

“También puede pasar -dijo por último- que el fiscal actuante la pifie, como la pifian los policías y nosotros. En vez de salir a hacer esta campaña desafortunada en la prensa, lo que hacemos es ir a las reuniones y plantear nuestras puntualizaciones y escuchar las que nos hacen. (...) No hay que proyectarnos culpas que, si bien son efectistas en la corta, en la larga no resisten corroboración”.