COMISIÓN "INFORMAL" EN PARLAMENTO

El llamado nuevo Código del Proceso Penal (CPP) -que de nuevo ya no tiene tanto- cargó desde el día mismo de su nacimiento -1º de noviembre de 2017- con críticas de todo tipo que su principal defensor e impulsor, el entonces fiscal de Corte Jorge Díaz, defendió a capa y espada hasta su retiro del Ministerio Público, en octubre del año pasado.

Los cuestionamientos que enfrentó este régimen -que a diferencia del anterior puso a los fiscales al frente de las investigaciones penales, con un sistema acusatorio oral y público- se aplacaron luego de los primeros meses de su funcionamiento tras algunos desajustes propios de una maquinaria que recién comenzaba a encenderse.

Aquellas acusaciones eran pesadas: el ex subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, llegó a decir en junio de 2018 que “aumenta la violencia por un código que es más benigno” con la delincuencia, y el expresidente Tabaré Vázquez también sostuvo poco después que el alza de las rapiñas en aquel momento se debía a problemas en su implementación.

Pero la resistencia que siempre tuvo el CPP entre algunos juristas y parte del sistema político ahora no solo volvió a la carga sino que incluso ya cuenta con un plan ordenado y que tiene por objeto una cosa: llevar adelante una reforma profunda de todo el funcionamiento del proceso penal.

Los impulsores de los cambios son tres diputados del oficialismo: Eduardo Lust (Cabildo Abierto), Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Mario Colman (Partido Nacional). Los dos primeros, de hecho, ya habían hecho pública su intención a fines del año pasado de plantear modificaciones al proceso penal vigente -sobre todo reducir la cantidad de acuerdos que hoy transan fiscales con abogados de delincuentes-. Ahora se resolvió que se conformará una comisión “informal” dentro del Parlamento, con un definido cronograma de trabajo: se reunirán todos los viernes a partir de mayo, y sumarán otro encuentro a fines de todos los meses. El objetivo, dijo el diputado Lust a El País, es tener redactado el texto antes de fin de año, para discutirlo en comisión en 2023 y aprobarlo en 2024.

“Tenemos una lista de invitados, entre los que estarán los catedráticos de la Universidad de la República, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados del Uruguay”, dijo como ejemplo el cabildante, que no duda en opinar que esta iniciativa, de aprobarse, será “una de las leyes más importantes del gobierno de Luis Lacalle Pou, junto con la Ley de Urgente Consideración y la reforma de la enseñanza”.

Que hace falta una “gran reforma” en este sentido es algo que también ha expresado más de una vez el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. “Es un tema muy complejo que requiere una revisión, porque ha devenido en una actuación caótica”, resumió el legislador a El País días atrás.

Entre los invitados a hacer aportes también estarán Jorge Díaz y el actual fiscal de Corte, Juan Gómez, quien dicho sea de paso tiene sus propios planteos para presentar, aunque no necesariamente en línea con estos cuestionamientos.

Hay contactos con académicos o actores del sistema judicial que ya están establecidos. Se sabe, por ejemplo, que el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak -redactor de la ley original, pero hoy crítico con su funcionamiento- está entre los juristas interesados en participar.

En efecto, uno de sus proyectos que entrarían en esta iniciativa es la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos, algo en lo que el sistema judicial todavía no es eficaz, tal como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia lo ha dicho en más de una oportunidad.

También se conoce que otro de los preocupados por que se introduzcan mejoras a este proceso penal es el exministro colorado Leonardo Guzmán. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de la República, Gabriel Valentín, es otro de los invitados a realizar aportes, y aunque todavía no tiene detalles sobre la línea de trabajo, sí está de acuerdo en trabajar en pos de varios cambios en la redacción del texto vigente.

Lo que a criterio de los diputados y juristas críticos está mal del CPP son tanto aspectos de forma, como de fondo y de espíritu.

Para empezar -fue dicho-, un elemento que está en el centro para los diputados Lust y Zubía son los acuerdos abreviados, una figura jurídica que permite a los fiscales negociar con los abogados de los imputados una reducción de la pena, a cambio de que el indagado confiese los hechos que se le atribuyen y firme una declaración.

Se trata de la opción a la que el sistema recurre mayoritariamente, pues los casos que se resuelven por esta vía siempre oscilaron en el entorno del 90%. “Tiene que haber delitos que necesariamente sean tratados en un proceso público”, dijo Lust, y agregó que dentro del abanico de ilícitos que pretende que no se incluyan en estos pactos estén aquellos vinculados al narcotráfico.

Pero también se propondrá cambios en la ley orgánica de la Fiscalía, para, entre otras cosas, “eliminar” las instrucciones generales que reciben los fiscales y que hoy rigen la política de persecución criminal del Ministerio Público. “Tal vez eso sea lo conveniente, porque hoy, cuando un fiscal se aparta de ella, puede tener un problema disciplinario”, dijo el diputado cabildante.

El diputado Zubía, en tanto, acotó que el presupuesto del que partirán es que “el sistema está mal” y que no se limitarán a reformar el CPP y la ley que regula la conducta de los fiscales: también estará arriba de la mesa -al menos por su lado- estudiar “la valoración de la prueba” que introdujo la ley de violencia de género, ya que es un tema que también “hace al funcionamiento del sistema penal”. Esto, en el entendido de que hoy “lo que dice la mujer vale más que lo que dice el hombre”, sostuvo Zubía, aunque subrayó que el estudio “recién está en los arranques”.

Para Mario Colman, es preciso que quede claro que el proyecto “no es contra el sistema acusatorio ni contra los fiscales, sino que la idea es mejorar las garantías de las defensas y buscar una mejor Justicia”. En un breve documento que resume algunos de los puntos que a juicio del nacionalista tienen que ser abordados, figura su inquietud de que el CPP habilite a la Policía a “interrogar autónomamente al imputado no solo a los efectos de controlar su identidad”, sino como parte preliminar de la investigación penal.

Luego hay asuntos que son estrictamente técnicos y en gran parte debido a las varias modificaciones que fue sufriendo la ley desde su aprobación, comentó Valentín a El País, que destacó la infinidad de “contradicciones” que acumuló el texto a lo largo de los años, y que se fueron solucionando a través de las interpretaciones que han ido haciendo los operadores judiciales.

Uno de estos problemas es que -por citar un ejemplo- no está definido con claridad el plazo que tienen los fiscales para presentar su acusación luego de iniciada una investigación penal.

La interpretación usual es que ese plazo es de un año, aunque eso no está escrito en ningún lado.

“Hay que poner claramente cuál es el plazo y qué consecuencia tiene no cumplirlo”, analizó Valentín.

Fiscal de Corte quiere más lugar para las víctimas

Juan Gómez presentará su propuesta a los tres diputados de la coalición

Juan Gómez sabe desde hace un tiempo que en el Parlamento está la preocupación por reformar el proceso penal, pues ha hablado con los diputados, entre los que está uno que conoce bien: el exfiscal Gustavo Zubía.

El fiscal de Corte, no obstante, prefirió no adelantar postura acerca de las propuestas que ya tienen en mente los legisladores porque entendió que debe estudiarlas con detenimiento o a dar su posición cuando visite a los representantes. Sin embargo, sí concedió una excepción, y afirmó que está a favor de la iniciativa de Jorge Chediak de crear una fiscalía especializada en lavado de activos. “Es una idea antigua que compartimos ahora”, dijo Gómez en diálogo con El País. Pero lo que realmente le preocupa y ya tiene en carpeta -tal como informó El Observador en diciembre del año pasado- es modificar el nuevo Código del Proceso Penal pero para un objetivo concreto: que las víctimas tenga un rol más protagónico “en todo el proceso”, sostuvo el jerarca.
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Se trata de un tema que también tiene en agenda el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la Defensoría Pública, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente Uruguayo y el Ministerio del Interior, entre otros actores.

¿Qué es lo que se propone? “Que la víctima pueda ingresar al juicio en el momento que ella entienda y que tenga mayor posibilidad de impugnar decisiones que se adopten en el juicio”, explicó Gómez, que descartó que lo que se busque es introducir la figura del “querellante”, como ocurre en otros países.